Al margen de que la gente auténticamente este o no a favor de la pena de muerte, por las razones que sean, no se vale manipular la conciencia social y la opinión pública.
La oposición del PAN y del PRD a la pena de muerte es por cuestiones ideológicas. La posición de PRI por “debatir” el tema en el Congreso de la Unión, y ahora también en el de Baja California, es por oportunismo político; para que la genta se percate que ellos, a diferencia de los otros, sí son sensibles al sentir popular; ergo, que voten por ellos.
Herederos de la revolución social y de las ideas liberales, los priístas evolucionaron hasta convertirse en políticos avezados, camaleonescos, que golpean y soban, que aprietan y aflojan, que reciben y reparten, de mano derecha y mano izquierda. Saben muy bien hacia donde van y lo que quieren. Pero ahora si se pasaron de la raya.
Me queda claro que la intención de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila que empujó la aprobación de la pena de muerte en su estado, y del PRI, es posicionarse ante las elecciones federales del 2009, aprovechando la demanda de una ciudadanía desesperada, temerosa, poco informada y enojada, cuya urgencia es que cese la violencia y el crimen e impere el orden y la paz social. De paso, Moreira intenta sumar puntos para “la grande”, para competir en serio contra Peña Nieto. Y esta es la coyuntura ideal que encontró.
No les importa la violencia, la impunidad y la corrupción. Es más, entre más se agudice la inseguridad, mejor; entre más violencia haya, mejor; entre más apuros pase Calderón, mejor; entre más se divida la izquierda, mejor. Es su oportunidad en la crisis.
Todo es una auténtica manipulación, engañando a la gente sobre reinstaurar en México la pena de muerte. Los priístas saben muy bien que eso no es posible. ¿Por qué?
El artículo 22 de la Carta Magna, en la reforma del año 2006 establece: “Quedan prohibidas las PENAS DE MUERTE, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales…” (los subrayados son nuestros).
Como México es un Estado federado, para reformar este artículo se necesitaría mayoría calificada en las Cámaras de Senadores y de Diputados (dos terceras partes). El PRI y el PVEM, su aliado principal, no lo lograrían por si mismos. En el improbable caso de que así sea, tendrían que pasar las aduanas de, por lo menos, 16 Congresos locales que voten por la reforma constitucional para reinstaurar la pena de muerte. Difícil.
Hay algo más: La fracción 3 del artículo 4º. de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento vinculatorio ratificado por México el 24 de marzo de 1981, luego entonces Ley Suprema de la Nación tal y como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dispone: “NO SE RESTABLECERA LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS QUE LA HAN ABOLIDO” (subrayado nuestro). Como es el caso de México.
Nuevamente, en el supuesto de que fuera reformada nuestra Constitución para aplicar la pena de muerte, México podría entonces ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la cual México reconoce su competencia contenciosa), en virtud de la violación a derechos humanos contenidos en la Convención Americana.
Y por si fuera poco, México es hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este ultimo encargado de evaluar los avances de las naciones en la materia. Además, en el 2007, México ratificó en la ONU el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, que establece el compromiso de los Estados a no ejecutar a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción y de adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Para ello, reconoce también la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El próximo 19 de febrero México se someterá por primera vez al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, del cual forma parte. Con todo esto, ¿en que papel quedaría México en el caso de avanzar en pena de muerte? Imagínese usted.
Así es que, la decisión de implementar o no la pena de muerte en México no es un asunto de consultas ciudadanas (como ingenuamente propone también José Carlos Vizcarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California) ni de debates legislativos, que en el caso que nos ocupa son improcedentes por las razones descritas.
¿Usted cree que el gobernador Humberto Moreira no sabe esto? ¿Cree en la sinceridad de Manlio Fabio y de Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”) cuando proponen debatir este asunto en el Congreso? ¿O en el diputado local por Baja California, Catalino Zavala (ex trotskista-perretista, ex legislador local del PARM, regidor y diputado local nuevamente por el PRD y ahora diputado por tercera ocasión, pero por el PRI!!), quien presentó el 4 de diciembre “Iniciativa de Acuerdo relativa a analizar la conveniencia de incorporar al marco jurídico estatal la figura de pena de muerte a secuestradores”?
