VERGONZOSA ACTUACIÓN POLICIAL; MAL COMIENZO

Las múltiples fotografías y videos subidos a Youtube acerca de lo que sucedía en las calles de la Cd. de México y de Guadalajara, al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto tomaba la protesta de ley el pasado primero de diciembre, que dieron la vuelta al mundo, no dejan duda de los excesos policiales que colocan a México como el típico país bananero, represivo y subdesarrollado.

                  La ONU adoptó en 1990 dos mecanismos que regulan el uso de la fuerza por autoridades civiles y militares en todos los países del mundo, como estándares internacionales que se deben obedecer: los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” y el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, este último, sobre principios éticos de actuación.

                  Estos tratados se imparten invariablemente en las academias de policía y militares del planeta. Pero como –casi- todo, en México son letra muerta. Una cosa son la teoría y la ley y otra la realidad. La CNDH y las comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos desarrollan estos conceptos en el librito y en los “convenios” sobre capacitación a corporaciones policíacas y militares, y la doctrina de los derechos humanos invariablemente está contenida en las cartas descriptivas de las academias correspondientes. Pero es obvio que esto no es suficiente.

                  Lo que podemos observar es que no hay voluntad política de los gobernantes para respetar las normas. Mientras Peña Nieto juraba “cumplir y hacer cumplir la Constitución (no dijo cual)… y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, afuera se incumplía la Constitución y se reprimía por las policías federal y del DF a quienes demandaban. ¿De veras fue sincero y auténtico el juramento de Peña Nieto y no una mera simulación? Es obvio que –casi- todos los funcionarios públicos que toman la “protesta de ley” lo hacen como un mero formulismo frívolo.

                  En la norma internacional, cuando una persona o un grupo de personas hacen uso de violencias y alteran el orden público y la paz social, las fuerzas del orden están obligadas a intervenir para preservar el patrimonio, la integridad, la vida y los derechos de la población. Así, cuando la autoridad hace uso de la fuerza, incluso de armas de fuego, debe ser para “controlar” a las personas y proteger a terceros SIN EXCEDERSE EN EL USO DE LA FUERZA, que se aplica estrictamente bajo los principios de NECESIDAD, LEGALIDAD, LEGITIMIDAD, PROPORCIONALIDAD, MODERACIÓN y DIFERENCIACIÓN, privilegiando cuando es posible el uso de medios no violentos.

                  Si bien es cierto que cuando una persona ejerce violencia contra otra poniendo en riesgo su integridad y su vida, ésta se encuentra legitimada para responder en defensa propia, lo que es legalmente permitido incluso tratándose de agentes del orden. Pero si se exceden en la respuesta les puede acarrear serios problemas legales. Tratándose de autoridades, el uso de la fuerza debe ser regulado y nunca deben extralimitarse en su actuación. Tampoco se justifica el exceso aún que los infractores de la ley sean delincuentes peligrosos o en extremo violentos.

En la capacitación que se da a policías y militares se les establece enfáticamente que, aún que éstos sean seres humanos con emociones propias, son servidores públicos que deben controlar sus impulsos en apego al mandato de ley. No puede ni deben actuar con sentimientos de venganza a la agresión de que hayan sido objeto ellos o terceras personas, porque estarían incurriendo en violaciones a los derechos humanos, pudiendo ser sujetos de responsabilidad.  

Ese es el perfil que deben tener los guardianes del orden, basado en el humanismo. De ahí el choque con la visión militar sobre la Seguridad Pública. Es obvio que en México no hay una efectiva supervisión de autoridades policíacas y militares en el cumplimiento de los ordenamientos legales, de ahí los excesos graves como los ocurridos en Atenco y el 1º. de diciembre pasado, por ejemplo. Quizá estos principios sean difíciles de entender para el ciudadano común, pero son reglas universales de cumplimiento obligatorio.

