Tuesday, May 10, 2011

EL LENGUAJE DE LA GUERRA Y DE LA PAZ


Si los delincuentes están afuera haciendo lo que están haciendo

es porque adentro están podridas las instituciones y los partidos políticos,

hasta el Gobierno Federal pasando por los Poderes de la Unión…

Javier Sicilia, poeta

Mientras las víctimas de la guerra de Felipe Calderón sean gente del pueblo (daños colaterales) inermes, desinformadas y temerosas; agentes del Estado, miembros de la élite en el poder (Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí o Diego Fernández de Ceballos) o de la delincuencia, el control de daños está en manos del gobierno. No pasa nada. Usted conoce las consecuencias del “si no pueden, renuncien”: Nada.

Pero cuando el crimen y los desaciertos oficiales tocan a un humanista ilustrado, sensible y comprometido con las causas de la justicia y la paz con dignidad, como Javier Sicilia, cuyo hijo fue victima de esta guerra, y provoca en aquel un activismo inusitado, entonces sucede lo que está pasando: el gobierno pierde el control de la situación ante la acción de un solo hombre, que no tiene compromisos con nadie, no tiene intereses económicos ni aspiraciones políticas. Habla con sencillez el lenguaje de la verdad, y eso es letal para un sistema político corrupto.

“La palabra” del poeta es un idioma que desconocen los políticos y empresarios en el poder. Y ahora también, los militares. El sencillo pero contundente mensaje de Sicilia da en el blanco y encuentra eco en una sociedad lastimada, hastiada y ofendida.

Existe un amplio sector social que ha sido sensible al mensaje de Sicilia y comienza a convencerse de que es necesario frenar el proceso de militarización que arriesga la institucionalidad, la democracia y la paz. Con ello, se logra un sano equilibrio ante aquellos sectores de la población que, creyendo aún en las bondades del mensaje oficial –fuertemente difundido por los medios electrónicos y comunicadores e intelectuales afines- aún apoyan la intervención militar como solución a la inseguridad y el crimen.

Ante el clamor social y las Recomendaciones sobre el retiro de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública, Felipe Calderón se muestra descontrolado, sordo e intolerante, reaccionando más como un gobernante autoritario que como Estadista. En su mensaje del 5 de mayo afirma: “… hay quienes, de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia, y darles simple y llanamente el paso a esas gavillas de criminales. Hoy les digo que eso no puede y no va a ocurrir. Porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza, vamos a ganar” (resaltados nuestros).

Y en su monólogo obsesivo aprovechando todos los foros, esta vez en el Día del Niño, ante un nutrido grupo de infantes les habló no crea usted que de los derechos de la niñez o del mundo del juego y la fantasía infantil, sino del narcotráfico, que su gobierno no cejará en el combate contra las drogas y que seguirá limpiando las calles de “malos” hasta acabar con todos. Que su presidente se ha “fajado” ante los narcos. ¡A las niñas y niños les dijo eso! ¿Quién promueve entonces laCultura de la Violencia?

Mal hacen gobernadores, alcaldes, legisladores y los líderes de su partido, el PAN, en retroalimentar y aplaudir a Felipe todas sus obsesiones en torno al combate a la inseguridad y a la delincuencia que tanto daño han hecho al país. Y lo que es peor, hay gobernantes que en sus respectivas jurisdicciones dicen y hacen lo mismo que él.

Es imposible hoy que autoridades civiles y castrenses sancionen con todo rigor legal a policías y militares que cometen violaciones graves a los derechos humanos. Hay una impunidad total. No conocemos un solo caso en que se castigue a autoridades por delitos de lesa humanidad (ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura), que allanan y catean a diario domicilios sin orden judicial, que detienen a personas arbitrariamente, etc., en aras de “ganar” la guerra a la delincuencia organizada.

Algo muy positivo está logrando Javier Sicilia: Está refrescando el lenguaje y la acción Política, que ya le hacía falta al país, y con ello, la respuesta popular. Refrenda la agenda de los sectores progresistas y del campo de los derechos humanos en materia de Seguridad Pública, y con ello mete en un problema a los otros partidos y candidatos para el 2012, sobre todo al puntero, Enrique Peña Nieto, quien ahora tendrá que recomponer sus propuestas y su discurso en torno a la Seguridad.

Es posible que los candidatos del PRI y del PAN sufran para deslindarse de los intereses norteamericanos –que son quienes financian y diseñan las políticas y estrategias de Seguridad y de Justicia en México- y de las maniobras electoreras de Televisa y Cía., porque ahora las cosas ya no van a funcionar igual que antes. La simulación y la demagogia de siempre pueden ser contraproducentes.

De la misma manera, muy difícil va a ser que los priístas y panistas ofrezcan meter en cintura a las fuerzas armadas y prometan el retiro gradual a los cuarteles, a riesgo de provocar la reacción de los Estados Unidos, de los empresarios y del mando militar. En ello va la propia Presidencia. Pero contradictoriamente, el retiro militar va a ser una fuerte demanda social. Ignorar esto también puede costar la Presidencia.

