La sentencia emitida el 6 de julio pasado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocando la sentencia del Tribunal Electoral Estatal de Baja California que a su vez anuló la candidatura de Jorge Hank Rhon a la gubernatura, aplicándole la famosa Ley Antichapulin, es una lección no sólo para Baja California sino para todo el país. En especial, el mensaje es para los legisladores, magistrados, jueces, gobernadores, cabildos, colegios de abogados, postulantes, académicos y medios de comunicación, entre otros.
La falta de una Cultura de los Derechos Humanos hace que se desconozcan, o en el peor de los casos, se menosprecien los tratados internacionales en los actos legislativos, en los litigios y en las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Aquí se demostró que los tratados no sólo están vigentes en México, sino que se deben aplicar de manera irrestricta.
El criterio de los magistrados se basó en el principio universal de “progresividad”, que consiste en aplicar a los afectados la norma que más les beneficie. En el caso que nos ocupa, se privilegió en favor de Jorge Hank, Mercedes Maciel, Jaime Xicoténcatl Palafox, Eligio Valencia Roque y demás quejosos (a excepción de los casos de Jorge Astiazarán y Felipe Ruanova, que son tema aparte) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, que son Ley Suprema de toda la Unión (artículo 133 constitucional).
Someter el derecho local (las constituciones y leyes estatales) a la Carta Magna y al Derecho Internacional como lo establece la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 1999, no es un acto de intromisión ni mucho menos un atentado al Pacto Federal como señala la dirigencia estatal del PAN en Baja California. Al contrario, el Pacto, además de otorgarles plena soberanía, también consiste en que los Estados de la República deben hacer sus propias leyes pero respetando y haciendo valer los derechos humanos amparados en la Constitución federal y en los tratados; se obligan también a acatar las resoluciones de los órganos del Poder Judicial Federal, como es el caso.
Y la lección va más allá: Si como anunció dicha dirigencia estatal se promoverá en el Congreso de la Unión una Ley Antichapulin federal, y si se llegara a reformar la Carta Magna (que dudo logre mayoría después de lo visto), basta con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dado el caso, que los afectados acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos político-electorales.
La Ley Antichapulin se debe abrogar de la Constitución de Baja California por ser violatoria a los derechos humanos, como quedo establecido en la sentencia de los magistrados electorales federales. Basta recordar que, en el rejuego político, esas reformas constitucionales se votaron en julio del 2002 en el Congreso local como muchas otras leyes: anteponiendo los intereses de los diputados.
Los derechos humanos no sólo son cosa de abogados ni se someten a consulta ni a encuestas. Los derechos humanos son principios universales plenamente legitimados, ganados por la humanidad a lo largo de la historia con muchos sacrificios y después de serios agravios a la soberanía de los pueblos y a la dignidad de las personas. Por ello no podemos darnos el lujo de retroceder en la historia.
Más que de candidatos, partidos o alianzas, este es un triunfo de los derechos humanos.
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Foro de Consulta Ciudadana la Ciudad de México: Origen y Destino de Migrantes
7 de noviembre de 2007
ANTECEDENTES
Considerando que el 6 de febrero fue creada la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
Que el 30 de marzo de 2007, el Jefe de Gobierno delegó facultades a esta Secretaria para atender con criterios de coordinación, unidad, funcionalidad y eficacia al sector social conformado por los migrantes originarios del Distrito Federal y sus familias en el Distrito Federal, autorizándola para suscribir los convenios y realizar los actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole que se requiera dentro del ámbito de su competencia.
Que con el objetivo de crear el marco legal para la atención de la población capitalina que radica en el exterior y con ello las políticas públicas, La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito Federal (CAMYF), en coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal convocan al Foro de Consulta Ciudadana "Los Migrantes originarios del Distrito Federal y sus familias".
Lo anterior, con la finalidad de sumar el talento, la creatividad y la iniciativa ciudadana a la definición de los lineamientos generales que serán la guía de las acciones a instrumentar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en especial a los capitalinos que viven en el exterior y sus familias que radican en el Distrito Federal.
BASES
Se establecerán mesas temáticas para el registro de participantes y la recepción de propuestas, mismas que tendrán como extensión mínima de 3 cuartillas y máxima de 5, en letra Arial, tamaño 12, a renglón y medio, deberán estar acompañadas de una carátula que contenga el tema o el eje al que se inscribe, fecha, nombre y datos personales de el o la participante.
Primera. El Foro de Familias de Migrantes originarios del Distrito Federal y sus Familias se realizará 7 de noviembre de 2007 de las 9:00 a las 18:00 hrs. en el Club de Periodistas de México, ubicado en Filomeno Mata No 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Segunda. Podrán participar migrantes y familiares de migrantes en el exterior, que habiten en el Distrito Federal, académicos, funcionarios, estudiantes y población en general interesados en el tema.
Tercera. Las propuestas deberán abordar uno o varios de los siguientes ejes:
1. Características sociodemográficas de la migración del DF hacia el exterior.
2. Las organizaciones sociales de migrantes capitalinos en el exterior.
3. La migración femenina de la Ciudad de México y su participación laboral en el extranjero.
4. La importancia social y económica de las remesas para el desarrollo del Distrito Federal.
5. Promoción y defensa de los derechos humanos de migrantes internos y extranjeros de paso por el Distrito Federal.
6. Situación de las familias de los migrantes internacionales en el Distrito Federal.
7. La migración internacional y desarrollo local, construyendo una política de Estado para el Distrito Federal.
8. Participación política de los capitalinos que radican en el exterior.
Cuarta. Las propuestas deberán ser entregadas antes 30 de octubre de 2007, a las 15:00 hrs. en forma impresa y electrónica, en la siguiente dirección: Jalapa No. 15, 3er piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.
Quinta. Todos los trabajos recibidos en el Centro de Atención a Migrantes y Sus Familias en el Distrito Federal, serán de uso exclusivo y para los fines que convengan a la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
Sexta: Cualquier punto no contemplado en esta Convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Para mayores informes consultar la página www.sederec.df.gob.mx o al correo electrónico: migrantesdf@yahoo.com.mx
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