“Nos volvimos conscientes del derecho a tener derechos… y del derecho a pertenecer
a algún tipo de comunidad organizada, sólo cuando aparecieron millones de personas
que habían perdido dichos derechos y ya no podían recuperarlos…”.
Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo, 1951.
La famosa Ley de Inmigración de Arizona SB-1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio de 2010 si antes no es suspendidas toda o en parte por un juzgado federal, no podríamos entenderla, sus razones y su aprobación por la legislatura de ese Estado, sin entender a su vez la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es más bien una ideología.
Este postulado se basa en la imposición de un pensamiento absolutista, incompatible con los derechos humanos y la democracia. Según el Pentágono, se justifica por la necesidad de proteger el territorio y la seguridad de los Estados Unidos de las amenazas fenomenológicas externas: El narcotráfico, los movimientos sociales, las epidemias, la inmigración ilegal y, a partir del 09-11-03, en primer lugar, el terrorismo.
Para cumplir sus objetivos es necesario echar mano de las fuerzas armadas y de la fuerza pública, tanto en territorio norteamericano como en los países del Sur. Es así que, desde América Latina, también se protege la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, gracias a la complacencia de los gobernantes.
Esto puede explicar, en parte, el por qué México tolera la represión de inmigrantes provenientes de Centroamérica en su viaje a la Unión Americana, o se enfrasca en una “guerra” fraticida contra el crimen organizado para controlar el trasiego de droga hacia el vecino país del norte. Los muertos (23 mil en este sexenio) los ponemos nosotros (“daño colateral”, dice el Gral. Galván), y las violaciones a los derechos humanos, sin freno.
La defensa de la Soberanía norteamericana no puede ni debe frenar su economía, basada en la imposición de condiciones financieras, económicas y sociales a los países pobres. Para ello, se crean el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (libre paso a los capitales y las mercancías y la “administración” de los asuntos migratorios para racionar la mano de obra barata en función de los ciclos de la economía); el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), anteponiendo la “seguridad” de los Estados Unidos a la “prosperidad” de los países pobres y, últimamente, la Iniciativa Mérida, que es un plan de financiamiento y apoyo militar a México y Centroamérica para “frenar” el narcotráfico. Estos tres programas persiguen un objetivo común.
¿Pero qué tiene que ver en todo esto la SB-1070? Pues forma parte de la misma lógica, ya que es una consecuencia de la ideología basada en la superioridad económica y racial de los norteamericanos blancos. La política no puede ser ajena a esta ley, pues su promoción representa votos para los Republicanos y los Demócratas racistas.
El Estado de Arizona no tiene ni la capacidad operativa ni los recursos suficientes para perseguir a todos los inmigrantes indocumentados, pero sí crea un insoportable clima de racismo, discriminación y xenofobia en su contra, bajo el riesgo real de ser deportados y de que sus hijos nacidos en los Estados Unidos sean entregados al gobierno.
Ley inconstitucional que regresa a la era del racismo primitivo
Tarde o temprano, en primera o ultima instancia, la justicia federal abrogará la Ley de Inmigración de Arizona denominada SB-1070, sobre todo las Secciones 2, 3, 6 y 10 que facultan al Estado de Arizona a través de sus policías, a determinar la situación de los inmigrantes y, en su caso, expulsar a los indocumentados, facultades que en la Constitución de los Estados Unidos, como en México, competen a la autoridad federal.
La SB-1070, que afecta directamente a 400 mil inmigrantes, permite la intervención de los agentes de la policía estatal y municipal (condados) con el fin de revisar la condición migratoria de las personas, basados únicamente en la “sospecha razonable” de que se encuentran indocumentados en el país, así como arrestar a una persona sin orden judicial si el agente dispone de una “causa probable” para creer que tiene un estatus “ilegal”.
También convierte en delito transportar en un vehículo a un indocumentado aunque sea familiar y el hecho de estar en el país ilegalmente, cuya pena conlleva hasta seis meses de cárcel, y establece que las personas indocumentadas son culpables de haber entrado sin autorización. La SB-1070 se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito que las personas indocumentadas soliciten trabajo, y que cualquier persona contrate o intente contratar a un inmigrante indocumentado.
“La ley puede conducir a la detención y el interrogatorio de personas fundamentalmente sobre la base de sus características étnicas aparentes”, señalaron expertos de la ONU, entre ellos el Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial para los Derechos de los Migrantes. “En Arizona, las personas que parecen de origen mexicano, latinoamericano o indígena corren un especial riesgo de que se les aplique la ley”. La ley autoriza la acción policial basada en la percepción del origen étnico de las personas.
Si bien los Estados-Nación tienen el derecho soberano de resguardar sus fronteras y decidir qué extranjeros entran o no a su país, esto debe hacerse de manera ordenada y sin violación de los derechos humanos, es decir, sin colocar a las personas en situación de riesgo a su integridad, su vida, sus libertades y garantías. Los Estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación. Además, los estándares Internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicha detención esté sujeta a la revisión judicial.
Por si fuera poco, la SB-1070 fue adoptada casi al mismo tiempo que la ley que prohíbe los programas escolares de Arizona que estén diseñados fundamentalmente para alumnos y alumnas de un grupo étnico particular, o que “aboguen por la solidaridad étnica en lugar de por el tratamiento de los escolares como personas”. O sea, los latinoamericanos u otro grupo étnico no pueden organizarse para defender sus derechos.
Las cosas han llegado a tal extremo en Arizona, que los republicanos de este Estado están considerando presentar otra legislación que niegue las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona, cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª Enmienda de la Constitución que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la nacionalidad a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pearce, quien ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona.
Los Estados Unidos viola la normatividad internacional
Muchos Estados occidentales, entre ellos los Estados Unidos, han manifestado que tienen normas tan buenas como para no necesitar de tratados. Ese es el mismo argumento para no aprobar los tratados respecto de los derechos de los niños, la protección del medio ambiente y la inmigración. Por ello, los Estados Unidos no han aprobado ni ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, tratado adoptado por la ONU que entró en vigor para todos los países –incluido los Estados Unidos- el 1º. de julio de 2003.
En los artículos 22 y 56 de dicha Convención se aborda la cuestión de la expulsión y de la expulsión arbitraria. En el párrafo 1 del artículo 22 se prohíben expresamente las medidas de expulsión colectiva. Cualquier decisión de expulsión deberá ser adoptada por la autoridad competente (en el caso de los Estados Unidos, la autoridad federal) conforme a la ley (párrafo 2 del artículo 22) y sólo por razones definidas en la legislación nacional del Estado de empleo (párrafo 1 del artículo 56). En el párrafo 4 del artículo 22 se establece que, salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, "los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello".
Así, contrario a lo que establece la norma internacional, la SB-1070, que es una ley estatal, no otorga a los indocumentados el derecho a apelar su expulsión, a pesar de que no representen una amenaza real ni inminente para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del Estado de Arizona, como los terroristas o los narcotraficantes.
Raúl Ramírez Baena
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Mexicali, B.C., julio de 2010.
Wednesday, July 28, 2010
Tuesday, May 4, 2010
PARA ENTENDER LA AGRESION EN SAN JUAN COPALA
Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policíaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaban víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), asediada y aislada por los paramilitares de la UBISORT por ser opositora al régimen de Ulises Ruíz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En el año 2001, en el marco de la Caravana Zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruíz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el EZLN y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada “Ley Cocopa”, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del PRI y el PAN aprobaron una reforma al Artículo 2º. Constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la AUTONOMIA de las comunidades indígenas basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la AUTONOMIA DE FACTO de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruíz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista norteamericano independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruíz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 25 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia) integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la UBISORT afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jyri Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Erika Ramírez y Daniel Cilia (herido) estuvieron desaparecidos escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…). Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruíz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (ex Procurador General de Justicia del Estado, ex Ombudsman de Oaxaca y ex presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas y con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruíz responsabilizó a la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la CNDH accedieron a organizar un Seminario con invitados internacionales y representantes de las ONG, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores Civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal Mecanismo, por principio de cuentas, debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a la voluntad política del gobierno (¿?) de Ulises Ruíz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del Estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la UBISORT a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflageado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las fuerzas armadas, provocando dos muertos, seis heridos y cuatro desaparecidos sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del ejército o la marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruíz? Sólo pregunto.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaban víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), asediada y aislada por los paramilitares de la UBISORT por ser opositora al régimen de Ulises Ruíz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En el año 2001, en el marco de la Caravana Zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruíz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el EZLN y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada “Ley Cocopa”, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del PRI y el PAN aprobaron una reforma al Artículo 2º. Constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la AUTONOMIA de las comunidades indígenas basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la AUTONOMIA DE FACTO de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruíz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista norteamericano independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruíz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 25 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia) integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la UBISORT afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jyri Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Erika Ramírez y Daniel Cilia (herido) estuvieron desaparecidos escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…). Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruíz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (ex Procurador General de Justicia del Estado, ex Ombudsman de Oaxaca y ex presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas y con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruíz responsabilizó a la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la CNDH accedieron a organizar un Seminario con invitados internacionales y representantes de las ONG, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores Civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal Mecanismo, por principio de cuentas, debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a la voluntad política del gobierno (¿?) de Ulises Ruíz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del Estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la UBISORT a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflageado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las fuerzas armadas, provocando dos muertos, seis heridos y cuatro desaparecidos sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del ejército o la marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruíz? Sólo pregunto.
Tuesday, March 17, 2009
POBRES BUENOS Y POBRES MALOS
Sin pretender desatar una estéril polémica con el Arq. Víctor Hermosillo, a quien expreso mis más sinceros respetos, articulista del prestigiado periódico La Crónica de Baja California, no puedo evitar expresar un comentario sobre su artículo publicada en la edición del pasado domingo 8 de marzo, en referencia al asunto de Los Santorales, zona marginada de Mexicali donde semanas atrás se desató una epidemia que arrojó varios muertos.
Cito textualmente al Arq. Hermosillo: “Conozco la mayor parte de las colonias marginadas de la ciudad (…). Hay dos razones por las que las he visitado. La primera porque fui candidato (por el PAN a la presidencia municipal de Mexicali) (…). La otra razón es por la búsqueda de albañiles, carpinteros y ayudantes que por su condición económica viven en estos barrios (el Arq. Hermosillo es propietario de una empresa constructora).”
Sigue: “Hay pobres buenos y pobres malos, pobres responsables y pobres irresponsables, pobres limpios y pobres sucios (…). La pobreza es una condición universal. En este mundo hay mucho (sic) más pobres que ricos, la diferencia es que hay pobres con buenas costumbres y pobres con malas costumbres (…). El problema en nuestro País es que no les hemos enseñado buenas costumbres.”
Hay más, pero hasta aquí las citas.
Don Víctor expresa fielmente la mentalidad de los dueños del dinero y de quienes hoy gobiernan este país. Para ellos, los pobres están condenados. Siempre van a existir porque son necesarios para conseguir votos y para generar riqueza a costa de su mano de obra barata; solo hay que enseñarles a que se porten bien y a que no reclamen, a pesar de las penurias y carencias que irremediablemente y por destino divino padecen (en el cielo recibirán su recompensa, a menos que sean malos, irresponsables y de malas costumbres, como por ejemplo, ser sucios, reclamar sus derechos civiles, sociales y laborales, hacer manifestaciones, etc.).
Lo que quizá nos quiso decir Don Víctor es que a los habitantes de Los Santorales les cayó el virus de la rickettsia por sucios –que oficialmente fue el culpable de las muertes-, cosa de la que, obvio, se salvan los ricos, porque todos deben ser muy limpios. En realidad, a Los Santorales les cayó el virus más letal: la pobreza.
Lo que no nos dice Don Víctor es si hay ricos buenos y ricos malos (como los que generan su riqueza en base a la explotación de las fuerzas de trabajo, la corrupción o el fraude), si hay ricos responsables y ricos irresponsables, si hay ricos con buenas costumbres y ricos con malas costumbres. En este último caso, ¿quién les enseñaría las buenas costumbres?
Todas estas y más preguntas me hago acerca de las ideas de quien gobernó Mexicali de 1998 al 2001.
Cito textualmente al Arq. Hermosillo: “Conozco la mayor parte de las colonias marginadas de la ciudad (…). Hay dos razones por las que las he visitado. La primera porque fui candidato (por el PAN a la presidencia municipal de Mexicali) (…). La otra razón es por la búsqueda de albañiles, carpinteros y ayudantes que por su condición económica viven en estos barrios (el Arq. Hermosillo es propietario de una empresa constructora).”
Sigue: “Hay pobres buenos y pobres malos, pobres responsables y pobres irresponsables, pobres limpios y pobres sucios (…). La pobreza es una condición universal. En este mundo hay mucho (sic) más pobres que ricos, la diferencia es que hay pobres con buenas costumbres y pobres con malas costumbres (…). El problema en nuestro País es que no les hemos enseñado buenas costumbres.”
Hay más, pero hasta aquí las citas.