El 9 de diciembre se cumplieron tres años de la abolición de la pena de muerte en México, propuesta legislativa iniciada por tres senadores priístas: Fernando Solana, Salvador Rocha Díaz y Heladio Ramírez López. Se eliminó de la Constitución esa pena —inexistente en los hechos desde hace 50 años— con casi todos los votos en el Congreso del PRI y del Partido Verde, conservacionista que ahora desarrolla una campaña nacional por la pena capital, al mismo tiempo que votó en el Congreso de Baja California por elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción.
Desde luego que estamos plenamente de acuerdo en que se capture y se castigue con todo el rigor de la ley a los peores criminales. Pero me queda claro que el objetivo de nuestros ilustres personajes no es la justicia, sino el poder a costa de los sentimientos y la expectativa popular. La irresponsabilidad ética y política de estos priístas (no todos son igual, conste) lo único que va a lograr es exacerbar peligrosos sentimientos punitivos, de linchamiento social y de venganza, caldo de cultivo del fascismo.
Wednesday, December 10, 2008
Wednesday, November 26, 2008
EN RIESGO EL SISTEMA UNIVERSAL DE GARANTIAS
En un buen número de ciudadanos, incluyendo empresarios, juristas, comunicadores, estudiosos de otras disciplinas y, por supuesto, autoridades y legisladores, crece la idea de que ha llegado el momento de sacrificar el régimen de libertades y garantías que con muchos sacrificios ha conquistado la humanidad, en aras del combate al crimen organizado.
Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.
Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.
En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.
La delgada línea entre los buenos y los malos
El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.
Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.
“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.
La pérdida de la memoria histórica
Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.
La represión de la protesta social
Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.
Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.
Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal
Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.
Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.
Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.
En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.
La delgada línea entre los buenos y los malos
El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.
Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.
“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.
La pérdida de la memoria histórica
Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.
La represión de la protesta social
Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.
Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.
Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal
Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.
Friday, June 27, 2008
LOS MUERTOS DE EBRARD, ¿Y LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS DE FOX Y CALDERON?
El pasado 20 de junio, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entró en su peor crisis política: 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías, perdieron la vida aplastados y asfixiados en la discoteca News Divine por errores graves de estrategia policial, negligencia y dolo. Además y por si fuera poco, existen evidencias de abuso policíaco en contra de algunos menores detenidos en el operativo antes y después de la tragedia.
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
PLAN MERIDA: MEXICANOS AL GRITO DE GUEEERRA…
Legisladores de todos los partidos y el gobierno federal mexicano, cual niños héroes envueltos en la bandera mexicana a punto de lanzarse del astil más alto del Castillo de Chapultepec, en voz del representante legal de Ivancar, dijeron un ¡no! contundente a la intentona de los representantes norteamericanos de condicionar la Iniciativa Mérida.
Amnistía Internacional, la ONG más importante del mundo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con estatus consultivo en la ONU, dirigieron una misiva a los congresistas estadounidenses, pidiéndoles incorporar en la Iniciativa Mérida el cumplimiento por el gobierno mexicano de los siguientes puntos:
a) Que se establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado;
b) Asegurar que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte de militares, del fuero militar a la justicia civil;
c) Que se asegure la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y
d) Que el equipo militar no sea utilizado para reprimir a opositores.
Estos puntos, por lógica y compromiso, se deben cumplir y observar rigurosamente por nuestro país con o sin Iniciativa Mérida.
Según nuestros funcionarios y representantes populares, es inaceptable condicionar a México el cumplimiento de los derechos humanos, porque representa un atentado a la Soberanía Nacional. ¿De cuando acá salieron tan patriotas para defender al país del desagravia de, lo que llaman, la vuelta a la “certificación” de México?
Lamentablemente, la intensa campaña mediática desarrollada por el gobierno mexicano en contra de estas condiciones, impactó y condicionó a la opinión pública en ambos países, obligando a los congresistas norteamericanos a dar marcha atrás en su postura, flexibilizando la Iniciativa Mérida, tal y como quería el gobierno de Felipe Calderón.