                  Observamos el día de la toma de protesta presidencial a presuntos provocadores encargados de alterar el orden para desprestigiar la auténtica oposición a Peña Nieto, como el #YoSoy132. Por otro lado, vimos la violación por las policías, de los derechos humanos de quienes ejercían sus derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de tránsito, en la modalidad de ABUSO DE AUTORIDAD, DETENCIÓN ARBITRARIA y USO EXCESIVO DE LA FUERZA, en otras. Las policías federal y del DF opusieron contra ellos una violencia generalizada, desproporcionada y excesiva. Mediante el uso racional de la fuerza, los agentes del Estado deben controlar, no reprimir, aún a los violentos, compromiso de México ante la comunidad internacional.

Es triste y lamentable que la justicia se aplique a personas inocentes, dejando en cambio impunes a las autoridades que ordenan y ejecutan violaciones a los derechos fundamentales, o que son omisos ante ellas. En México, LA JUSTICIA NO ES PAREJA, y esto es una constante no sólo en actos masivos que terminan violentamente, sino también cuando se allanan y catean ilegalmente domicilios por policías y militares, se detiene arbitrariamente a personas sin orden judicial o sin que se encuentren en flagrancia de delito; se siembran evidencias, se exhiben ilegalmente ante los medios, se tortura, se desaparece a personas y se ejecuta extrajudicialmente con la complicidad de la fiscalía y del Poder Judicial, que obedecen a la consigna de incrementar las ESTADÍSTICAS de detenidos y sentenciados para fines mediáticos, de promoción personal de funcionarios y/o de incremento en los presupuestos de seguridad y justicia.

                  Ahora, 69 personas en la Cd. de México están bajo proceso por la probable comisión de delitos graves. Pero todos vimos en los videos los abusos policiacos, algunos incluso más graves que los hechos imputados a los detenidos, sin que los policías violadores y sus jefes se tengan que preocupar de nada. Si acaso, una Recomendación de la CNDH y de la CDHDF y ya.

                  En días pasados un diario capitalino publicó un escrito de Edgar Valdéz, La Barbie, inculpando a Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública y a sus subalternos, incluso al mismísimo Felipe Calderón, de vínculos con la delincuencia organizada. En cambio, por mucho menos que eso, ¿cuántos allanamientos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y torturas cometen policías y militares en contra de gente inocente, argumentando supuestas “denuncias anónimas”, “actitud sospechosa” o “por no traer identificación”? Figuras que por cierto no justifican legalmente una detención, debiendo quedar el detenido inmediatamente en libertad.

A pesar del “plural” “Pacto por México”, para supuestamente acabar con la violencia, mal terminan Felipe Calderón (PAN) y Marcelo Ebrard (PRD). Mal comienzan Enrique Peña Nieto (PRI) y Miguel Ángel Mancera (PRD). La impunidad en el país de “no pasa nada”.