Don Víctor expresa fielmente la mentalidad de los dueños del dinero y de quienes hoy gobiernan este país. Para ellos, los pobres están condenados. Siempre van a existir porque son necesarios para conseguir votos y para generar riqueza a costa de su mano de obra barata; solo hay que enseñarles a que se porten bien y a que no reclamen, a pesar de las penurias y carencias que irremediablemente y por destino divino padecen (en el cielo recibirán su recompensa, a menos que sean malos, irresponsables y de malas costumbres, como por ejemplo, ser sucios, reclamar sus derechos civiles, sociales y laborales, hacer manifestaciones, etc.).
Lo que quizá nos quiso decir Don Víctor es que a los habitantes de Los Santorales les cayó el virus de la rickettsia por sucios –que oficialmente fue el culpable de las muertes-, cosa de la que, obvio, se salvan los ricos, porque todos deben ser muy limpios. En realidad, a Los Santorales les cayó el virus más letal: la pobreza.
Lo que no nos dice Don Víctor es si hay ricos buenos y ricos malos (como los que generan su riqueza en base a la explotación de las fuerzas de trabajo, la corrupción o el fraude), si hay ricos responsables y ricos irresponsables, si hay ricos con buenas costumbres y ricos con malas costumbres. En este último caso, ¿quién les enseñaría las buenas costumbres?
Todas estas y más preguntas me hago acerca de las ideas de quien gobernó Mexicali de 1998 al 2001.
Wednesday, March 4, 2009
ESTADO DE EXCEPCION DE FACTO
Hoy por hoy existe en México un paralelismo directamente proporcional: A medida que se incrementa la crisis económica y el desempleo, crece la presencia militar en las carreteras y en las calles de nuestras ciudades, particularmente en la frontera norte.
Esta combinación no es casual. La entrevista que en días pasados ofreció Felipe Calderón al periodista Jorge Zepeda Patterson de El Universal es por demás elocuente, y nos muestra a un presidente débil, desesperado e impotente ante el fracaso en el control de la crisis financiera y de su carta fuerte para combatir al narcotráfico: Las Fuerzas Armadas.
“O son los narcos o es el Estado”, dice Calderón. En un acto de desesperación, echa la culpa a los gobiernos priístas y a (la corrupción de) los gringos (La Jornada, 05 de marzo de 2009), quienes por supuesto tienen su parte de responsabilidad.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Duarte, sugiere analizar la “suspensión de las garantías” y aplicar el “Estado de excepción” si las acciones contra la delincuencia organizada fallan, dice. Reconoció que "es una medida muy drástica el uso del Artículo 29 constitucional, pero si las cosas siguen así es algo que se tiene que empezar a analizar." (La Jornada, 12 de febrero de 2009).
Dicho precepto faculta al Ejecutivo, con el aval del Congreso, a suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías por un tiempo limitado en caso de perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad esté en grave peligro, como es el caso de la violencia extrema y el clima de terror provocados por el crimen organizado.
El diputado Duarte, que quiere gobernar su estado natal Chihuahua, a nadie sorprende con su maniqueísmo político. Las garantías se han suspendido ya y se aplica de facto el Estado de excepción en regiones del país, sin la debida aprobación del Congreso, y él lo sabe. Las reformas penales, los sistemas de control y confianza policial y la estrategia militar, simplemente han fallado.
En la perspectiva de los Estados Unidos, el narcotráfico representa una amenaza para su Seguridad Nacional, al igual que el terrorismo, la inmigración indocumentada y los movimientos sociales en Latinoamérica y el resto del mundo. Motivo por el cual, alientan y apoyan la salida militar en México.
De no resolverse rápidamente la crisis económica y la ingobernabilidad en algunas regiones del país en manos del narcotráfico (lo que han dado en llamar la CIA “el Estado fallido” en entidades con mayor conflicto de violencia criminal), México va directo hacia el autoritarismo, con la aprobación de nuestros vecinos del norte, con todo y Barack Obama.
Por su parte, para controlar el descontento popular, la Suprema Corte de Justicia ha dado su aval a la represión de los movimientos al exonerar al procurador Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública en el (des) gobierno de Fox, y a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y fuerte contendiente a la presidencia, en la infausta represión física, judicial y política de los pobladores y líderes de San Salvador Atenco, de hace casi tres años. Es la lección para la criminalización de los movimientos sociales.
