Tal parece que la reaparición de Diego Fernández después de su prolongado secuestro, fue un montaje y un manejo mediático más de Televisa y el Grupo Milenio. Interpreto que lo que se buscó con ello, fue justificar y legitimar la fallida y cada vez más impopular “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, reposicionar al desdibujado Partido Acción Nacional ante la población, encontrar a un personaje surgido de entre sus filas que despierte simpatías y credibilidad para relanzar el proyecto 2012, o simplemente distraer de los graves problemas coyunturales que aquejan al país.
Su irrupción estelar a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, en cadena nacional, bajo el auspicio de los López Döriga, Carlos Marín y Cía., representó una parafernalia digna de la mejor telenovela trágica con un final feliz. Como que todo estaba fríamente calculado.
El Jefe Diego es un personaje surgido de entre las entrañas del sistema mismo. Un personaje que ha sabido aprovecharse de la política y del dinero, sabiendo colocar sus piezas y combinar ambas cosas en beneficio propio, de su partido y del sistema que lo catapultó. Prepotente, voraz, impositivo y manipulador todo él, encontró en su propio secuestro el escenario ideal para resurgir de entre las cenizas como el Ave Fénix, como víctima, cuando él ha afectado a la nación y a millones de mexicanos con sus gestiones, cabildeos, litigios, negociaciones y transas.
Pero todo eso se borra y se olvida por su secuestro y estelar reaparición. “Bravo”, “bien”, “señorón”, “Jefe”, le decían a Diego periodistas de la fuente, mientras él posaba altivo en el portón de su casa. De eso se trataba, precisamente, de mostrarlo, enseñorearlo y catapultarlo como buen político, como maestro de la manipulación mediática que es.
Es evidente que se cuidó en exceso su presentación, exhibido con esa frondosa y bien cuidada barba blanca. En las pantallas de TV (que tanto le gustan), no parecía ser un hombre recién liberado después de más de 7 meses de cautiverio.
Ante la propuesta de La Tuta de celebrar con el gobierno un pacto de no agresión, con indignación decía semanas atrás Alejandro Poiré, el vocero de Seguridad Nacional, que el Estado mexicano no negociaba con el crimen!! (faltaba más). Pero entonces nosotros, todos curiosos, nos preguntamos: ¿Los familiares y socios de Diego si pueden?
Usted lo vio, nadie se lo contó: Antes que el Ministerio Público interrogara a Diego por un asunto tan delicado como un secuestro tan prolongado, se dio el lujo de ofrecer tantas conferencias de prensa como le vino en gana, posar a las puertas de su hogar y, tranquilamente, meterse a descansar (a menos que hubiera sido liberado con anticipación para rendir antes que nada y como debe ser, su declaración preparatoria). Y al otro día, de nuevo con los medios hasta que se cansó y los corrió bajo amenaza de requerir a la fuerza pública (¿"señorón"?).
Lo que hace falta es saber si en realidad existen los “Misteriosos Secuestradores”, si el secuestro de Diego fue una proclama de un grupo reivindicador de la justicia social escindido del EPR u otro, lo que vendría a sumarse a los dolores de cabeza de Felipe.
Por lo pronto, el caso Diego cumplió fielmente con el objetivo de distraer de cosas muy graves, como por ejemplo opacar el artero crimen de Marisela Escobedo, mujer que buscaba en vano ante Calderón y el gobernador Duarte justicia por el crimen de su hija Rubí, y que encontró en su causa su propia tumba.
El caso de Rubí –y ahora el asesinato de su madre, que han llamado fuertemente la atención de la comunidad internacional--, demostró los errores y el fracaso, hasta hoy, del Sistema de Justicia Oral impuesto en Chihuahua, al igual que en estados como Baja California, Zacatecas, Morelos y otros.
La explosión en San Miguel Texmelucan, Puebla, peor todavía, ya que, hasta ahora y según cifras oficiales, ha costado la vida a 28 personas y más de 60 heridos (aunque los pobladores afirman que hay más muertes). Esta tragedia evidenció la impunidad y la incapacidad del Estado mexicano para prevenir y combatir las tomas clandestinas de hidrocarburo; desnuda que hay complicidad y corrupción en Pemex para encubrir la ordeña, como bien nos ilustra la periodista Ana Lilia Pérez de la revista Contralínea.
