VOCES QUE CLAMAN LA MILITARIZACION

Ante la oleada de opiniones favorables a la intervención del Ejército mexicano en el combate al crimen organizado, podemos entender que la población, incluido el obispo de Tijuana don Rafael Romo Muñoz (con toda su ingenuidad, desconocimiento de la ley y buena fe), exijan la presencia del Ejército mexicano en las calles de nuestras ciudades, por temor, miedo, desesperación, angustia y enojo. Porque ya no son sólo “ajustes de cuentas” entre narcos; la ola criminal que azota el país toca ya al ciudadano común.

Podemos entender que los empresarios exijan la presencia del Ejército, porque ellos han tenido el mayor número de víctimas por asaltos y secuestros. Entendemos, más no justificamos, que los presidentes municipales de Tijuana, Mexicali y Tecate pidan la intervención del Ejército, dado que su capacidad ha sido rebasada. Pero lo que no podemos aceptar es que legisladores locales de Baja California demanden la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, porque ellos –se supone- conocen las leyes.

A decir verdad, las Fuerzas Armadas participan ya en tareas de combate al crimen organizado a través del Grupo de Coordinación, de las temibles Brigadas Operativas Mixtas y el operativo México Seguro (que de poco han servido), de la PFP que está compuesta en su mayoría por militares y en los puntos de revisión carretero; vigilan la frontera, hacen el mayor número de aseguramientos y decomisos de droga, dinero, armas, propiedades y capos, cargan con la labor de inteligencia, reciben adiestramiento especial, incluso en los Estados Unidos, ¿y?

¿Qué es lo que quieren, que haya soldados apostados en las esquinas, que en los hechos ya se da con la PFP? ¿En Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, DF, Guadalajara, Uruapan, Acapulco, Culiacán, etc? ¿De día y de noche? ¿Qué a diario circulen por las calles tanquetas militares? ¿Alcanzarán los soldados o hay que reclutar más y más? ¿Y los recursos para ello?

La constitucionalidad en la actuación de las Fuerzas Armadas

La presencia del Ejército en las calles debe obedecer al mandato constitucional, que hoy lo prohibe en México. A menos que cambiemos nuestra Carta Magna. El artículo 89 constitucional dice: “Las facultades y obligaciones del Presidente son: (…) VI. Preservar la seguridad nacional (…) y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interna y defensa exterior de la Federación”. Y el 129 constitucional es muy claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”. Hoy, en México, no hay una guerra declarada, interna o externa (aunque coloquialmente se le llame “guerra” al combate al narco), que justifique la actuación del Ejército fuera de los cuarteles.

De acuerdo a la letra y principios de la Constitución, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la desafortunada y anticonstitucional Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, obedeciendo una consigna de Ernesto Zedillo, faculta al Presidente para echar mano del Ejército, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).

La Seguridad Pública se refiere a la obligación del Estado de garantizar por las autoridades civiles, en tiempos de paz, el patrimonio, las garantías, la integridad física y la vida de los mexicanos. La lucha contra el crimen organizado no puede ser considerada asunto de Seguridad Nacional que obligue a la intervención del Ejército, a menos que el Presidente declare la suspensión de garantías, contemplada en el artículo 29 de la Carta Magna, debiendo solicitar primero la aprobación del Congreso de la Unión, y por un tiempo limitado, previa justificación.

La recomendación de la ONU a México

Las Naciones Unidas recomendaron a México en el 2003: “Excluir a los miembros de las fuerzas armadas de toda actividad relacionada con tareas de investigación y persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico; rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera que excluya la participación de las fuerzas armadas en tareas de prevención de delitos y procuración de justicia y, distinguir las tareas de defensa nacional con base en la definición de los conceptos de seguridad pública, seguridad interna, seguridad nacional y defensa nacional” (Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México).

El narcopoder

Dice Simón Vargas Aguilar (La Jornada, 23 de septiembre del 2002), que la influencia de la industria del narcotráfico, hoy, rebasa los asuntos vinculados al tráfico de drogas. Si antes el narco negociaba protección en una relación de subordinación frente a la autoridad, hoy es capaz de fijar reglas en temas económicos, sociales y políticos. Es evidente, dice, que las autoridades protegen a los narcotraficantes. Los cárteles sienten que tienen impunidad y que pueden hacer lo que quieran, lo mismo traficar que matar.