EL SOSPECHOSISMO EN LOS RESULTADOS ELECTORALES

En México, tal parece que la historia se ignora o se olvida. Los “héroes” aparecen mágicamente en la historia oficial, a pesar de que en ciertas épocas se enfrentaban unos contra otros. En cambio, estamos al tanto de lo que sucede en las telenovelas, en las olimpiadas de Londres, en el inicio del campeonato local de futbol o en la farándula de TVyNovelas y TVNotas. La Familia Peluche hasta en la sopa. 
Trescientos años de dominación española, 34 años de dictadura porfirista, 70 años de gobiernos priístas y más de un siglo de imposición de políticas económicas por los Estados Unidos (y ahora también de Seguridad), bien valen por sí mismos la desconfianza del pueblo mexicano. A ello habría que agregar los “usos y costumbres” de la decadente partidocracia mexicana (el reparto de las cuotas de poder, la demagogia, la simulación en los procesos institucionales, el fraude electoral, los cacicazgos, el “presidencialismo”, etc.). 
La injusticia social, la dictadura y el fraude electoral valieron una Revolución a principios del S. XX. No es poca cosa y no se nos deben olvidar los más de un millón de muertos. A ello habrá que agregar las represiones del 68, del 71 y otras, como la de Atenco.
Por ello, buena parte del pueblo mexicano mantiene viva la memoria histórica y tiene razones de sobra para demandar la limpieza electoral. La desconfianza ha hecho presa de la sociedad mexicana. Fuera de demagogias o posturas ideológicas, el pueblo tiene todo el derecho de conocer la verdad respecto a si hubo fraude o no. Y la autoridad tiene toda la obligación de investigar y de resolver en justicia y a satisfacción plena.
Para nadie es un secreto que el sistema judicial mexicano ha sido un lastre y ha dejado mucho que desear. La procuración y la impartición de la justicia han sido históricamente deficientes, omisas y simuladoras, campeando la injusticia y la impunidad. ¿Podemos confiar entonces en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que actuará con justicia e imparcialidad en la calificación de las elecciones y le pueda corregir las omisiones del IFE, si prácticamente son los mismos magistrados de hace 6 años? 
Mucho se juega en esta decisión. Por ejemplo, las famosas “Reformas Estructurales” (laboral, energética, hacendaria, y hasta la de Seguridad Nacional), que se nos presentan como una “prioridad”. El discurso mediático oficial, de los partidos de centro-derecha y de la plutocracia, nos obliga a aceptar como una verdad absoluta la necesidad de aplicarlas; nos venden la idea como algo vital para la sobrevivencia del país, cuando lo que intentan es proteger el modelo económico de mercado por sobre los derechos de las y los trabajadores, de la persona humana.
El candidato elegido para preservar el modelo de dominación debe llegar a como de lugar, aún a través de la trampa electoral, de la imposición judicial y del cierre de filas de los personeros del sistema, medios afines incluidos. Para la élite no es un asunto de democracia, sino de negocios, de la cartera de inversiones privadas que incluye el patrimonio de la nación, cartera ya comprometida que de ninguna manera se puede poner en riesgo. Por ello la urgencia de legitimar ya esto, para dar “certeza” al mercado.
En rigor, los discursos sobre el triunfo del candidato que obtuvo más votos deben esperar a que termine el proceso para no generar de nuevo la percepción de un destino fatal, como se hizo con las encuestas. El Tepjf (cuyo titular dedica a la izquierda la ya clásica declaración de que “no ganarán en la mesa lo que no ganaron en las urnas”, invalidando de facto el sistema jurisdiccional de impugnaciones), habla de aplicar la ley de manera irrestricta, de hacer respetar el tan llevado y traído “Estado de Derecho”, cuando lo que la nación demanda es un ”Estado Social y Democrático de Derecho”, que no es lo mismo. 
México ha avanzado en democracia electoral gracias a la “intransigencia” de los candidatos y movimientos “perdedores”. Gracias a las protestas sociales después de las elecciones de 1988 se creó en 1991 el IFE ciudadano y autónomo. Gracias a las movilizaciones pacíficas del 2006, legítimas y legales en los términos del Artículo 9º. Constitucional, se reformó en el 2007 el Cofipe que hoy tenemos. Pero los avances democráticos no alcanzan a la capacidad corruptora del propio sistema de partidos. Tal parece que cuando las reformas van, los más avezados vienen de regreso. 
La falla principal de nuestro sistema político-electoral no está en la capacitación y en la organización electoral, en el conteo y cómputo de los votos y en la participación ciudadana (que en el proceso de este año fue loable), sino en que la verdad jurídica de los hechos se diluye en el tiempo, y cuando aparece o finalmente es reconocida, no tiene ya ningún efecto legal contundente. Cuando mucho, una multa a los partidos. Así está hecha la ley electoral en el Congreso por los propios partidos, para blindar una posible anulación de los comicios. La incapacidad e inoperancia de la Fepade no es casual.
La tirantez en el país no se debe a la intransigencia, a la necedad e intolerancia de un mesías, como nos quieren hacer creer para descalificar las legítimas protestas sociales de los jóvenes. Se debe a la necesidad histórica de un respetable grupo de mexicanas/os que demanda un cambio, hartos de injusticias y de miseria, de violencia criminal e institucional, de subempleo y desempleo, de la falta de espacios educativos y de vivienda digna; de partidocracia, corrupción e impunidad. Estas demandas no están alejadas de la protesta por democracia y limpieza electoral. ¿Es muy difícil entender esto?
*Consejero Local del IFE en Baja California y
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC