OPERATIVO TIJUANA: SERVIDOS, SRES. EMPRESARIOS

“Desde la perspectiva de los máximos responsables de la PGR en Baja California, el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix está desarticulado: Les hemos pegado en lo que más les duele y, por lo pronto, ya los expulsamos de la entidad. Los Arellano Félix podrán andar en otros estados, pero en Baja California ya no caben. Este dejó de ser su territorio. A la ciudad fronteriza venimos a poner orden y hemos avanzado, frenando a los jefes de la mafia. En Tijuana ya no hay pactos con la autoridad''.
La cita anterior corresponde a declaraciones hechas al periódico La Jornada por el entonces delegado de la PGR en Baja California, Luis Antonio Ibáñez Cornejo, en alusión al “Operativo Alacrán”, publicadas el 17 de junio de 1996.
Más de diez años después, la historia se repite: El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a través del Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció muy amablemente a los narcos el inicio del “Operativo Tijuana” inmediatamente después del “Operativo Michoacán”, con 3 mil 296 elementos de la PFP, la AFI, el Ejército y la Marina, con una avanzada de 300, que llegarían a Tijuana para combatirlos por “cielo, mar y tierra”. Todos ellos, bajo el mando del general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex jefe de inteligencia militar.

Es la militarización de la Seguridad Pública, tal y como la querían los empresarios; es la llegada de un mando militar único según el Punto de Acuerdo aprobado por la XVIII Legislatura de Baja California el 16 de noviembre de 2006, pasando por encima del mandato Constitucional respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas.

Resulta inverosímil que avisen que van a venir. Esto provoca el “efecto cucaracha”, la desbandada de narcos y narquillos a otras ciudades para asentarse ahí o esperar la salida de las fuerzas policíaco-militares. Al fin que no van a durar toda la vida.

El arribo del operativo federal demuestra la incompetencia y la desconfianza en los cuerpos policíacos estatales y municipales y en la Delegación de la PGR en Baja California. ¿No hubiera sido más efectivo, prudente y económico haber realizado, primero, una fina y secreta labor de inteligencia, acordando discrecionalidad absoluta con el Poder Judicial para girar las órdenes de cateo y aprehensión en contra de las “narcotienditas”, los negocios del lavado de dinero, los principales capos y las autoridades y policías cómplices? Para ello no necesitan a las Fuerzas Armadas.

Ahora, los tijuanenses tendrán que soportar revisiones, interrogatorios y abusos, justificado todo ello bajo el argumento del combate a la criminalidad y el narco. La cuerda se rompe por lo más débil.
El factor político.-
¿Por qué decidieron una acción espectacular, mediática y costosa de poca efectividad? El apoyo popular a la militarización de la Seguridad Pública facilita este tipo de operativos. Al mismo tiempo, se acallan las protestas y las críticas del sector empresarial y los medios de comunicación contra el gobierno federal.
Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con el bono democrático más bajo de los últimos años en México. De las 11 elecciones presidenciales este año en América Latina, Hugo Chávez (62.9 por ciento), Alvaro Uribe (62.4) y Luiz Inacio Lula da Silva (60.8) fueron los que mayor votación obtuvieron en los comicios registrados en Venezuela, Colombia y Brasil, respectivamente. Rafael Correa ganó la Presidencia ecuatoriana con 56.7 por ciento de los sufragios; el boliviano Evo Morales con 53.7 por ciento; la chilena Michelle Bachelet, 53.5; el peruano Alan García, 52.6; el hondureño Manuel Zavala, 49.9; el costarricense Oscar Arias, 40.9; el nicaragüense Daniel Ortega, 38.1 y, en el último sitio, Felipe Calderón, 35.7.
Por ello es evidente que, por ahora, el nuevo gobierno federal no esté atacando el origen de la criminalidad y el narcotráfico sino que, al igual que cada presidente entrante, intenta dar un golpe mediático más que efectivo para obtener legitimidad, sobre todo después de las cuestionadas elecciones del 2006. Hoy se escogió la “mano firme”. Aunque el “Operativo Tijuana” implique dar una bocanada de oxigeno a un acérrimo rival del panismo: Jorge Hank Rohn, presidente municipal de Tijuana, quien con esto ve beneficiadas sus aspiraciones a la gubernatura de la entidad.

La clase empresarial y la clase política de Baja California están de plácemes. El más entusiasmado de todos es el PRI porque el operativo diluye la responsabilidad de Hank Rohn en torno a la inseguridad. Cómo andarán las cosas que hasta el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Sánchez Corona, dijo que “la puesta en marcha del 'Operativo Tijuana' es positiva”, y espera que no sea causa de quejas.
Entre todo este mar de incompetencias, una voz coherente.-
En noviembre pasado el Congreso de la Unión emitió un exhorto al gobernador Eugenio Elorduy Walther y a Jorge Hank Rhon para que realicen las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal; se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en esta entidad fronteriza un programa de acción emergente, tendiente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio. Asimismo, para que informen a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso si han iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal –y en su caso en qué estado se encuentra– en contra de servidores públicos con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos (a la fecha se ignora si hubo respuesta).
Señala que la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California tiene como fines el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública; y que las autoridades encargadas de la función de seguridad pública quedan sujetos a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y otras leyes específicas, por lo que, al no cumplir estos preceptos, incurren en responsabilidad.
Destacando lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados federal considera de relevancia que tanto la autoridad estatal como la municipal en lo que corresponde a su competencia atiendan la problemática, dejando de especular con la llegada de un mando militar a Baja California y hagan frente a la ola de violencia que se ha desatado en fecha reciente.
El gobierno ya escuchó a los empresarios, al Consejo Estatal de Seguridad Pública, al Congreso de Baja California y a un desinformado y temeroso clamor popular. ¿Podrán ahora escuchar a la Cámara de Diputados federal, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y a los defensores de los derechos humanos?

El mensaje de Calderón en los medios ("es un gran honor comandar a una organización militar surgida del pueblo, identificada con el pueblo y consagrada al pueblo") y el aumento salarial y presupuestal a las Fuerzas Armadas, ¿significa que tenemos que vivir en la militarización? ¿Que la APPO es igual que el narco? ¿Quién sigue?