Respecto al comunicado de la Segob del domingo 8 de mayo al término de la marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en la Cd. de México, donde afirma que “los efectivos militares, navales y de la Policía Federal no generan violencia”, categóricamente le respondemos que si, sí generan violencia, y mucha, como consta en múltiples casos documentados por violaciones graves a los derechos humanos en los que, a pesar de las denuncias penales y quejas ante la CNDH, que se sepa, no se ha investigado ni castigado a ningún elemento militar y policial, incluidos agentes de las Policías Estatales Preventivas. A las pruebas nos remitimos.

Tuesday, April 26, 2011

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: LES URGE LEGALIZAR LO ILEGAL

El pre-dictamen de Ley de Seguridad Nacional que, promovido en sigilo por las comisiones unidas de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se pretende bajar mediante albazo por las fracciones del PRI y el PAN antes de que termine el mes de abril de este 2011.

Seguramente usted ha sido testigo o ha conocido acciones de las fuerzas armadas que irrumpen en domicilios o en la vía pública, desarrollando acciones de policía y de Ministerio Público, violentando el debido proceso y las garantías procesales de las personas detenidas. Ello lo hacen obedeciendo ordenes del Comandante Supremo, el presidente Felipe Calderón, en el marco de su guerra al crimen organizado.

Es así que los retenes carreteros, los allanamientos y cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, la incomunicación de los detenidos en instalaciones militares, las interferencias telefónicas y de internet, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas y la tortura por personal castrense, son cosa de todos los días. Las víctimas y sus familiares saben bien de qué hablamos. Pero también los Constitucionalistas, las ONG nacionales e internacionales, el Ombudsman y los organismos intergubernamentales (ONU, CIDH), que han sancionado estas y otras acciones del Estado mexicano por ser contrarias a los principios universales establecidos en el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de Derechos Humanos (los tratados).

Para acallar las críticas y las denuncias, “dar certeza jurídica” y vencer la ilegalidad en su actuación, pero sobre todo para evitar ser sujetos de proceso por los excesos cometidos en el pasado, las fuerzas armadas han cabildeado intensamente para que los representantes populares legislen a favor de que sus acciones queden dentro de la “legalidad”. Como si las leyes en el país no tuvieran un contexto histórico, cultural, social, político y filosófico y se pudieran modificar con sólo levantar el dedo.

¿Que contiene el pre-dictamen próximo a votar que tanto nos preocupa?

· Que la Fuerza Armada Permanente (FAP) invada las atribuciones de las policías civiles, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, entre otros;
· Otorga a una sola persona, el presidente de la República, un amplio margen de discrecionalidad en el despliegue de elementos de la FAP y de declaratoria de amenazas a la Seguridad Nacional, sin controles institucionales satisfactorios para prevenir y sancionar potenciales abusos en el uso de la fuerza, tal y como lo estableció el Constituyente de 1917 en el Artículo 29, colocando al Congreso de la Unión como contrapeso del Ejecutivo Federal en torno a estas facultades;
· La ausencia de controles democráticos sobre la actuación de la FAP, extendiendo la jurisdicción militar a la comisión de delitos que hoy constituyen violaciones de derechos humanos, y la ausencia de mecanismos de monitoreo y fiscalización por parte del Congreso, el Poder Judicial y el Ombudsman;
· Las labores de “inteligencia” no serán ya tareas exclusivas del CISEN, sino que se pretende crear un sistema nacional que incorpore a las fuerzas armadas, favoreciendo así las acciones encubiertas e ilegales de espionaje contra los “enemigos del Estado”;
· Establece un sistema de excepción penal en el que los destinatarios en las definiciones de “amenazas a la Seguridad Nacional” se encuentran indeterminados, favoreciendo la persecución y criminalización de conductas no delictivas (como la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos o el ejercicio del periodismo), cuando estas “constituyan un desafío o amenaza”, dice el pre-dictamen;
· Incorpora los conceptos de “gradualización” y tipificación de amenazas a la Seguridad Pública, la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional, sin establecer aún los criterios que se adoptarán para su identificación;
· No armoniza la legislación interna con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, como se establece en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En dichas resoluciones, que sientan jurisprudencia internacional, la Corte reiteró que bajo ninguna circunstancia el fuero militar puede ser competente para investigar o juzgar delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas en contra de civiles, pues en un Estado Democrático de Derecho esa jurisdicción debe tener un alcance restrictivo y excepcional;

Conforme a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las calles u otros espacios públicos, cumpliendo tareas que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares.

El costo humano ha sido bastante alto. Las quejas presentadas ante la CNDH por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1,000% entre 2006 y 2009; el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional. De diciembre de 2006 a finales de 2010, el Gobierno Federal contabilizó 34 mil 612 ejecuciones en el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.

Los legisladores del PRI y el PAN pretenden aprobar una Ley que ignora la tradición democrática de la nación y que las fuerzas armadas son parte de la Soberanía nacional, no potestad presidencial. Sin exagerar, es el camino más corto hacia un Estado Autoritario.