Sin embargo, el mayor peligro para la Seguridad Nacional y las inversiones extranjeras (que parece ser es lo único que interesa al régimen y en lo que basa el “desarrollo nacional”, sin atender el fondo de la crisis económica familiar y sus secuelas), no provienen del descontento social, sino del crimen organizado, al que no pueden parar por su alto poder de corrupción y por su capacidad de mandar en algunas regiones del país, en dependencias públicas y en corporaciones policíacas.
Ya lo dijo Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA: “Para la DEA, la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que ‘ninguno de los capos de los cárteles de la droga’ se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.
“Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros (como algunos capos colombianos), estaríamos dispuestos a aceptar sus propuestas (lo que demuestra que sí se dan negociaciones con los narcos), pero ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazados por las operaciones del gobierno mexicano” (Proceso, No. 1686, 22 de febrero de 2009). Que no es el caso.
Felipe está metido en un embrollo: grave crisis económica, crimen organizado galopante en el que sicarios capturados y que lideran cárteles son ex militares y ex policías, un gabinete de cuates conflictivo y opaco que no resuelve nada sino al contrario, “fuego amigo” proveniente de su partido en vísperas de elecciones federales, un PRI envalentonado por las encuestas que amenaza con regresar a Los Pinos, fuerte presión de la DEA y del FBI para “limpiar” de corrupción las corporaciones y dependencias, impunidad, intereses del capital internacional que exige su cuota de apoyos en campaña, descontento social, el peje… ufff.
Y al final, como siempre, donde aparecen muertos y hay balazos, lo único que se le ocurre al presidente y a los gobernadores es… enviar más soldados (36 mil militares están ya en las calles y carreteras del país). Al fin que, como siempre, quien paga los platos rotos por la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción oficial es el pueblo, que aguanta todo.
A la suspensión de las garantías y al Estado de excepción sólo hace falta oficializarlos. Sería algo así como admitir el Estado fallido.
Marzo de 2009
Esta combinación no es casual. La entrevista que en días pasados ofreció Felipe Calderón al periodista Jorge Zepeda Patterson de El Universal es por demás elocuente, y nos muestra a un presidente débil, desesperado e impotente ante el fracaso en el control de la crisis financiera y de su carta fuerte para combatir al narcotráfico: Las Fuerzas Armadas.
“O son los narcos o es el Estado”, dice Calderón. En un acto de desesperación, echa la culpa a los gobiernos priístas y a (la corrupción de) los gringos (La Jornada, 05 de marzo de 2009), quienes por supuesto tienen su parte de responsabilidad.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Duarte, sugiere analizar la “suspensión de las garantías” y aplicar el “Estado de excepción” si las acciones contra la delincuencia organizada fallan, dice. Reconoció que "es una medida muy drástica el uso del Artículo 29 constitucional, pero si las cosas siguen así es algo que se tiene que empezar a analizar." (La Jornada, 12 de febrero de 2009).
Dicho precepto faculta al Ejecutivo, con el aval del Congreso, a suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías por un tiempo limitado en caso de perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad esté en grave peligro, como es el caso de la violencia extrema y el clima de terror provocados por el crimen organizado.
El diputado Duarte, que quiere gobernar su estado natal Chihuahua, a nadie sorprende con su maniqueísmo político. Las garantías se han suspendido ya y se aplica de facto el Estado de excepción en regiones del país, sin la debida aprobación del Congreso, y él lo sabe. Las reformas penales, los sistemas de control y confianza policial y la estrategia militar, simplemente han fallado.
En la perspectiva de los Estados Unidos, el narcotráfico representa una amenaza para su Seguridad Nacional, al igual que el terrorismo, la inmigración indocumentada y los movimientos sociales en Latinoamérica y el resto del mundo. Motivo por el cual, alientan y apoyan la salida militar en México.
De no resolverse rápidamente la crisis económica y la ingobernabilidad en algunas regiones del país en manos del narcotráfico (lo que han dado en llamar la CIA “el Estado fallido” en entidades con mayor conflicto de violencia criminal), México va directo hacia el autoritarismo, con la aprobación de nuestros vecinos del norte, con todo y Barack Obama.
Por su parte, para controlar el descontento popular, la Suprema Corte de Justicia ha dado su aval a la represión de los movimientos al exonerar al procurador Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública en el (des) gobierno de Fox, y a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y fuerte contendiente a la presidencia, en la infausta represión física, judicial y política de los pobladores y líderes de San Salvador Atenco, de hace casi tres años. Es la lección para la criminalización de los movimientos sociales.
