LA CADENA PERPETUA DE FELIPE CALDERON

".. la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía...". Carta dirigida a PanchoVilla por Emiliano Zapata, 1919
La “mano firme”

Felipe Calderón ha decidido arriesgarse por una estrategia de corte “populista” para asirse del poder presidencial, después de una turbulenta y cuestionada elección federal y posterior toma de protesta.

Sus principales actos públicos como Presidente han consistido en identificar a su gobierno con las Fuerzas Armadas; antes, inaugurando con Vicente Fox un protocolo de “custodia de la Banda Presidencial” a cadetes del H. Colegio Militar, previo a la protesta de ley. Ya ungido, Calderón ordena el asalto policiaco-militar a la APPO y la detención de sus principales dirigentes; enseguida, manda al Ejército a “combatir al crimen organizado”, enfundándose en chamarra militar y gorra de 5 estrellas. Además, ordena aumentar 46 por ciento al ingreso de la tropa (mientras que los trabajadores asalariados recibieron en el 2007 un pírrico e insultante “aumento” del 3.9 por ciento).

Las medidas populistas siguieron al decretar que todos los niños nacidos en su sexenio recibieran la asistencia médica gratuita (como si la Salud no fuera un Derecho).

Fiel a su estilo, Calderón anuncia recientemente el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reformas al sistema de seguridad y justicia del país para implantar la cadena perpetua y –ojo- ampliar las facultades legales a la PGR de manera discrecional, a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. Así, cualquier criminal o dirigente social pudiera ser detenido sin más. El mensaje consiste en dar el mismo tratamiento al crimen organizado y a los movimientos sociales. Igual que con los operativos policíaco-militares.

Esta última iniciativa es muy parecida a aquella USA-Patriot Act aprobada por el Congreso estadounidense al presidente George W. Bush después del 11 de septiembre del 2001, reedición del MacCarthysmo de la Guerra Fría. Se legaliza la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas", y recorta considerablemente las libertades civiles dentro del territorio norteamericano y en el extranjero. La ley, diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes que son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas, y un ataque a las libertades civiles bajo el pretexto de garantizar la "Seguridad Nacional".

Las anteriores acciones de Felipe han recibido, en lo general, el beneplácito y el aplauso de buena parte de la población mexicana y de la clase empresarial, sobre todo los operativos de combate a la inseguridad y al narco y la cadena perpetua.

Antecedentes inmediatos sobre la Cadena Perpetua

El 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a los EUA.

En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía de que no impondría prisión vitalicia al reo.

Por otro lado, el artículo 22 Constitucional prohíbe “cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Y la cadena perpetua siempre ha sido considerada así.

Los criterios de la Corte y los principios constitucionales se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.

“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer. Así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, el argumento jurídico en que basó Felipe Calderón la extradición de capos mexicanos a los EUA en enero pasado, fue precisamente esta jurisprudencia de la Corte, lo que le valió, junto a los operativos policiaco-militares, el reconocimiento del Departamento de Estado y sendos editoriales positivos de los influyentes diarios The New York Times y el Washington Post, por su decidido combate al narcotráfico.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la prisión vitalicia en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los EUA, influyeron dos cosas:

1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna y de los tratados internacionales inscritos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos), y

2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna para complacer a los EUA en el tema de los “extraditables”, producto de la falta de autonomía y de compromiso de la Corte.

Los principios Constitucionales y la cadena perpetua

Para ser más precisos: El artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.

Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel, sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros rompen con una sana tradición humanista e histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den más de 100 años se considera prisión vitalicia, o de plano imponer la cadena perpetua, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales.
La reforma constitucional del artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, quedó como sigue: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. A menos que hubiera motivaciones político-ideológicas contrarias a los principios y espíritu de la Carta Magna, no debería haber duda entonces que la cadena perpetua es una pena inusitada y trascendental.

Menosprecio de la Corte a los Tratados Internacionales

La aberrante decisión de los ministros de la Suprema Coste de Justicia de legalizar la prisión vitalicia que da paso a la cadena perpetua, misma que aprovecha ahora Felipe Calderón para promover su iniciativa, viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo.

Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, por su parte: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros).

Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, que los convierte en “la Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 Constitucional).

A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político, ético y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?

Pero, contrario a la tendencia mundial de colocar jurídicamente los tratados internacionales por encima de las Cartas Magnas, o bajo el principio de progresividad que aplica según se beneficie a las victimas, habrá que recordar que la Corte resolvió la Tesis jurisprudencial 192,867 del 11 de mayo de 1999, cuyo título es: "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Grave decisión.

