EN RIESGO EL SISTEMA UNIVERSAL DE GARANTIAS

En un buen número de ciudadanos, incluyendo empresarios, juristas, comunicadores, estudiosos de otras disciplinas y, por supuesto, autoridades y legisladores, crece la idea de que ha llegado el momento de sacrificar el régimen de libertades y garantías que con muchos sacrificios ha conquistado la humanidad, en aras del combate al crimen organizado.

Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.

Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.

En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.

La delgada línea entre los buenos y los malos

El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.

Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.

“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.

La pérdida de la memoria histórica

Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.

La represión de la protesta social

Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.

Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.

“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.

Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal

Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.