A partir de 1989, los cárteles dominantes de Cali y Medellín pagan a sus socios mexicanos con droga. Este hecho revolucionó la dinámica de operación de los narcotraficantes mexicanos. La necesidad de comercializar la droga los hizo crecer, y México pasó de ser un país de tráfico a uno de consumo. Hay, entonces, un nuevo esquema de lavado de dinero, invirtiendo en una gran cantidad de negocios; aparecen el narcomenudeo y la diversificación hacia otros delitos como el secuestro.

En los últimos años la estructura de la PGR se modificó, la participación de las Fuerzas Armadas se incrementó, se formó la Policía Federal y las Estatales Preventivas y los gobiernos estatales y municipales tienen hoy mayores funciones. Hay más cooperación e intercambio de información. Se han reformado las leyes, se creó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el resultado es mayor tráfico, más consumo, más penetración del narco en la economía y la política y más crímenes de policías, incluso, con lujo de crueldad.

Las Fuerzas Armadas y la memoria histórica

La cúpula empresarial de Baja California exigen hoy una sola policía, juntando a la AFI, la PFP, la Ministerial, la PEP y las municipales bajo un sólo mando militar, revolviendo labores de prevención con investigación y responsabilidades de los tres ordenes de gobierno. Esta confusión y mezcolanza sólo se puede entender debido a la desesperación y a la desinformación, incluso de abogados y ex legisladores como Antonio Cano Jiménez de Tijuana.

Hay pérdida de la memoria histórica, olvidando el pasado oscuro de América Latina respecto a las fuerzas armadas en las calles. Incorporar al Ejército en el combate al crimen es dar una salida pragmática a la grave situación de inseguridad sin atender el origen del conflicto, que en esencia es de dos tipos: la gran desigualdad social y la corrupción (plata o plomo).

Los demandantes no miden su exigencia, se quedan en la superficie sin importar el sacrificio de las garantías fundamentales que tanto han costado a la humanidad (guerras, muertos, torturados, desaparecidos, desterrados), con lo cual se sienta el precedente de un Estado incapaz y corrupto (ingobernabilidad); un Estado que, en lugar de dar una solución de fondo, deba ser sustituido por el Ejército, con lo cual se de un paso hacia atrás en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho y se avanza hacia el AUTORITARISMO con apoyo popular, como en la Alemania Nazi.

Política, movilización social y militarización

Si bien nuestro Ejército aún es querido y respetado, no podemos forzarlo a ejercer funciones de autoridad civil ya que no está preparado para ello, aunque en los hechos lo hace a bajo perfil (y a veces no tanto). Graves han sido los casos registrados de abusos a los derechos humanos y de corrupción por militares: 1968, la “Guerra Sucia”, Guerrero, Chiapas, etc. Las Fuerzas Armadas debieron haber aprendido la lección y no pueden caer otra vez en la riesgosa tentación de resolver la ineptitud de los políticos, dado que cargan con culpas por los excesos y errores de gobiernos pasados, y ahora más que nunca están sujetos a la observación de los mecanismos ratificados por México como la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No creo que la cúpula militar sea tan torpe como para adentrarse en otras aventuras que le pudiera acarrear graves consecuencias a costa, otra vez, de la incapacidad y las desviaciones de los gobernantes.

Felipe Calderón instaló la frase “combatir el terrorismo” tras los 3 bombazos ocurridos recientemente en el DF. Mal harían los militares, instigados por los empresarios y la clase política, en involucrarse también en acciones represivas contra los movimientos sociales bajo el supuesto de la “Seguridad Nacional”, dando el mismo tratamiento a ambos asuntos. Ni lo uno ni lo otro, el país ya no resiste.

En conclusión: ¿Se imagina usted la cantidad de dinero del narco que circula por las redes del Sistema Financiero nacional e internacional, y los intereses políticos, económicos y financieros que se juegan en ello? ¿Y eso lo queremos acabar con el Ejército en las calles? Por favor, los mexicanos no podemos ser tan ingenuos.