Wednesday, December 10, 2008

PENA DE MUERTE: MANIQUEISMO POLITICO Y POPULISMO PENAL

Al margen de que la gente auténticamente este o no a favor de la pena de muerte, por las razones que sean, no se vale manipular la conciencia social y la opinión pública.

La oposición del PAN y del PRD a la pena de muerte es por cuestiones ideológicas. La posición de PRI por “debatir” el tema en el Congreso de la Unión, y ahora también en el de Baja California, es por oportunismo político; para que la genta se percate que ellos, a diferencia de los otros, sí son sensibles al sentir popular; ergo, que voten por ellos.

Herederos de la revolución social y de las ideas liberales, los priístas evolucionaron hasta convertirse en políticos avezados, camaleonescos, que golpean y soban, que aprietan y aflojan, que reciben y reparten, de mano derecha y mano izquierda. Saben muy bien hacia donde van y lo que quieren. Pero ahora si se pasaron de la raya.

Me queda claro que la intención de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila que empujó la aprobación de la pena de muerte en su estado, y del PRI, es posicionarse ante las elecciones federales del 2009, aprovechando la demanda de una ciudadanía desesperada, temerosa, poco informada y enojada, cuya urgencia es que cese la violencia y el crimen e impere el orden y la paz social. De paso, Moreira intenta sumar puntos para “la grande”, para competir en serio contra Peña Nieto. Y esta es la coyuntura ideal que encontró.

No les importa la violencia, la impunidad y la corrupción. Es más, entre más se agudice la inseguridad, mejor; entre más violencia haya, mejor; entre más apuros pase Calderón, mejor; entre más se divida la izquierda, mejor. Es su oportunidad en la crisis.

Todo es una auténtica manipulación, engañando a la gente sobre reinstaurar en México la pena de muerte. Los priístas saben muy bien que eso no es posible. ¿Por qué?

El artículo 22 de la Carta Magna, en la reforma del año 2006 establece: “Quedan prohibidas las PENAS DE MUERTE, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales…” (los subrayados son nuestros).

Como México es un Estado federado, para reformar este artículo se necesitaría mayoría calificada en las Cámaras de Senadores y de Diputados (dos terceras partes). El PRI y el PVEM, su aliado principal, no lo lograrían por si mismos. En el improbable caso de que así sea, tendrían que pasar las aduanas de, por lo menos, 16 Congresos locales que voten por la reforma constitucional para reinstaurar la pena de muerte. Difícil.

Hay algo más: La fracción 3 del artículo 4º. de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento vinculatorio ratificado por México el 24 de marzo de 1981, luego entonces Ley Suprema de la Nación tal y como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dispone: “NO SE RESTABLECERA LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS QUE LA HAN ABOLIDO” (subrayado nuestro). Como es el caso de México.

Nuevamente, en el supuesto de que fuera reformada nuestra Constitución para aplicar la pena de muerte, México podría entonces ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la cual México reconoce su competencia contenciosa), en virtud de la violación a derechos humanos contenidos en la Convención Americana.

Y por si fuera poco, México es hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este ultimo encargado de evaluar los avances de las naciones en la materia. Además, en el 2007, México ratificó en la ONU el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, que establece el compromiso de los Estados a no ejecutar a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción y de adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Para ello, reconoce también la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El próximo 19 de febrero México se someterá por primera vez al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, del cual forma parte. Con todo esto, ¿en que papel quedaría México en el caso de avanzar en pena de muerte? Imagínese usted.

Así es que, la decisión de implementar o no la pena de muerte en México no es un asunto de consultas ciudadanas (como ingenuamente propone también José Carlos Vizcarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California) ni de debates legislativos, que en el caso que nos ocupa son improcedentes por las razones descritas.

¿Usted cree que el gobernador Humberto Moreira no sabe esto? ¿Cree en la sinceridad de Manlio Fabio y de Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”) cuando proponen debatir este asunto en el Congreso? ¿O en el diputado local por Baja California, Catalino Zavala (ex trotskista-perretista, ex legislador local del PARM, regidor y diputado local nuevamente por el PRD y ahora diputado por tercera ocasión, pero por el PRI!!), quien presentó el 4 de diciembre “Iniciativa de Acuerdo relativa a analizar la conveniencia de incorporar al marco jurídico estatal la figura de pena de muerte a secuestradores”?
El 9 de diciembre se cumplieron tres años de la abolición de la pena de muerte en México, propuesta legislativa iniciada por tres senadores priístas: Fernando Solana, Salvador Rocha Díaz y Heladio Ramírez López. Se eliminó de la Constitución esa pena —inexistente en los hechos desde hace 50 años— con casi todos los votos en el Congreso del PRI y del Partido Verde, conservacionista que ahora desarrolla una campaña nacional por la pena capital, al mismo tiempo que votó en el Congreso de Baja California por elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción.

Desde luego que estamos plenamente de acuerdo en que se capture y se castigue con todo el rigor de la ley a los peores criminales. Pero me queda claro que el objetivo de nuestros ilustres personajes no es la justicia, sino el poder a costa de los sentimientos y la expectativa popular. La irresponsabilidad ética y política de estos priístas (no todos son igual, conste) lo único que va a lograr es exacerbar peligrosos sentimientos punitivos, de linchamiento social y de venganza, caldo de cultivo del fascismo.