CASO CASSEZ: NUEVOS
AIRES DE JUSTICIA
Por Raúl Ramírez Baena*
A riesgo de ser
crucificado por quienes piensen diferente, que sin duda son muchos, expreso
aquí mi opinión sobre el controversial caso que resolvió el pasado 23 de enero
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dice un indignado Ciro
Gómez Leyva así como María Elena Morera que, ahora, la Suprema Corte de
Justicia deberá ofrecer al pueblo de México una explicación “lisa y llana” del
por qué se libero a Florence Cassez. Humildemente disiento de esa opinión.
Quienes deben ofrecer
una explicación al pueblo y rendir cuentas ante la justicia son Felipe Calderón
Hinojosa, Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca, acerca del por qué el
montaje mediático y su empecinamiento en encubrir violaciones graves al debido
proceso y a la presunción de inocencia de Florence, que metieron en un
predicamento al país ante Francia y el mundo entero. Algo así sucedió con el
“Michoacanazo”, con los generales detenidos y con miles de personas exhibidas y
sentenciadas a pesar de graves irregularidades y violaciones de origen a sus
derechos humanos.
A mi juicio hay tres
grupos de personas que se oponen a la resolución de la Corte que arrojó la
liberación de la ciudadana francesa:
1) Aquellos académicos y juristas que de
buena fe interpretan las leyes asumiendo que los ministros tomaron la decisión
equivocada. De hecho, la resolución de la Primera Sala de la SCJN que favoreció
la liberación inmediata de Florence fue dividida: tres contra dos;
2) Ciudadanas y ciudadanos, incluso
medios de comunicación, que opinan también de buena fe pero invadidos de miedos
y prejuicios propios de una cultura de la violencia; caen en confusiones y prejuzgan
que se liberó a una secuestradora, que las víctimas del secuestro quedan desamparadas
de justicia y que la Corte avaló la impunidad. Es verdaderamente preocupante
que una gran mayoría indignada no entienda el fondo y el alcance de la
resolución de la SCJN, y
3) Sectores conservadores como Gustavo
Madero, dirigente del PAN, los periodistas
Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín; Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí (estos
dos, víctimas de delito), Ma. Elena Morera y Samuel González, entre otros
cercanos al calderonismo, que confunden a la opinión pública, politizan el caso
y radicalizan su posición en aras de audiencia y protagonismo.
Contradictoriamente, se oponen también a la nueva Ley General de Víctimas.
AMLO politiza también
el asunto al declarar que “se cometió una injusticia y la decisión de los
ministros de la SCJN –influida por Peña Nieto para quedar bien con Francia,
dice- sólo subraya que en México lo que reina es la impunidad y la corrupción”.
Hay un falso debate
que se promueve en algunos medios y que habría que aclarar: La Corte no se
pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez ni despojó a las víctimas
de secuestro de sus derechos. La Corte sólo decidió anular las pruebas de la
SSP y del Ministerio Público en contra de Cassez porque FUERON OBTENIDAS DE
MANERA IRREGULAR, y la justicia no se puede impartir mediante corruptelas,
errores en los procesos legales y violaciones de origen a los derechos humanos,
en contra de quien sea.
El amparo que resolvió
la SCJN, como todos, no juzgó a las partes en conflicto, a las víctimas y a los
presuntos victimarios, sino las violaciones a los derechos humanos, que las
hubo, cometidas por las autoridades. La SCJN no entró a la litis del asunto, no negó ni dio la razón a las víctimas del
secuestro en que se juzgó a Cassez. Resolvió sobre la legalidad y validez de
las pruebas obtenidas para impartir justicia y llegar a la verdad jurídica.
No podemos hacer de México un país de linchamiento físico y
mediático. La justicia y los derechos humanos no son asuntos de opinión
pública. La justicia no se puede politizar y manipular como lo hizo Felipe Calderón
y sus incondicionales.
Valiente y
trascendental fue la decisión de la SCJN, que ahora siembra un gran precedente
para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho. En adelante, queda claro
que TODOS los casos procesados y que se procesen en las agencias del ministerio
público y en los juzgados deberán desahogarse respetando los derechos humanos
de las víctimas y de los victimarios desde la detención, porque la experiencia
nos demuestra que la corrupción y la impunidad oficial fabrican delincuentes y
desprotegen a las víctimas.
De hecho, la SCJN
enmendó la plana al ministerio público y a los jueces y magistrados de la
causa; con las pruebas irregulares en su poder (violación al debido proceso y a
la presunción de inocencia, montaje televisivo, tortura de detenidos, falta de
aviso al consulado francés) los jueces NUNCA debieron sentenciar a Florence. Su
obligación era rechazar las pruebas por ilegales.
Bajo el esquema de la
Nueva Reforma Penal Acusatoria que entrará en vigor en todo México a más tardar
en 2016, Florence nunca hubiera sido sentenciada como culpable.
Ahora, el Estado
Mexicano deberá reparar el daño a las víctimas del secuestro, que siguen mereciendo
justicia y reparación del daño. Estas han sido doblemente victimizados: por sus
secuestradores (que a ciencia cierta ahora no sabemos quiénes son) y por los
actos de autoridades que pervirtieron el proceso para llegar a la verdad
jurídica.
Y nos guste o no, sin
saber en realidad si es inocente o culpable de secuestro y otros delitos graves,
Florence Cassez es también víctima porque estuvo presa más de 7 años gracias a
argucias extralegales que la inculparon. A ella y a las víctimas del secuestro
el Estado deberá reparar el daño bajo la nueva Ley General de Víctimas, además
de perseguir y juzgar a quienes torcieron la ley.
Así nomás. Que nos
sirva de lección.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste, A.C.