Sin embargo, el mayor peligro para la Seguridad Nacional y las inversiones extranjeras (que parece ser es lo único que interesa al régimen y en lo que basa el “desarrollo nacional”, sin atender el fondo de la crisis económica familiar y sus secuelas), no provienen del descontento social, sino del crimen organizado, al que no pueden parar por su alto poder de corrupción y por su capacidad de mandar en algunas regiones del país, en dependencias públicas y en corporaciones policíacas.
Ya lo dijo Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA: “Para la DEA, la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que ‘ninguno de los capos de los cárteles de la droga’ se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.
“Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros (como algunos capos colombianos), estaríamos dispuestos a aceptar sus propuestas (lo que demuestra que sí se dan negociaciones con los narcos), pero ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazados por las operaciones del gobierno mexicano” (Proceso, No. 1686, 22 de febrero de 2009). Que no es el caso.
Felipe está metido en un embrollo: grave crisis económica, crimen organizado galopante en el que sicarios capturados y que lideran cárteles son ex militares y ex policías, un gabinete de cuates conflictivo y opaco que no resuelve nada sino al contrario, “fuego amigo” proveniente de su partido en vísperas de elecciones federales, un PRI envalentonado por las encuestas que amenaza con regresar a Los Pinos, fuerte presión de la DEA y del FBI para “limpiar” de corrupción las corporaciones y dependencias, impunidad, intereses del capital internacional que exige su cuota de apoyos en campaña, descontento social, el peje… ufff.
Y al final, como siempre, donde aparecen muertos y hay balazos, lo único que se le ocurre al presidente y a los gobernadores es… enviar más soldados (36 mil militares están ya en las calles y carreteras del país). Al fin que, como siempre, quien paga los platos rotos por la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción oficial es el pueblo, que aguanta todo.
A la suspensión de las garantías y al Estado de excepción sólo hace falta oficializarlos. Sería algo así como admitir el Estado fallido.
Marzo de 2009
Wednesday, December 10, 2008
PENA DE MUERTE: MANIQUEISMO POLITICO Y POPULISMO PENAL
Al margen de que la gente auténticamente este o no a favor de la pena de muerte, por las razones que sean, no se vale manipular la conciencia social y la opinión pública.
La oposición del PAN y del PRD a la pena de muerte es por cuestiones ideológicas. La posición de PRI por “debatir” el tema en el Congreso de la Unión, y ahora también en el de Baja California, es por oportunismo político; para que la genta se percate que ellos, a diferencia de los otros, sí son sensibles al sentir popular; ergo, que voten por ellos.
Herederos de la revolución social y de las ideas liberales, los priístas evolucionaron hasta convertirse en políticos avezados, camaleonescos, que golpean y soban, que aprietan y aflojan, que reciben y reparten, de mano derecha y mano izquierda. Saben muy bien hacia donde van y lo que quieren. Pero ahora si se pasaron de la raya.
Me queda claro que la intención de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila que empujó la aprobación de la pena de muerte en su estado, y del PRI, es posicionarse ante las elecciones federales del 2009, aprovechando la demanda de una ciudadanía desesperada, temerosa, poco informada y enojada, cuya urgencia es que cese la violencia y el crimen e impere el orden y la paz social. De paso, Moreira intenta sumar puntos para “la grande”, para competir en serio contra Peña Nieto. Y esta es la coyuntura ideal que encontró.
No les importa la violencia, la impunidad y la corrupción. Es más, entre más se agudice la inseguridad, mejor; entre más violencia haya, mejor; entre más apuros pase Calderón, mejor; entre más se divida la izquierda, mejor. Es su oportunidad en la crisis.
Todo es una auténtica manipulación, engañando a la gente sobre reinstaurar en México la pena de muerte. Los priístas saben muy bien que eso no es posible. ¿Por qué?
El artículo 22 de la Carta Magna, en la reforma del año 2006 establece: “Quedan prohibidas las PENAS DE MUERTE, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales…” (los subrayados son nuestros).
Como México es un Estado federado, para reformar este artículo se necesitaría mayoría calificada en las Cámaras de Senadores y de Diputados (dos terceras partes). El PRI y el PVEM, su aliado principal, no lo lograrían por si mismos. En el improbable caso de que así sea, tendrían que pasar las aduanas de, por lo menos, 16 Congresos locales que voten por la reforma constitucional para reinstaurar la pena de muerte. Difícil.
