EL ANTIDOPING DE CALDERON

Profunda decepción me causaron las declaraciones de Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hombre probo, culto e inteligente, con una larga historia de lucha social, quien no se por qué artes avaló la propuesta del presidente Felipe Calderón de aplicar pruebas antidoping en las escuelas. Dice que la prueba “no viola garantías”, y en una frase digna de asombro tratándose de él, asegura que se debe aplicar “en todas las escuelas del país”.

Una declaración así la podemos esperar del clero, de empresarios, alcaldes, gobernadores, el procurador, el presidente, padres de familia desinformados y desesperados, diputados, regidores, etc., pero no de él.
La estrategia mediática de la propuesta presidencial, como buena medida populista y pragmática que es, va en la línea de convencer a la población de que, para echar a andar el programa, sólo basta la aprobación de los padres de familia, quedando los derechos y garantías de los menores en un segundo plano en aras de un fin superior. Y así seguramente se hará con otras medidas similares, como ya sucedió con la salida del Ejército de los cuarteles.
De manera específica, dejar la decisión de aplicar el antidoping y la revisión de las mochilas a los Consejos Escolares (padres, maestros y directivos), es tanto como responsabilizar únicamente a los padres de familia de las adicciones de los menores y del pandillerismo, y no a las fallas y deficiencias estructurales de las políticas sociales.

¿Qué va a pasar con los menores a los que se sorprenda con objetos prohibidos, droga y que sean adictos? ¿Se les dará de baja de la escuela y se les señalará para el escarnio de sus compañeros? ¿Se incorporarán a un programa especial? ¿Existen los recursos, la infraestructura médica, social, educativa, asistencial y jurídica para asesorar a los menores en su rehabilitación y a sus familiares? ¿Se atenderá el entorno familiar y comunitario de los niños? Si no está previsto todo esto, la medida suena a demagogia.
Me extraña de Rincón Gallardo, que con su experiencia y visión no haya entendido que apoyar el antidoping y la operación mochila que propone Calderón, entre otras, es exacerbar los temas de la pena de muerte, la cadena perpetua, la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública, los toques de queda contra menores, etc., que buscan la legitimación del régimen y de paso propician el “castigo a la pobreza”.
En el año 2002, en el municipio de Tecate, B.C., el cabildo aprobó el “Horario Restringido para Menores” que circulan por la vía pública después de las 10:30 de la noche, medida que aún continúa. Para su puesta en marcha, sólo bastó la aprobación de los padres de familia, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública y de los empresarios locales. No importaron las Recomendaciones que en su momento expidieron la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la CNDH al cabildo tecatense, que obvio no fueron aceptadas. La medida se aplica hoy también en Cd. Juárez, Chih. y, con un sentido más de disuasión que de castigo, en Mexicali, B.C.

La preocupación de la Red por los Derechos de la Infancia en México llegó a tal grado que envió a Tecate una Misión Civil para, junto con la PDH, convencer al alcalde priísta Juan Vargas y a los regidores de revertir la medida. Todo fue en vano. El alcalde estaba seguro de que los menores no son sujetos de derechos humanos, dada la tutela de los padres. ¡En serio!

En ese entonces, Juan Vargas llegó a la presidencia municipal de Tecate con 35 votos de diferencia, por lo que le urgía legitimarse. Y lo logró, en parte, a costa de los derechos de los menores. Hoy, la historia se repite en el ámbito federal, con distintas acciones pero con objetivos similares.

Héctor Melesio Cuen Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asegura que el antidoping para menores se aplicó hace ocho años en esa entidad, y no prosperó ante los cuestionamientos de que se vulneran los derechos de los estudiantes.

Coincido con el ombudsman capitalino Emilio Alvarez-Icaza, de que con la aplicación de estas medidas punitivas se criminaliza a las víctimas del narcotráfico y de la corrupción: los niños, rompiendo así los principios que garantizan el artículo 16 constitucional y el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño (“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni ataques ilegales a su honra y a su reputación”).

El ombudsman de Guanajuato, Manuel Vidaurri, rechazó la propuesta de Calderón y la calificó de inconveniente, desafortunada y poco atinada.

Quizá mejor habría que someter a consenso la aplicación del antidoping y la revisión de portafolios a los funcionarios públicos y a los empresarios.

Lo dicho: Las garantías y derechos no deben estar sujetos a consulta social, por lo menos, mientras en México no exista una Cultura de los Derechos Humanos, y que ello sea para mejorar.


Mexicali, B.C., julio del 2007