LA MASACRE DE SINALOA

Después del grave incidente en la sierra de Sinaloa en el que tres menores y dos adultos perdieron la vida, baleados por un piquete de militares presumiblemente bajo los efectos del alcohol o la droga, las cosas no se han colocado en su verdadera dimensión.
En primer lugar, la férrea decisión de Felipe Calderón de usar intensivamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, instalando retenes en las ciudades y las carreteras del país para efectuar revisiones aleatorias en la vía pública y en los aeropuertos, es una medida que viola los principios amparados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo I, “De las Garantías Individuales”.
Si bien hay Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia emitida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la que se avala la salida del Ejército de sus cuartales en tiempos de paz para realizar tareas que competen a la autoridad civil , así como la suspensión de las Garantías Individuales sin la autorización del Congreso de la Unión, ello no obsta para que esas medidas punitivas-militares sean anticonstitucionales, ateniéndonos no sólo al espíritu del constituyente, sino también a los tratados internacionales.
Pero lo más preocupante es que intelectuales como Leo Zukerman avalen en los medios de comunicación la salida militar, repudiando, eso si, las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por la tropa, pero sin cuestionar los asuntos de fondo.
En una charla reciente en la radio, Zukerman decía, palabras más palabras menos, que si bien es aberrante el crimen de Sinaloa (como si fuera un caso aislado), habría que investigar si los tripulantes del vehículo baleado no se habían detenido ante una señal de alto de los militares; si traían droga o armas o se encontraban intoxicados.
Para evitar los excesos de las fuerzas públicas o las fuerzas armadas en contra de la población civil, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1979 el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, y en septiembre de 1990, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Ambos, señalan los criterios y los límites éticos y legales para el uso de la fuerza letal, estableciendo estándares de “necesidad”, “legitimidad”, “proporcionalidad”, “moderación” y “diferenciación”.
Seguro que usted ha visto videos de brutalidad policíaca en los Estados Unidos (contra afroamericanos y latinoamericanos, por supuesto), o ha conocido casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que balean a migrantes que se defienden con piedras o que huyen de la aprehensión. Esos son casos de evidente violación a los principios universales arriba enunciados, cometidos por el que se dice país campeón de las libertades civiles.
Es grave que intelectuales que influyen en la opinión pública desconozcan, o en el peor de los casos, legitimen la ruptura de los principios constitucionales y universales que amparan los derechos humanos, en aras de quien sabe qué intereses o ideologías.
En el caso de la masacre de Sinaloa, si los ocupantes del vehículo baleado no se detuvieron ante una señal de alto, traían drogas, armas o viajaban intoxicados, no es razón suficiente para abrir fuego contra ellos. La única razón legal y moral para disparar es que los tripulantes del vehículo pusieran en riesgo la integridad física y la vida de los militares o de terceras personas, disparando contra ellos, buscando atropellarlos u otra circunstancia fatal. Pero nada de esto no ocurrió. Además, los militares no tienen nada que hacer fuera de sus cuarteles, salvo en la aplicación del Plan de emergencias DN-III.
Estos riesgos se evitarían quitando a la tropa de esas actividades ya que no están preparados para ellas, a pesar del apoyo de gobernadores y alcaldes de todos los colores a la inútil estrategia militar de Calderón, con la obvia intención de diluir su responsabilidad e ineficacia ante el crimen organizado.
Este penoso incidente va a quedar grabado en la memoria histórica del país como una de las mayores afrentas al Estado de Derecho y a la democracia. Una mancha en el gobierno de Felipe Calderón.
En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los militares, éstos deben ser investigados y juzgados por la justicia civil, no la militar.
Además, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, de donde nunca debieron salir (artículo 129 constitucional).