Hay algo más: La fracción 3 del artículo 4º. de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento vinculatorio ratificado por México el 24 de marzo de 1981, luego entonces Ley Suprema de la Nación tal y como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dispone: “NO SE RESTABLECERA LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS QUE LA HAN ABOLIDO” (subrayado nuestro). Como es el caso de México.
Nuevamente, en el supuesto de que fuera reformada nuestra Constitución para aplicar la pena de muerte, México podría entonces ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la cual México reconoce su competencia contenciosa), en virtud de la violación a derechos humanos contenidos en la Convención Americana.
Y por si fuera poco, México es hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este ultimo encargado de evaluar los avances de las naciones en la materia. Además, en el 2007, México ratificó en la ONU el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, que establece el compromiso de los Estados a no ejecutar a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción y de adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Para ello, reconoce también la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El próximo 19 de febrero México se someterá por primera vez al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, del cual forma parte. Con todo esto, ¿en que papel quedaría México en el caso de avanzar en pena de muerte? Imagínese usted.
Así es que, la decisión de implementar o no la pena de muerte en México no es un asunto de consultas ciudadanas (como ingenuamente propone también José Carlos Vizcarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California) ni de debates legislativos, que en el caso que nos ocupa son improcedentes por las razones descritas.
¿Usted cree que el gobernador Humberto Moreira no sabe esto? ¿Cree en la sinceridad de Manlio Fabio y de Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”) cuando proponen debatir este asunto en el Congreso? ¿O en el diputado local por Baja California, Catalino Zavala (ex trotskista-perretista, ex legislador local del PARM, regidor y diputado local nuevamente por el PRD y ahora diputado por tercera ocasión, pero por el PRI!!), quien presentó el 4 de diciembre “Iniciativa de Acuerdo relativa a analizar la conveniencia de incorporar al marco jurídico estatal la figura de pena de muerte a secuestradores”?
El 9 de diciembre se cumplieron tres años de la abolición de la pena de muerte en México, propuesta legislativa iniciada por tres senadores priístas: Fernando Solana, Salvador Rocha Díaz y Heladio Ramírez López. Se eliminó de la Constitución esa pena —inexistente en los hechos desde hace 50 años— con casi todos los votos en el Congreso del PRI y del Partido Verde, conservacionista que ahora desarrolla una campaña nacional por la pena capital, al mismo tiempo que votó en el Congreso de Baja California por elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción.
Desde luego que estamos plenamente de acuerdo en que se capture y se castigue con todo el rigor de la ley a los peores criminales. Pero me queda claro que el objetivo de nuestros ilustres personajes no es la justicia, sino el poder a costa de los sentimientos y la expectativa popular. La irresponsabilidad ética y política de estos priístas (no todos son igual, conste) lo único que va a lograr es exacerbar peligrosos sentimientos punitivos, de linchamiento social y de venganza, caldo de cultivo del fascismo.
La oposición del PAN y del PRD a la pena de muerte es por cuestiones ideológicas. La posición de PRI por “debatir” el tema en el Congreso de la Unión, y ahora también en el de Baja California, es por oportunismo político; para que la genta se percate que ellos, a diferencia de los otros, sí son sensibles al sentir popular; ergo, que voten por ellos.
Herederos de la revolución social y de las ideas liberales, los priístas evolucionaron hasta convertirse en políticos avezados, camaleonescos, que golpean y soban, que aprietan y aflojan, que reciben y reparten, de mano derecha y mano izquierda. Saben muy bien hacia donde van y lo que quieren. Pero ahora si se pasaron de la raya.
Me queda claro que la intención de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila que empujó la aprobación de la pena de muerte en su estado, y del PRI, es posicionarse ante las elecciones federales del 2009, aprovechando la demanda de una ciudadanía desesperada, temerosa, poco informada y enojada, cuya urgencia es que cese la violencia y el crimen e impere el orden y la paz social. De paso, Moreira intenta sumar puntos para “la grande”, para competir en serio contra Peña Nieto. Y esta es la coyuntura ideal que encontró.
No les importa la violencia, la impunidad y la corrupción. Es más, entre más se agudice la inseguridad, mejor; entre más violencia haya, mejor; entre más apuros pase Calderón, mejor; entre más se divida la izquierda, mejor. Es su oportunidad en la crisis.
Todo es una auténtica manipulación, engañando a la gente sobre reinstaurar en México la pena de muerte. Los priístas saben muy bien que eso no es posible. ¿Por qué?
El artículo 22 de la Carta Magna, en la reforma del año 2006 establece: “Quedan prohibidas las PENAS DE MUERTE, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales…” (los subrayados son nuestros).
