VERGONZOSA ACTUACIÓN POLICIAL; MAL COMIENZO

Las múltiples fotografías y videos subidos a Youtube acerca de lo que sucedía en las calles de la Cd. de México y de Guadalajara, al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto tomaba la protesta de ley el pasado primero de diciembre, que dieron la vuelta al mundo, no dejan duda de los excesos policiales que colocan a México como el típico país bananero, represivo y subdesarrollado.

                  La ONU adoptó en 1990 dos mecanismos que regulan el uso de la fuerza por autoridades civiles y militares en todos los países del mundo, como estándares internacionales que se deben obedecer: los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” y el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, este último, sobre principios éticos de actuación.

                  Estos tratados se imparten invariablemente en las academias de policía y militares del planeta. Pero como –casi- todo, en México son letra muerta. Una cosa son la teoría y la ley y otra la realidad. La CNDH y las comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos desarrollan estos conceptos en el librito y en los “convenios” sobre capacitación a corporaciones policíacas y militares, y la doctrina de los derechos humanos invariablemente está contenida en las cartas descriptivas de las academias correspondientes. Pero es obvio que esto no es suficiente.

                  Lo que podemos observar es que no hay voluntad política de los gobernantes para respetar las normas. Mientras Peña Nieto juraba “cumplir y hacer cumplir la Constitución (no dijo cual)… y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, afuera se incumplía la Constitución y se reprimía por las policías federal y del DF a quienes demandaban. ¿De veras fue sincero y auténtico el juramento de Peña Nieto y no una mera simulación? Es obvio que –casi- todos los funcionarios públicos que toman la “protesta de ley” lo hacen como un mero formulismo frívolo.

                  En la norma internacional, cuando una persona o un grupo de personas hacen uso de violencias y alteran el orden público y la paz social, las fuerzas del orden están obligadas a intervenir para preservar el patrimonio, la integridad, la vida y los derechos de la población. Así, cuando la autoridad hace uso de la fuerza, incluso de armas de fuego, debe ser para “controlar” a las personas y proteger a terceros SIN EXCEDERSE EN EL USO DE LA FUERZA, que se aplica estrictamente bajo los principios de NECESIDAD, LEGALIDAD, LEGITIMIDAD, PROPORCIONALIDAD, MODERACIÓN y DIFERENCIACIÓN, privilegiando cuando es posible el uso de medios no violentos.

                  Si bien es cierto que cuando una persona ejerce violencia contra otra poniendo en riesgo su integridad y su vida, ésta se encuentra legitimada para responder en defensa propia, lo que es legalmente permitido incluso tratándose de agentes del orden. Pero si se exceden en la respuesta les puede acarrear serios problemas legales. Tratándose de autoridades, el uso de la fuerza debe ser regulado y nunca deben extralimitarse en su actuación. Tampoco se justifica el exceso aún que los infractores de la ley sean delincuentes peligrosos o en extremo violentos.

En la capacitación que se da a policías y militares se les establece enfáticamente que, aún que éstos sean seres humanos con emociones propias, son servidores públicos que deben controlar sus impulsos en apego al mandato de ley. No puede ni deben actuar con sentimientos de venganza a la agresión de que hayan sido objeto ellos o terceras personas, porque estarían incurriendo en violaciones a los derechos humanos, pudiendo ser sujetos de responsabilidad.  

Ese es el perfil que deben tener los guardianes del orden, basado en el humanismo. De ahí el choque con la visión militar sobre la Seguridad Pública. Es obvio que en México no hay una efectiva supervisión de autoridades policíacas y militares en el cumplimiento de los ordenamientos legales, de ahí los excesos graves como los ocurridos en Atenco y el 1º. de diciembre pasado, por ejemplo. Quizá estos principios sean difíciles de entender para el ciudadano común, pero son reglas universales de cumplimiento obligatorio.

                  Observamos el día de la toma de protesta presidencial a presuntos provocadores encargados de alterar el orden para desprestigiar la auténtica oposición a Peña Nieto, como el #YoSoy132. Por otro lado, vimos la violación por las policías, de los derechos humanos de quienes ejercían sus derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de tránsito, en la modalidad de ABUSO DE AUTORIDAD, DETENCIÓN ARBITRARIA y USO EXCESIVO DE LA FUERZA, en otras. Las policías federal y del DF opusieron contra ellos una violencia generalizada, desproporcionada y excesiva. Mediante el uso racional de la fuerza, los agentes del Estado deben controlar, no reprimir, aún a los violentos, compromiso de México ante la comunidad internacional.

Es triste y lamentable que la justicia se aplique a personas inocentes, dejando en cambio impunes a las autoridades que ordenan y ejecutan violaciones a los derechos fundamentales, o que son omisos ante ellas. En México, LA JUSTICIA NO ES PAREJA, y esto es una constante no sólo en actos masivos que terminan violentamente, sino también cuando se allanan y catean ilegalmente domicilios por policías y militares, se detiene arbitrariamente a personas sin orden judicial o sin que se encuentren en flagrancia de delito; se siembran evidencias, se exhiben ilegalmente ante los medios, se tortura, se desaparece a personas y se ejecuta extrajudicialmente con la complicidad de la fiscalía y del Poder Judicial, que obedecen a la consigna de incrementar las ESTADÍSTICAS de detenidos y sentenciados para fines mediáticos, de promoción personal de funcionarios y/o de incremento en los presupuestos de seguridad y justicia.

                  Ahora, 69 personas en la Cd. de México están bajo proceso por la probable comisión de delitos graves. Pero todos vimos en los videos los abusos policiacos, algunos incluso más graves que los hechos imputados a los detenidos, sin que los policías violadores y sus jefes se tengan que preocupar de nada. Si acaso, una Recomendación de la CNDH y de la CDHDF y ya.

                  En días pasados un diario capitalino publicó un escrito de Edgar Valdéz, La Barbie, inculpando a Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública y a sus subalternos, incluso al mismísimo Felipe Calderón, de vínculos con la delincuencia organizada. En cambio, por mucho menos que eso, ¿cuántos allanamientos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y torturas cometen policías y militares en contra de gente inocente, argumentando supuestas “denuncias anónimas”, “actitud sospechosa” o “por no traer identificación”? Figuras que por cierto no justifican legalmente una detención, debiendo quedar el detenido inmediatamente en libertad.

A pesar del “plural” “Pacto por México”, para supuestamente acabar con la violencia, mal terminan Felipe Calderón (PAN) y Marcelo Ebrard (PRD). Mal comienzan Enrique Peña Nieto (PRI) y Miguel Ángel Mancera (PRD). La impunidad en el país de “no pasa nada”.