Según la periodista de investigación en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el Estado ya estaba advertido del grave riesgo para la población de San Miguel Texmelucan, por el paso de los ductos de Pemex por una zona densamente poblada, responsabilidad que recae directamente en la Secretaría de Gobernación y en su Dirección de Protección Civil, así como en el gobierno de Puebla del Gober Precioso, advertencia que ya estaba prevista en el Atlas de Riesgo de la región. Pero así como nada se hizo en su momento, es obvio que este es uno más de los casos que van al cajón de la impunidad.
Y el affaire Diego cae también como anillo al dedo para opacar la nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano (la cuarta en el año), por el caso de tortura a manos del ejército mexicano, en 1999, de dos indígenas guerrerenses ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, condenando nuevamente al Estado Mexicano a desahogar en la justicia ordinaria los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos por militares contra civiles.
Lo dicho, el Jefe Diego, una Estrella más del Canal de las Estrellas.
Thursday, December 23, 2010
Wednesday, July 28, 2010
LA LEY ARIZONA SB-1070
“Nos volvimos conscientes del derecho a tener derechos… y del derecho a pertenecer
a algún tipo de comunidad organizada, sólo cuando aparecieron millones de personas
que habían perdido dichos derechos y ya no podían recuperarlos…”.
Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo, 1951.
La famosa Ley de Inmigración de Arizona SB-1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio de 2010 si antes no es suspendidas toda o en parte por un juzgado federal, no podríamos entenderla, sus razones y su aprobación por la legislatura de ese Estado, sin entender a su vez la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es más bien una ideología.
Este postulado se basa en la imposición de un pensamiento absolutista, incompatible con los derechos humanos y la democracia. Según el Pentágono, se justifica por la necesidad de proteger el territorio y la seguridad de los Estados Unidos de las amenazas fenomenológicas externas: El narcotráfico, los movimientos sociales, las epidemias, la inmigración ilegal y, a partir del 09-11-03, en primer lugar, el terrorismo.
Para cumplir sus objetivos es necesario echar mano de las fuerzas armadas y de la fuerza pública, tanto en territorio norteamericano como en los países del Sur. Es así que, desde América Latina, también se protege la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, gracias a la complacencia de los gobernantes.
Esto puede explicar, en parte, el por qué México tolera la represión de inmigrantes provenientes de Centroamérica en su viaje a la Unión Americana, o se enfrasca en una “guerra” fraticida contra el crimen organizado para controlar el trasiego de droga hacia el vecino país del norte. Los muertos (23 mil en este sexenio) los ponemos nosotros (“daño colateral”, dice el Gral. Galván), y las violaciones a los derechos humanos, sin freno.
La defensa de la Soberanía norteamericana no puede ni debe frenar su economía, basada en la imposición de condiciones financieras, económicas y sociales a los países pobres. Para ello, se crean el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (libre paso a los capitales y las mercancías y la “administración” de los asuntos migratorios para racionar la mano de obra barata en función de los ciclos de la economía); el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), anteponiendo la “seguridad” de los Estados Unidos a la “prosperidad” de los países pobres y, últimamente, la Iniciativa Mérida, que es un plan de financiamiento y apoyo militar a México y Centroamérica para “frenar” el narcotráfico. Estos tres programas persiguen un objetivo común.
¿Pero qué tiene que ver en todo esto la SB-1070? Pues forma parte de la misma lógica, ya que es una consecuencia de la ideología basada en la superioridad económica y racial de los norteamericanos blancos. La política no puede ser ajena a esta ley, pues su promoción representa votos para los Republicanos y los Demócratas racistas.
El Estado de Arizona no tiene ni la capacidad operativa ni los recursos suficientes para perseguir a todos los inmigrantes indocumentados, pero sí crea un insoportable clima de racismo, discriminación y xenofobia en su contra, bajo el riesgo real de ser deportados y de que sus hijos nacidos en los Estados Unidos sean entregados al gobierno.
Ley inconstitucional que regresa a la era del racismo primitivo
Tarde o temprano, en primera o ultima instancia, la justicia federal abrogará la Ley de Inmigración de Arizona denominada SB-1070, sobre todo las Secciones 2, 3, 6 y 10 que facultan al Estado de Arizona a través de sus policías, a determinar la situación de los inmigrantes y, en su caso, expulsar a los indocumentados, facultades que en la Constitución de los Estados Unidos, como en México, competen a la autoridad federal.