La corta e inútil visión punitiva

No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y el sector empresarial por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar su actitud es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores y a los legisladores.

En Baja California, desde hace más de un año, el gobernador Eugenio Elorduy Walther anunció la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua, y hoy lo anuncia de nuevo. También los diputados locales panistas Francisco Blake Mora y Urbano Chávez anunciaron su intentona de cadena perpetua contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.

Quizá quieren pasar a la historia siguiendo la “tradición democrática” de Baja California que impuso la llegada, en 1989, del primer gobernador de oposición en más de 70 años de gobiernos priístas (Ernesto Rufo Appel, del PAN) y la implantación, en 1991, de la primera credencial para votar con fotografía.

Hoy, animado por el anuncio de Felipe Calderón de que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para establecer la cadena perpetua a secuestradores de mujeres, niños y ancianos, o que mutilen o asesinen a sus víctimas, el gobernador Elorduy hace lo propio. Como en los buenos tiempos.

Y ya encarrerado el ratón, en plena campaña electoral local, diputados de oposición como Guilermo Aldrete Haas, dirigente del PRI y el ex perredista Jaime Xicotécatl Palafox, candidato a la alcaldía de Ensenada por la coalición formada por el PRI, el PVEM y el Partido Estatal de Baja California, politizan el tema y se montan en lo que aseguran las bondades de la iniciativa del gobernador panista.

Habría que tener mucho cuidado que el Congreso de Baja California no vote en este año electoral una iniciativa a favor de la cadena perpetua sólo para evitar el rechazo popular en las urnas a aquél partido o candidato que osare estar en contra de la medida.

¿Cuál es la prisa? Si nos atenemos a los principios Constitucionales y a los tratados internacionales, aprobar la cadena perpetua en México es contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presumen y han invertido los gobiernos federal y estatales.

En un razonamiento lógico, preguntémonos: De aplicarse la medida, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien?

En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario. Que esté fallando y en grave estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.

Nuestros sabios constituyentes y la comunidad internacional han impuesto candados legales a la pena de muerte y a las penas inusitadas y trascendentes, porque la Justicia puede fallar y porque el “castigo” se aplica generalmente a los más pobres.

Quizá lo mejor que hizo Vicente Fox antes de irse al Rancho fue abrogar la pena de muerte en México, congruente con la tendencia abolicionista mundial, reformando los artículos 14 y 22 de la Constitución, reforma que entró en vigor en México al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre del 2005. Hubiera prohibido también la cadena perpetua antes de la llegada de Felipe.

El origen de la inseguridad y el crimen

El pueblo quiere que se castigue con todo el peso de la ley a los malos, y es de reconocer que hay que hacer algo urgente y contundente. De eso no hay la menor duda. Pero hacernos creer que con la cadena perpetua se acabarán los delitos de secuestro agravado no es más que otro mito mediático de corte populista que nos venden, al igual que la “solución” militar a los crímenes violentos y el narco.

La verdad es que los delitos graves van asociados a la imposición del modelo neoliberal en el mundo, en especial en los países llamados del Tercer Mundo. No en vano, los programas de Ajuste Estructural de la Economía no son otra cosa más que la privatización de todo, hasta de los derechos humanos, y el papel del Estado pasa a una función meramente “normativa” o de “administración de conflictos”, ya no de garante de los Derechos Humanos. Es el también llamado “capitalismo salvaje” que basa su éxito en la desigualdad, la injusticia social y la inequidad.

La fábrica de pobres, subempleados y desempleados (“Ejército Industrial de Reserva”) en que se ha convertido hoy nuestros países bajo el actual modelo de desarrollo (la pobreza es, en si misma, una violación de los derechos humanos), conlleva pérdida de principios y valores que las personas –incluso estratos medios y altos- aprenden desde el vientre materno, que dan como resultado una fuerte descomposición social traducida en individualismo, egoísmo, materialismo, economía informal, migración, violencia y desintegración familiar, narcotienditas, adicciones, robos para mantener la adicción, cárcel, degradación de la dignidad humana; más violencia y más muerte. El narco ha penetrado ya el tejido social y se ha infiltrado en la célula social, que es la familia.

Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las causas que originan esas conductas antisociales y dirigir los recursos y programas hacia el verdadero combate a la pobreza, no el de corte asistencial y corporativista como son los programas Oportunidades, Seguro Popular y Procampo. Hoy en México, la política social es de Teletones, donde los ciudadanos aportamos. Por su parte, los empresarios “filántropos”, con los donativos del pueblo, ventajosamente deducen de impuestos esos recursos que sirven para el sostenimiento de grupos vulnerables.

