PELIGROSA VISION PUNITIVA Y MORALISTA DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA

El pasado 16 de enero, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana sostuvo una reunión con el Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, convocada con carácter de “urgente” ante la sostenida ola de violencia que azota esta frontera.

Las demandas de los empresarios tijuanenses fueron: a) Control en la venta de bebidas alcohólicas; b) Operativos en zonas inseguras de la ciudad (o sea, las colonias populares); c) Presencia de agentes federales para trabajar casos específicos; d) Revivir el delito de vagancia y malvivencia y, e) Detención de menores de edad que transitan por la ciudad después de las 11 de la noche y fincar responsabilidades a sus padres (el popular “toque de queda” aplicado ya en Tecate y Mexicali, medida que de inmediato fue apoyada por Francisco Villegas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, y por los regidores priístas Antonio Sifuentes Meraz y Martha Eugenia Montejano; a su vez, el regidor panista Raúl Castañeda sostuvo que “toda propuesta del sector empresarial es bienvenida y debe ser analizada cuidadosamente”.).

Ante la demanda, la repuesta inmediata del Procurador estatal fue celebrar los planteamientos hechos por los empresarios, aceptando que aún no siendo un tema de su competencia, implantar el horario restringido para menores “ayudaría a poner orden”. Los empresarios emplazaron al funcionario a una respuesta en un plazo de 15 días, otorgando otro de 30 días al Poder Legislativo local para impulsar soluciones.

Por su parte, el Obispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, después de hacer público el pasado 16 de enero el secuestro de 3 personas, de buena fe volvió a insistir sobre la necesidad de que “el Ejército vigile las calles” de la ciudad. El 20 de diciembre de 2005 ya había declarado que “el Ejército es un cuerpo de seguridad pública importante, confiable y disciplinado, que vienen a cumplir su misión y si las autoridades de los tres niveles de Gobierno lo consideran oportuno, su presencia sería positiva”.

Es obvio que el Señor Obispo ignora que, de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Presidente de la República para ello, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).

En otro orden de ideas, a iniciativa de la diputada panista Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad (sin el “Género”) de la XVIII Legislatura de Baja California, el pasado 18 de noviembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas al artículo 177 y 178 bis del Código Penal estatal, que tipifica como “violación equiparada” las relaciones íntimas sostenidas con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, aún bajo consentimiento mutuo, castigando a los varones responsables con penas de diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo, sin derecho a obtener la libertad bajo fianza (la reforma no prevé los casos de mujeres adultas que tengan relaciones con un varón menor). “Se trata de resolver un problema de moral, de relación de valores, con un problema penal”, consideró Arnoldo Castilla García, prestigiado catedrático de la UABC. Al 27 de enero, había ya 2 jóvenes procesados por este nuevo “delito”.

Pero además, en el mismo paquete de reformas legislativas, el Congreso de Baja California aprobó que los espectáculos de “table dance”, así como la venta, renta o transportación de revistas, videos o audios de contenido pornográfico, son sancionados por el artículo 261 bis del Código Penal con castigos que van de uno a cinco años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Se impondrá también penalidad “al que utilice a una persona en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; al que fabrique, reproduzca, publique, comercie, distribuya, exponga, haga circular, transporte u oferte libros, escritos, grabaciones o audiograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio”. El delito podrá ser cometido también por vendedores de revistas en establecimientos o puestos de periódicos, y por gerentes o empleados de negocios de renta de videos.

Es cierto que hay un grave repunte del crimen, la delincuencia y la inseguridad pública en Baja California, a lo largo de la frontera norte y en general en todo el país, como bien lo indica la encuesta de percepción que recién publicó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y que incomodó a los gobernantes de la región. En ello, los empresarios, el Obispo de Tijuana, la diputada Elvira Luna y otros tienen razón. Pero de eso a retroceder con medidas legaloides y policíacas que no van al origen de estos problemas y que restringen las libertades ganadas con muchos esfuerzos y sacrificios por la humanidad a lo largo de la historia, hay mucha diferencia.

Lo que más tiene asolada y atemorizada a la población son los delitos “de alto impacto”: Los secuestros y los crímenes producto de los ajustes de cuentas de los capos de la droga por el control de las rutas y el mercado. La visión punitiva hacia los adolescentes de los barrios populares, elevar como delitos la vagancia y malvivencia, llenar las cárceles de marginados, etc., es el castigo a la pobreza.

Como bien lo señala un puntual documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, publicado en el año 2002 por El Colegio de la Frontera Norte, en el capítulo sobre seguridad pública se señala que, con las medidas que se han propuesto y puesto en marcha, se ha detectado la ausencia de políticas públicas con visión integral del fenómeno de la violencia y la inseguridad, privilegiando el enfoque “delito-policía-justicia-prisión”.

No ha habido lugar para una visión distinta que asuma la violencia como un fenómeno integral complejo, de origen económico, psicosocial, político y cultural, que dé lugar a estrategias que atiendan los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales sugieren utilizar el enfoque “epidemiológico” para enfrentar el fenómeno de la violencia, lo cual requiere de medidas combinadas focalizadas en la atención preventiva, con una fuerte inversión social y la intervención oportuna, para atender las consecuencias del acelerado y desordenado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el convencimiento de que, a diferencia del combate al crimen organizado, es mejor prevenir el delito común que reprimirlo, buscando además implementar “penas alternativas” e instancias de mediación.

La ventaja de un “enfoque integral” es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo y no desde acciones a posteriori. Así, los gobiernos se obligan a orientar sus programas en una perspectiva integral de prevención social y no a responder de manera reactiva, con prioridad en las áreas de mayor carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que la seguridad pública, que es un derecho humano, no descanse de forma casi exclusiva en la policía, sino en la Administración Pública en su conjunto.

Hasta ahora, la corrupción y la falta de eficacia y coordinación entre los gobiernos ha sido el marco en el cual se ha desarrollado la delincuencia organizada, lo que no se acabará con “toques de queda”, reducción de la edad penal, aumento de las penas, la cadena perpetua, la intervención del Ejército, etc.
El crimen organizado ha aprovechado eficientemente estas ambigüedades así como las contradicciones y vicios de una estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficiencia, logrando permear peligrosamente en el tejido social, donde ha encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor, por desconocimiento, por necesidad económica o por complicidad de la población. La delincuencia organizada se nutre de la descomposición social, pero ella misma es uno de sus principales factores.
Según la PGR, las ejecuciones han aumentado un 180 por ciento en enero de 2006 en comparación al mismo período del año anterior. No sólo se trata de la existencia de países "productores", “de paso” o "consumidores" de drogas, sino de una estructura cuyo funcionamiento depende cada vez más de la acción supranacional de los cárteles en el mercado mundial, cuya eficacia es notoria. En consecuencia, la presencia del narcotráfico y el nivel de riesgo definido para la Seguridad Nacional ha implicado ostentosos operativos policíaco-militares con muy limitados resultados, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso, disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico, y sin castigo a los servidores públicos abusivos.
Si es de por sí preocupante que la guerra entre los narcos asuma como escenarios propios ciudades enteras, mucho más estremecedor resulta que en algunas de ellas la misma policía les otorgue protección y sea parte de los bandos en pugna, donde las policías son parte del problema, no de la solución.
La sociedad sufre con el aumento de los actos delictivos, pero sufre doblemente cuando al dolor y la desesperación se suma el clamor irracional a favor de la venganza como sustituto de la justicia. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad se traduce en exigencias y denuncias, de los cuales contradictoriamente se reclaman mayores poderes y presencia, como es el caso de los “horarios especiales” para menores.

Tratándose de la inseguridad, uno de los discursos favoritos de los altos funcionarios es recurrir a la “corresponsabilidad” Estado-ciudadanos, endosando a éstos parte de la responsabilidad que es única y exclusiva de los gobernantes, como bien lo establece el artículo 21 constitucional. Así también, recurren al argumento de que los crímenes son como resultado “de la acción del gobierno” en el combate al narcotráfico.

Ante este panorama, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo sin equidad ni justicia social, ni los programas “Dare”, los de “Cultura de la Legalidad” y las reformas legales para incrementar las penas. James Wolfensohn, del Banco Mundial, dijo recientemente en Lima, Perú, que “no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas. No se trata de dinero o de cuanto puede dar el BM, sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser abiertos”.

De no actuar inteligentemente, las consecuencias de las acciones punitivas con apoyo popular son el sacrificio de libertades en aras de un poco de seguridad. Y lo peor es que, bajo este esquema, no se logra ni la libertad ni la seguridad.