La SB-1070, que afecta directamente a 400 mil inmigrantes, permite la intervención de los agentes de la policía estatal y municipal (condados) con el fin de revisar la condición migratoria de las personas, basados únicamente en la “sospecha razonable” de que se encuentran indocumentados en el país, así como arrestar a una persona sin orden judicial si el agente dispone de una “causa probable” para creer que tiene un estatus “ilegal”.
También convierte en delito transportar en un vehículo a un indocumentado aunque sea familiar y el hecho de estar en el país ilegalmente, cuya pena conlleva hasta seis meses de cárcel, y establece que las personas indocumentadas son culpables de haber entrado sin autorización. La SB-1070 se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito que las personas indocumentadas soliciten trabajo, y que cualquier persona contrate o intente contratar a un inmigrante indocumentado.
“La ley puede conducir a la detención y el interrogatorio de personas fundamentalmente sobre la base de sus características étnicas aparentes”, señalaron expertos de la ONU, entre ellos el Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial para los Derechos de los Migrantes. “En Arizona, las personas que parecen de origen mexicano, latinoamericano o indígena corren un especial riesgo de que se les aplique la ley”. La ley autoriza la acción policial basada en la percepción del origen étnico de las personas.
Si bien los Estados-Nación tienen el derecho soberano de resguardar sus fronteras y decidir qué extranjeros entran o no a su país, esto debe hacerse de manera ordenada y sin violación de los derechos humanos, es decir, sin colocar a las personas en situación de riesgo a su integridad, su vida, sus libertades y garantías. Los Estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación. Además, los estándares Internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicha detención esté sujeta a la revisión judicial.
Por si fuera poco, la SB-1070 fue adoptada casi al mismo tiempo que la ley que prohíbe los programas escolares de Arizona que estén diseñados fundamentalmente para alumnos y alumnas de un grupo étnico particular, o que “aboguen por la solidaridad étnica en lugar de por el tratamiento de los escolares como personas”. O sea, los latinoamericanos u otro grupo étnico no pueden organizarse para defender sus derechos.
Las cosas han llegado a tal extremo en Arizona, que los republicanos de este Estado están considerando presentar otra legislación que niegue las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona, cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª Enmienda de la Constitución que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la nacionalidad a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pearce, quien ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona.
Los Estados Unidos viola la normatividad internacional
Muchos Estados occidentales, entre ellos los Estados Unidos, han manifestado que tienen normas tan buenas como para no necesitar de tratados. Ese es el mismo argumento para no aprobar los tratados respecto de los derechos de los niños, la protección del medio ambiente y la inmigración. Por ello, los Estados Unidos no han aprobado ni ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, tratado adoptado por la ONU que entró en vigor para todos los países –incluido los Estados Unidos- el 1º. de julio de 2003.
En los artículos 22 y 56 de dicha Convención se aborda la cuestión de la expulsión y de la expulsión arbitraria. En el párrafo 1 del artículo 22 se prohíben expresamente las medidas de expulsión colectiva. Cualquier decisión de expulsión deberá ser adoptada por la autoridad competente (en el caso de los Estados Unidos, la autoridad federal) conforme a la ley (párrafo 2 del artículo 22) y sólo por razones definidas en la legislación nacional del Estado de empleo (párrafo 1 del artículo 56). En el párrafo 4 del artículo 22 se establece que, salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, "los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello".
Así, contrario a lo que establece la norma internacional, la SB-1070, que es una ley estatal, no otorga a los indocumentados el derecho a apelar su expulsión, a pesar de que no representen una amenaza real ni inminente para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del Estado de Arizona, como los terroristas o los narcotraficantes.
Raúl Ramírez Baena
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Mexicali, B.C., julio de 2010.
a algún tipo de comunidad organizada, sólo cuando aparecieron millones de personas
que habían perdido dichos derechos y ya no podían recuperarlos…”.
Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo, 1951.
La famosa Ley de Inmigración de Arizona SB-1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio de 2010 si antes no es suspendidas toda o en parte por un juzgado federal, no podríamos entenderla, sus razones y su aprobación por la legislatura de ese Estado, sin entender a su vez la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es más bien una ideología.
Este postulado se basa en la imposición de un pensamiento absolutista, incompatible con los derechos humanos y la democracia. Según el Pentágono, se justifica por la necesidad de proteger el territorio y la seguridad de los Estados Unidos de las amenazas fenomenológicas externas: El narcotráfico, los movimientos sociales, las epidemias, la inmigración ilegal y, a partir del 09-11-03, en primer lugar, el terrorismo.