Es una pena que los legisladores mexicanos, todos, se doblegaran, no cayendo en cuenta que condiciones peores han sido impuestas a México por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante las consabidas recetas financieras que mantienen en crisis permanente a la economía familiar y pauperizada a la clase trabajadora mexicana (no así a la intocable e inmaculada “macroeconomía”).
Destaca también que no se proteste con la misma intensidad por la presencia en México de agentes norteamericanos, armados, del FBI, la DEA y la CIA, y que se abra la posibilidad de que, con tal Iniciativa, el ejército mexicano se integre al Comando Norte de los Estados Unidos, además de la presencia de la IV Flota en aguas del Golfo de México.
Nos gustaría ver que reclamen por el saqueo brutal que hace la banca extranjera en México, o los ventajosos negocios en Pemex y la CFE por las trasnacionales norteamericanas y españolas con cobertura directa desde Gobernación, etc., etc.
O bien, por las condiciones de desventaja de un TLCN que jamás fue aprobado por el Congreso mexicano. Todo ello, que empuja a más pobreza en el campo y la ciudad, más economía informal, más migración hacia los Estados Unidos, más adicciones, más delitos y más crímenes.
No, en todo esto no hay atentados a la Soberanía ni violaciones a los derechos humanos.
♪ Masiosare-un-extraño-enemigo…♪
Amnistía Internacional, la ONG más importante del mundo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con estatus consultivo en la ONU, dirigieron una misiva a los congresistas estadounidenses, pidiéndoles incorporar en la Iniciativa Mérida el cumplimiento por el gobierno mexicano de los siguientes puntos:
a) Que se establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado;
b) Asegurar que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte de militares, del fuero militar a la justicia civil;
c) Que se asegure la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y
d) Que el equipo militar no sea utilizado para reprimir a opositores.
Estos puntos, por lógica y compromiso, se deben cumplir y observar rigurosamente por nuestro país con o sin Iniciativa Mérida.
Según nuestros funcionarios y representantes populares, es inaceptable condicionar a México el cumplimiento de los derechos humanos, porque representa un atentado a la Soberanía Nacional. ¿De cuando acá salieron tan patriotas para defender al país del desagravia de, lo que llaman, la vuelta a la “certificación” de México?
Lamentablemente, la intensa campaña mediática desarrollada por el gobierno mexicano en contra de estas condiciones, impactó y condicionó a la opinión pública en ambos países, obligando a los congresistas norteamericanos a dar marcha atrás en su postura, flexibilizando la Iniciativa Mérida, tal y como quería el gobierno de Felipe Calderón.
Es una pena que los legisladores mexicanos, todos, se doblegaran, no cayendo en cuenta que condiciones peores han sido impuestas a México por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante las consabidas recetas financieras que mantienen en crisis permanente a la economía familiar y pauperizada a la clase trabajadora mexicana (no así a la intocable e inmaculada “macroeconomía”).
Destaca también que no se proteste con la misma intensidad por la presencia en México de agentes norteamericanos, armados, del FBI, la DEA y la CIA, y que se abra la posibilidad de que, con tal Iniciativa, el ejército mexicano se integre al Comando Norte de los Estados Unidos, además de la presencia de la IV Flota en aguas del Golfo de México.
Nos gustaría ver que reclamen por el saqueo brutal que hace la banca extranjera en México, o los ventajosos negocios en Pemex y la CFE por las trasnacionales norteamericanas y españolas con cobertura directa desde Gobernación, etc., etc.
O bien, por las condiciones de desventaja de un TLCN que jamás fue aprobado por el Congreso mexicano. Todo ello, que empuja a más pobreza en el campo y la ciudad, más economía informal, más migración hacia los Estados Unidos, más adicciones, más delitos y más crímenes.
No, en todo esto no hay atentados a la Soberanía ni violaciones a los derechos humanos.
♪ Masiosare-un-extraño-enemigo…♪
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