Enero de 2013
CASO CASSEZ: NUEVOS
AIRES DE JUSTICIA
Por Raúl Ramírez Baena*
A riesgo de ser
crucificado por quienes piensen diferente, que sin duda son muchos, expreso
aquí mi opinión sobre el controversial caso que resolvió el pasado 23 de enero
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dice un indignado Ciro
Gómez Leyva así como María Elena Morera que, ahora, la Suprema Corte de
Justicia deberá ofrecer al pueblo de México una explicación “lisa y llana” del
por qué se libero a Florence Cassez. Humildemente disiento de esa opinión.
Quienes deben ofrecer
una explicación al pueblo y rendir cuentas ante la justicia son Felipe Calderón
Hinojosa, Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca, acerca del por qué el
montaje mediático y su empecinamiento en encubrir violaciones graves al debido
proceso y a la presunción de inocencia de Florence, que metieron en un
predicamento al país ante Francia y el mundo entero. Algo así sucedió con el
“Michoacanazo”, con los generales detenidos y con miles de personas exhibidas y
sentenciadas a pesar de graves irregularidades y violaciones de origen a sus
derechos humanos.
A mi juicio hay tres
grupos de personas que se oponen a la resolución de la Corte que arrojó la
liberación de la ciudadana francesa:
1) Aquellos académicos y juristas que de
buena fe interpretan las leyes asumiendo que los ministros tomaron la decisión
equivocada. De hecho, la resolución de la Primera Sala de la SCJN que favoreció
la liberación inmediata de Florence fue dividida: tres contra dos;
2) Ciudadanas y ciudadanos, incluso
medios de comunicación, que opinan también de buena fe pero invadidos de miedos
y prejuicios propios de una cultura de la violencia; caen en confusiones y prejuzgan
que se liberó a una secuestradora, que las víctimas del secuestro quedan desamparadas
de justicia y que la Corte avaló la impunidad. Es verdaderamente preocupante
que una gran mayoría indignada no entienda el fondo y el alcance de la
resolución de la SCJN, y
3) Sectores conservadores como Gustavo
Madero, dirigente del PAN, los periodistas
Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín; Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí (estos
dos, víctimas de delito), Ma. Elena Morera y Samuel González, entre otros
cercanos al calderonismo, que confunden a la opinión pública, politizan el caso
y radicalizan su posición en aras de audiencia y protagonismo.
Contradictoriamente, se oponen también a la nueva Ley General de Víctimas.
AMLO politiza también
el asunto al declarar que “se cometió una injusticia y la decisión de los
ministros de la SCJN –influida por Peña Nieto para quedar bien con Francia,
dice- sólo subraya que en México lo que reina es la impunidad y la corrupción”.
Hay un falso debate
que se promueve en algunos medios y que habría que aclarar: La Corte no se
pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez ni despojó a las víctimas
de secuestro de sus derechos. La Corte sólo decidió anular las pruebas de la
SSP y del Ministerio Público en contra de Cassez porque FUERON OBTENIDAS DE
MANERA IRREGULAR, y la justicia no se puede impartir mediante corruptelas,
errores en los procesos legales y violaciones de origen a los derechos humanos,
en contra de quien sea.
El amparo que resolvió
la SCJN, como todos, no juzgó a las partes en conflicto, a las víctimas y a los
presuntos victimarios, sino las violaciones a los derechos humanos, que las
hubo, cometidas por las autoridades. La SCJN no entró a la litis del asunto, no negó ni dio la razón a las víctimas del
secuestro en que se juzgó a Cassez. Resolvió sobre la legalidad y validez de
las pruebas obtenidas para impartir justicia y llegar a la verdad jurídica.
No podemos hacer de México un país de linchamiento físico y
mediático. La justicia y los derechos humanos no son asuntos de opinión
pública. La justicia no se puede politizar y manipular como lo hizo Felipe Calderón
y sus incondicionales.
Valiente y
trascendental fue la decisión de la SCJN, que ahora siembra un gran precedente
para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho. En adelante, queda claro
que TODOS los casos procesados y que se procesen en las agencias del ministerio
público y en los juzgados deberán desahogarse respetando los derechos humanos
de las víctimas y de los victimarios desde la detención, porque la experiencia
nos demuestra que la corrupción y la impunidad oficial fabrican delincuentes y
desprotegen a las víctimas.
De hecho, la SCJN
enmendó la plana al ministerio público y a los jueces y magistrados de la
causa; con las pruebas irregulares en su poder (violación al debido proceso y a
la presunción de inocencia, montaje televisivo, tortura de detenidos, falta de
aviso al consulado francés) los jueces NUNCA debieron sentenciar a Florence. Su
obligación era rechazar las pruebas por ilegales.
Bajo el esquema de la
Nueva Reforma Penal Acusatoria que entrará en vigor en todo México a más tardar
en 2016, Florence nunca hubiera sido sentenciada como culpable.
Ahora, el Estado
Mexicano deberá reparar el daño a las víctimas del secuestro, que siguen mereciendo
justicia y reparación del daño. Estas han sido doblemente victimizados: por sus
secuestradores (que a ciencia cierta ahora no sabemos quiénes son) y por los
actos de autoridades que pervirtieron el proceso para llegar a la verdad
jurídica.
Y nos guste o no, sin
saber en realidad si es inocente o culpable de secuestro y otros delitos graves,
Florence Cassez es también víctima porque estuvo presa más de 7 años gracias a
argucias extralegales que la inculparon. A ella y a las víctimas del secuestro
el Estado deberá reparar el daño bajo la nueva Ley General de Víctimas, además
de perseguir y juzgar a quienes torcieron la ley.
Así nomás. Que nos
sirva de lección.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste, A.C.
Enero de 2013