Para cumplir sus objetivos es necesario echar mano de las fuerzas armadas y de la fuerza pública, tanto en territorio norteamericano como en los países del Sur. Es así que, desde América Latina, también se protege la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, gracias a la complacencia de los gobernantes.
Esto puede explicar, en parte, el por qué México tolera la represión de inmigrantes provenientes de Centroamérica en su viaje a la Unión Americana, o se enfrasca en una “guerra” fraticida contra el crimen organizado para controlar el trasiego de droga hacia el vecino país del norte. Los muertos (23 mil en este sexenio) los ponemos nosotros (“daño colateral”, dice el Gral. Galván), y las violaciones a los derechos humanos, sin freno.
La defensa de la Soberanía norteamericana no puede ni debe frenar su economía, basada en la imposición de condiciones financieras, económicas y sociales a los países pobres. Para ello, se crean el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (libre paso a los capitales y las mercancías y la “administración” de los asuntos migratorios para racionar la mano de obra barata en función de los ciclos de la economía); el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), anteponiendo la “seguridad” de los Estados Unidos a la “prosperidad” de los países pobres y, últimamente, la Iniciativa Mérida, que es un plan de financiamiento y apoyo militar a México y Centroamérica para “frenar” el narcotráfico. Estos tres programas persiguen un objetivo común.
¿Pero qué tiene que ver en todo esto la SB-1070? Pues forma parte de la misma lógica, ya que es una consecuencia de la ideología basada en la superioridad económica y racial de los norteamericanos blancos. La política no puede ser ajena a esta ley, pues su promoción representa votos para los Republicanos y los Demócratas racistas.
El Estado de Arizona no tiene ni la capacidad operativa ni los recursos suficientes para perseguir a todos los inmigrantes indocumentados, pero sí crea un insoportable clima de racismo, discriminación y xenofobia en su contra, bajo el riesgo real de ser deportados y de que sus hijos nacidos en los Estados Unidos sean entregados al gobierno.
Ley inconstitucional que regresa a la era del racismo primitivo
Tarde o temprano, en primera o ultima instancia, la justicia federal abrogará la Ley de Inmigración de Arizona denominada SB-1070, sobre todo las Secciones 2, 3, 6 y 10 que facultan al Estado de Arizona a través de sus policías, a determinar la situación de los inmigrantes y, en su caso, expulsar a los indocumentados, facultades que en la Constitución de los Estados Unidos, como en México, competen a la autoridad federal.
La SB-1070, que afecta directamente a 400 mil inmigrantes, permite la intervención de los agentes de la policía estatal y municipal (condados) con el fin de revisar la condición migratoria de las personas, basados únicamente en la “sospecha razonable” de que se encuentran indocumentados en el país, así como arrestar a una persona sin orden judicial si el agente dispone de una “causa probable” para creer que tiene un estatus “ilegal”.
También convierte en delito transportar en un vehículo a un indocumentado aunque sea familiar y el hecho de estar en el país ilegalmente, cuya pena conlleva hasta seis meses de cárcel, y establece que las personas indocumentadas son culpables de haber entrado sin autorización. La SB-1070 se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito que las personas indocumentadas soliciten trabajo, y que cualquier persona contrate o intente contratar a un inmigrante indocumentado.
“La ley puede conducir a la detención y el interrogatorio de personas fundamentalmente sobre la base de sus características étnicas aparentes”, señalaron expertos de la ONU, entre ellos el Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial para los Derechos de los Migrantes. “En Arizona, las personas que parecen de origen mexicano, latinoamericano o indígena corren un especial riesgo de que se les aplique la ley”. La ley autoriza la acción policial basada en la percepción del origen étnico de las personas.
Si bien los Estados-Nación tienen el derecho soberano de resguardar sus fronteras y decidir qué extranjeros entran o no a su país, esto debe hacerse de manera ordenada y sin violación de los derechos humanos, es decir, sin colocar a las personas en situación de riesgo a su integridad, su vida, sus libertades y garantías. Los Estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación. Además, los estándares Internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicha detención esté sujeta a la revisión judicial.
