POR QUE NO SE DEBE APROBAR LA CADENA PERPETUA EN MEXICO

".. la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía...". Carta dirigida a PanchoVilla por Emiliano Zapata, 1919

Felipe Calderón anunció el envío al Congreso de una iniciativa de reformas al sistema de seguridad y justicia del país para implantar la cadena perpetua, unificar los códigos penales y –ojo- ampliar las facultades legales a la PGR a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.

El ampliar las facultades a la PGR es muy parecido a aquella USA-Patriot Act aprobada al presidente Bush después del 11 de septiembre del 2001. Se legaliza la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas", y recorta considerablemente las libertades civiles bajo el pretexto de garantizar la "Seguridad Nacional".

Antecedentes inmediatos sobre la Cadena Perpetua en México

El artículo 22 Constitucional prohíbe “cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Aún así, el 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a los EUA modificando dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera, señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía de que no impondría prisión vitalicia al reo.

Los criterios de la Corte y los principios constitucionales se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.

“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que además abre las puertas a la aplicación de la cadena perpetua en México.
Este fue el argumento jurídico en que basó Felipe Calderón la extradición de capos mexicanos a los EUA en enero pasado para complacer a las autoridades del vecino país.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que el Congreso local tomara cartas en el asunto. Los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, con los resultados ya conocidos.
Los principios Constitucionales y la cadena perpetua

El artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.

Como se observa, el constituyente y la reforma en 1965 no querían a los mexicanos en la cárcel, sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros rompen con una sana tradición humanista e histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den más de 100 años se considera prisión vitalicia, o de plano imponer la cadena perpetua, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales.
La reforma constitucional del artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, quedó como sigue: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales” (los subrayados son nuestros). A menos que hubiera motivaciones contrarias a los principios de la Carta Magna, no debería haber duda entonces que la cadena perpetua es una pena inusitada y trascendental.

Menosprecio de la Suprema Corte de Justicia a los Tratados Internacionales

La aberrante jurisprudencia de la Corte en materia de prisión vitalicia (que aprovecha ahora Felipe Calderón para promover su iniciativa sobre cadena perpetua), viola los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos y los de readaptación y reinserción social de los infractores que merezcan pena corporal, que recogen profundos sentimientos e ideales del humanismo.

Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3 que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, por su parte: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros).

A pesar de todo lo que se diga y de la jurisprudencia referida, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político, ético, moral y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?

Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales son vinculatorios, es decir, de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. Una vez ratificados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación, son “la Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 Constitucional).

Sin embargo, contrario a la tendencia mundial de colocar jurídicamente los tratados internacionales por encima de las Cartas Magnas, o bajo el principio de progresividad (aplica la norma que beneficie más a las victimas), habrá que recordar que la Corte resolvió la Tesis jurisprudencial 192,867 del 11 de mayo de 1999, cuyo título es: "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Grave decisión.

La corta e inútil visión punitiva

Las ideas punitivas proliferan entre la población y el sector empresarial por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la inseguridad y el crimen. La población reacciona así también por el desconocimiento de sus derechos. Por su parte, los gobernantes hacen esas propuestas para encubrir su ineficiencia y desviar la atención.

En Baja California, desde hace más de un año, el gobernador Eugenio Elorduy Walther intentó poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua, y hoy lo anuncia de nuevo. También, el diputado local panista Urbano Chávez hace lo propio y va contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar. Esta iniciativa cuenta con la bendición del Arzobispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz.

En plena campaña electoral local, diputados como Guilermo Aldrete Haas, dirigente del PRI y el ex perredista Jaime Xicotécatl Palafox, también candidato a la alcaldía de Ensenada, así como Carlos Barbosa Castillo, candidato a diputado local, estos dos últimos por la coalición PRI-PVEM-Partido Estatal de Baja California, resaltan las bondades de la iniciativa del gobernador. Habría que esperar que el Congreso de BC no vote en este año una iniciativa a favor de la cadena perpetua, sólo para evitar el rechazo popular en las urnas a aquél partido o candidato que ose estar en contra de tal medida.

En un razonamiento lógico, preguntémonos: De aplicarse la medida, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien?

En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario. Que esté en grave estado de descomposición es otra cosa. Entonces, antes que la cadena perpetua, los gobernantes y legisladores deberían impulsar una profunda reforma y reestructuración del Sistema Penitenciario.

El origen de la inseguridad y el crimen

El pueblo quiere que se castigue con todo el peso de la ley a los delincuentes, y es de reconocer que hay que hacer algo urgente y contundente. De eso no hay la menor duda. Pero hacernos creer que con la cadena perpetua se acabarán o disminuirán los delitos de secuestro agravado u otros delitos no es más que otro mito mediático de corte populista, al igual que la “solución” militar a los crímenes violentos y el narco.

Los delitos graves van asociados a la imposición del modelo neoliberal, que es una fábrica de pobres. Los programas de Ajuste Estructural de la Economía no son otra cosa más que la privatización de todo, hasta de los derechos humanos, y el papel del Estado pasa a una función meramente “normativa” o de “administración de conflictos”, ya no de garante de los Derechos Humanos, incluidos los derechos sociales.

El crecimiento alarmante de la inseguridad y el criminen se debe, en parte, al retiro gradual del Estado de sus responsabilidades directas, dejando las bondades y los beneficios futuros a la llegada de más inversión extranjera directa, como es el proyecto prioritario de Calderón, el autollamado “Presidente del Empleo”. Tal fenómeno provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que cuenta con mayores recursos, armamento, tecnología, capacidad organizativa multinacional para evadir la acción de la justicia, para infiltrase en las áreas claves de gobierno y en el sistema financiero nacional e internacional, para abrir mercado a las drogas, etc.

¿Y nos hacen creer que todo esto se va a acabar con el Ejército y la cadena perpetua?

Conclusiones

Las resoluciones tomadas por los ministros de la Corte son inapelables e inatacables, pero no necesariamente legitimas ni justas, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras firmes de independencia y de una verdadera impartición de la justicia.

Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua a los secuestradores, ampliar las facultades a la PGR, etc., ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola y punitiva del delito que hoy se impone y que provoca, por si fuera poco, la criminalización de los pobres, de los jóvenes y de los inconformes sociales?

Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas similares o peores en el corto y mediano plazo; es la limpieza social, el suicidio colectivo de una sociedad alienada que no sabe exigir sus derechos. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, como de la corrupción y la impunidad.

Lamentablemente –y era de esperarse-, el crimen le tomó rápidamente la medida a los operativos y a las Fuerzas Armadas. Me permito prever que la cadena perpetua, si se impone en el país (espero equivocarme), demostrará a largo plazo su ineficacia para inhibir el crimen.

A este paso, Baja California podría ser el primer estado en aplicar la cadena perpetua. Por lo pronto, Chihuahua ya está autorizado para imponer la prisión vitalicia.

La justicia de Calderón está en entredicho. Desde la campaña presidencial hasta hoy, no ha mostrado un compromiso y una posición definida a lado de los Derechos Humanos.