ESTADO DE EXCEPCION DE FACTO

Hoy por hoy existe en México un paralelismo directamente proporcional: A medida que se incrementa la crisis económica y el desempleo, crece la presencia militar en las carreteras y en las calles de nuestras ciudades, particularmente en la frontera norte.

Esta combinación no es casual. La entrevista que en días pasados ofreció Felipe Calderón al periodista Jorge Zepeda Patterson de El Universal es por demás elocuente, y nos muestra a un presidente débil, desesperado e impotente ante el fracaso en el control de la crisis financiera y de su carta fuerte para combatir al narcotráfico: Las Fuerzas Armadas.

“O son los narcos o es el Estado”, dice Calderón. En un acto de desesperación, echa la culpa a los gobiernos priístas y a (la corrupción de) los gringos (La Jornada, 05 de marzo de 2009), quienes por supuesto tienen su parte de responsabilidad.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Duarte, sugiere analizar la “suspensión de las garantías” y aplicar el “Estado de excepción” si las acciones contra la delincuencia organizada fallan, dice. Reconoció que "es una medida muy drástica el uso del Artículo 29 constitucional, pero si las cosas siguen así es algo que se tiene que empezar a analizar." (La Jornada, 12 de febrero de 2009).

Dicho precepto faculta al Ejecutivo, con el aval del Congreso, a suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías por un tiempo limitado en caso de perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad esté en grave peligro, como es el caso de la violencia extrema y el clima de terror provocados por el crimen organizado.

El diputado Duarte, que quiere gobernar su estado natal Chihuahua, a nadie sorprende con su maniqueísmo político. Las garantías se han suspendido ya y se aplica de facto el Estado de excepción en regiones del país, sin la debida aprobación del Congreso, y él lo sabe. Las reformas penales, los sistemas de control y confianza policial y la estrategia militar, simplemente han fallado.

En la perspectiva de los Estados Unidos, el narcotráfico representa una amenaza para su Seguridad Nacional, al igual que el terrorismo, la inmigración indocumentada y los movimientos sociales en Latinoamérica y el resto del mundo. Motivo por el cual, alientan y apoyan la salida militar en México.

De no resolverse rápidamente la crisis económica y la ingobernabilidad en algunas regiones del país en manos del narcotráfico (lo que han dado en llamar la CIA “el Estado fallido” en entidades con mayor conflicto de violencia criminal), México va directo hacia el autoritarismo, con la aprobación de nuestros vecinos del norte, con todo y Barack Obama.

Por su parte, para controlar el descontento popular, la Suprema Corte de Justicia ha dado su aval a la represión de los movimientos al exonerar al procurador Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública en el (des) gobierno de Fox, y a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y fuerte contendiente a la presidencia, en la infausta represión física, judicial y política de los pobladores y líderes de San Salvador Atenco, de hace casi tres años. Es la lección para la criminalización de los movimientos sociales.

Sin embargo, el mayor peligro para la Seguridad Nacional y las inversiones extranjeras (que parece ser es lo único que interesa al régimen y en lo que basa el “desarrollo nacional”, sin atender el fondo de la crisis económica familiar y sus secuelas), no provienen del descontento social, sino del crimen organizado, al que no pueden parar por su alto poder de corrupción y por su capacidad de mandar en algunas regiones del país, en dependencias públicas y en corporaciones policíacas.

Ya lo dijo Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA: “Para la DEA, la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que ‘ninguno de los capos de los cárteles de la droga’ se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.

“Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros (como algunos capos colombianos), estaríamos dispuestos a aceptar sus propuestas (lo que demuestra que sí se dan negociaciones con los narcos), pero ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazados por las operaciones del gobierno mexicano” (Proceso, No. 1686, 22 de febrero de 2009). Que no es el caso.

Felipe está metido en un embrollo: grave crisis económica, crimen organizado galopante en el que sicarios capturados y que lideran cárteles son ex militares y ex policías, un gabinete de cuates conflictivo y opaco que no resuelve nada sino al contrario, “fuego amigo” proveniente de su partido en vísperas de elecciones federales, un PRI envalentonado por las encuestas que amenaza con regresar a Los Pinos, fuerte presión de la DEA y del FBI para “limpiar” de corrupción las corporaciones y dependencias, impunidad, intereses del capital internacional que exige su cuota de apoyos en campaña, descontento social, el peje… ufff.

Y al final, como siempre, donde aparecen muertos y hay balazos, lo único que se le ocurre al presidente y a los gobernadores es… enviar más soldados (36 mil militares están ya en las calles y carreteras del país). Al fin que, como siempre, quien paga los platos rotos por la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción oficial es el pueblo, que aguanta todo.

A la suspensión de las garantías y al Estado de excepción sólo hace falta oficializarlos. Sería algo así como admitir el Estado fallido.


Marzo de 2009