Por si fuera poco, la SB-1070 fue adoptada casi al mismo tiempo que la ley que prohíbe los programas escolares de Arizona que estén diseñados fundamentalmente para alumnos y alumnas de un grupo étnico particular, o que “aboguen por la solidaridad étnica en lugar de por el tratamiento de los escolares como personas”. O sea, los latinoamericanos u otro grupo étnico no pueden organizarse para defender sus derechos.
Las cosas han llegado a tal extremo en Arizona, que los republicanos de este Estado están considerando presentar otra legislación que niegue las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona, cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª Enmienda de la Constitución que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la nacionalidad a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pearce, quien ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona.
Los Estados Unidos viola la normatividad internacional
Muchos Estados occidentales, entre ellos los Estados Unidos, han manifestado que tienen normas tan buenas como para no necesitar de tratados. Ese es el mismo argumento para no aprobar los tratados respecto de los derechos de los niños, la protección del medio ambiente y la inmigración. Por ello, los Estados Unidos no han aprobado ni ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, tratado adoptado por la ONU que entró en vigor para todos los países –incluido los Estados Unidos- el 1º. de julio de 2003.
En los artículos 22 y 56 de dicha Convención se aborda la cuestión de la expulsión y de la expulsión arbitraria. En el párrafo 1 del artículo 22 se prohíben expresamente las medidas de expulsión colectiva. Cualquier decisión de expulsión deberá ser adoptada por la autoridad competente (en el caso de los Estados Unidos, la autoridad federal) conforme a la ley (párrafo 2 del artículo 22) y sólo por razones definidas en la legislación nacional del Estado de empleo (párrafo 1 del artículo 56). En el párrafo 4 del artículo 22 se establece que, salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, "los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello".
Así, contrario a lo que establece la norma internacional, la SB-1070, que es una ley estatal, no otorga a los indocumentados el derecho a apelar su expulsión, a pesar de que no representen una amenaza real ni inminente para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del Estado de Arizona, como los terroristas o los narcotraficantes.
Raúl Ramírez Baena
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Mexicali, B.C., julio de 2010.
Tuesday, May 4, 2010
PARA ENTENDER LA AGRESION EN SAN JUAN COPALA
Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policíaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaban víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), asediada y aislada por los paramilitares de la UBISORT por ser opositora al régimen de Ulises Ruíz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En el año 2001, en el marco de la Caravana Zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruíz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el EZLN y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada “Ley Cocopa”, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del PRI y el PAN aprobaron una reforma al Artículo 2º. Constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la AUTONOMIA de las comunidades indígenas basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la AUTONOMIA DE FACTO de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruíz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista norteamericano independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruíz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 25 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia) integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la UBISORT afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jyri Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Erika Ramírez y Daniel Cilia (herido) estuvieron desaparecidos escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…). Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruíz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (ex Procurador General de Justicia del Estado, ex Ombudsman de Oaxaca y ex presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas y con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruíz responsabilizó a la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la CNDH accedieron a organizar un Seminario con invitados internacionales y representantes de las ONG, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores Civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal Mecanismo, por principio de cuentas, debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a la voluntad política del gobierno (¿?) de Ulises Ruíz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del Estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la UBISORT a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflageado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las fuerzas armadas, provocando dos muertos, seis heridos y cuatro desaparecidos sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del ejército o la marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruíz? Sólo pregunto.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaban víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), asediada y aislada por los paramilitares de la UBISORT por ser opositora al régimen de Ulises Ruíz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En el año 2001, en el marco de la Caravana Zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruíz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el EZLN y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada “Ley Cocopa”, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del PRI y el PAN aprobaron una reforma al Artículo 2º. Constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la AUTONOMIA de las comunidades indígenas basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la AUTONOMIA DE FACTO de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruíz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista norteamericano independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruíz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 25 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia) integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la UBISORT afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jyri Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Erika Ramírez y Daniel Cilia (herido) estuvieron desaparecidos escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…). Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruíz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (ex Procurador General de Justicia del Estado, ex Ombudsman de Oaxaca y ex presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas y con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruíz responsabilizó a la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la CNDH accedieron a organizar un Seminario con invitados internacionales y representantes de las ONG, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores Civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal Mecanismo, por principio de cuentas, debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a la voluntad política del gobierno (¿?) de Ulises Ruíz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del Estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la UBISORT a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflageado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las fuerzas armadas, provocando dos muertos, seis heridos y cuatro desaparecidos sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del ejército o la marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruíz? Sólo pregunto.
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