Los adictos deben ser vistos no como candidatos ideales para hacinar cárceles o engrosar las estadísticas de las policías municipales, sino como “enfermos”. El Estado debe dar tratamiento a este asunto como un problema de Salud Pública, de Derecho a la Salud, y abrir el debate serio e informado sobre la despenalización de las drogas.

Como nunca, en México, hoy proliferan Centros de Rehabilitación privados para alcohólicos y adictos, en parte financiados por proyectos sociales oficiales, la mayoría dirigidos por ex adictos sin la preparación debida, con nula o escasa supervisión oficial de sus programas y actividades, donde se vende droga, se priva de la libertad, se tortura, se viola y hasta se asesina, tolerados por el gobierno que prefiere su control por estos centros, que la aplicación, mediante la inversión social, de políticas públicas de prevención y tratamiento profesional de las adicciones.

El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y el criminen se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades directas, dejando las bondades y los beneficios futuros a la llegada de más inversión extranjera directa, proyecto prioritario de Calderón, el autollamado “Presidente del Empleo” (a eso fue a Davos, Alemania, España e Inglaterra, a vender el país).

La población también exige, pero esto no se le cumple, la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; educación suficiente, gratuita y de calidad; opciones para el uso positivo del tiempo libre, acceso a la ciencia y la tecnología, seguridad social, seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado.

Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y soldados (pueblo vs. pueblo) y reformar los códigos penales, que cubrir las necesidades sociales, endosando a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y vendiendo la idea de los “padres irresponsables”, haciéndonos creer que los problemas son de índole individual y no por la falta de políticas públicas integrales.

Tal retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene mucho dinero, capacidad organizativa multinacional, armamento, tecnología, control del sistema financiero nacional e internacional, capacidad para evadir la acción de la justicia, capacidad logística para infiltrase en las áreas claves de gobierno, etc.

¿Y nos creemos que todo esto se va a acabar con el Ejército y la cadena perpetua?

Conclusiones

Las resoluciones tomadas por los ministros de la Corte Suprema son legales, inapelables e inatacables, pero no necesariamente legitimas ni justas, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras firmes de independencia y de una verdadera impartición y administración de la justicia, que en México da señales de agotamiento.

Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua a los secuestradores, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola y punitiva del delito que hoy se impone y que provoca, por si fuera poco, la criminalización de los pobres, los jóvenes y los inconformes sociales? Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas similares o peores en el corto y mediano plazo; es la limpieza social, el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, como de la corrupción y la impunidad.

Por lo pronto, e independientemente de las crisis que le han detonado a Felipe Calderón con el asunto de la tortilla, y en su propia parcela la rebelión de los Yunques, a 100 días de su gobierno, la dura realidad ya le demostró al Presidente que la militarización de la Seguridad Pública no resultó ser la solución ni la panacea, y la sociedad comienza a desencantarse por un comienzo gris. ¿Cuántos “delincuentes de cuello blanco” han sido detenidos? ¿Cuantas empresas blanqueadoras han sido incautadas? ¿Cuántos grandes capos han sido detenidos? Haga cuentas.

Lamentablemente –y era de esperarse-, el crimen le tomó rápidamente la medida a los operativos y a las Fuerzas Armadas. Peor aún, me permito prever que la cadena perpetua, si se impone en el país como así parece ser (espero equivocarme), demostrará a largo plazo su ineficacia para inhibir el crimen, como así sucede en otros países.

Por su parte, los magistrados de la Suprema Corte, por ser un poder público emanado del pueblo e instituido para beneficio de éste, si bien están dotados de una gran capacidad de decisión, no están autorizados para actuar bajo consigna y en la más absoluta discrecionalidad, sino que deben obedecer a la ética, la responsabilidad, la soberanía nacional, los intereses del pueblo mexicano, la dignidad de las personas y los principios universales consagrados en la Carta de los Derechos Humanos.

A este paso, Baja California podría ser el primer estado en aplicar la cadena perpetua. Por lo pronto, Chihuahua ya está autorizado para imponer la prisión vitalicia.

La justicia de Calderón está en entredicho. Desde la campaña presidencial hasta hoy, no ha tomado un compromiso y una posición definida respecto a los Derechos Humanos. Los gober preciosos, Mario Marín y Ulises Ruíz, siguen intocables en sus puestos debido a una concertacesión de intereses nada transparente, a pesar de sus delitos, y el ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acaba de ser exonerado por la Secretaría de la Función Pública, a pesar de su ilegal incorporación al 2º. Banco más importante del mundo y a las graves corruptelas en Isosa.