Como México es un Estado federado, para reformar este artículo se necesitaría mayoría calificada en las Cámaras de Senadores y de Diputados (dos terceras partes). El PRI y el PVEM, su aliado principal, no lo lograrían por si mismos. En el improbable caso de que así sea, tendrían que pasar las aduanas de, por lo menos, 16 Congresos locales que voten por la reforma constitucional para reinstaurar la pena de muerte. Difícil.
Hay algo más: La fracción 3 del artículo 4º. de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento vinculatorio ratificado por México el 24 de marzo de 1981, luego entonces Ley Suprema de la Nación tal y como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dispone: “NO SE RESTABLECERA LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS QUE LA HAN ABOLIDO” (subrayado nuestro). Como es el caso de México.
Nuevamente, en el supuesto de que fuera reformada nuestra Constitución para aplicar la pena de muerte, México podría entonces ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la cual México reconoce su competencia contenciosa), en virtud de la violación a derechos humanos contenidos en la Convención Americana.
Y por si fuera poco, México es hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este ultimo encargado de evaluar los avances de las naciones en la materia. Además, en el 2007, México ratificó en la ONU el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, que establece el compromiso de los Estados a no ejecutar a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción y de adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Para ello, reconoce también la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El próximo 19 de febrero México se someterá por primera vez al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, del cual forma parte. Con todo esto, ¿en que papel quedaría México en el caso de avanzar en pena de muerte? Imagínese usted.
Así es que, la decisión de implementar o no la pena de muerte en México no es un asunto de consultas ciudadanas (como ingenuamente propone también José Carlos Vizcarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California) ni de debates legislativos, que en el caso que nos ocupa son improcedentes por las razones descritas.
¿Usted cree que el gobernador Humberto Moreira no sabe esto? ¿Cree en la sinceridad de Manlio Fabio y de Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”) cuando proponen debatir este asunto en el Congreso? ¿O en el diputado local por Baja California, Catalino Zavala (ex trotskista-perretista, ex legislador local del PARM, regidor y diputado local nuevamente por el PRD y ahora diputado por tercera ocasión, pero por el PRI!!), quien presentó el 4 de diciembre “Iniciativa de Acuerdo relativa a analizar la conveniencia de incorporar al marco jurídico estatal la figura de pena de muerte a secuestradores”?
El 9 de diciembre se cumplieron tres años de la abolición de la pena de muerte en México, propuesta legislativa iniciada por tres senadores priístas: Fernando Solana, Salvador Rocha Díaz y Heladio Ramírez López. Se eliminó de la Constitución esa pena —inexistente en los hechos desde hace 50 años— con casi todos los votos en el Congreso del PRI y del Partido Verde, conservacionista que ahora desarrolla una campaña nacional por la pena capital, al mismo tiempo que votó en el Congreso de Baja California por elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción.
Desde luego que estamos plenamente de acuerdo en que se capture y se castigue con todo el rigor de la ley a los peores criminales. Pero me queda claro que el objetivo de nuestros ilustres personajes no es la justicia, sino el poder a costa de los sentimientos y la expectativa popular. La irresponsabilidad ética y política de estos priístas (no todos son igual, conste) lo único que va a lograr es exacerbar peligrosos sentimientos punitivos, de linchamiento social y de venganza, caldo de cultivo del fascismo.
Wednesday, November 26, 2008
EN RIESGO EL SISTEMA UNIVERSAL DE GARANTIAS
En un buen número de ciudadanos, incluyendo empresarios, juristas, comunicadores, estudiosos de otras disciplinas y, por supuesto, autoridades y legisladores, crece la idea de que ha llegado el momento de sacrificar el régimen de libertades y garantías que con muchos sacrificios ha conquistado la humanidad, en aras del combate al crimen organizado.
Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.
Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.
En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.
La delgada línea entre los buenos y los malos
El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.
Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.
“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.
La pérdida de la memoria histórica
Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.
La represión de la protesta social
Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.
Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.
Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal
Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.
Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.
Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.
En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.
La delgada línea entre los buenos y los malos
El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.
Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.
“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.
La pérdida de la memoria histórica
Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.
La represión de la protesta social
Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.
Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.
Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal
Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.
Friday, June 27, 2008
LOS MUERTOS DE EBRARD, ¿Y LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS DE FOX Y CALDERON?
El pasado 20 de junio, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entró en su peor crisis política: 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías, perdieron la vida aplastados y asfixiados en la discoteca News Divine por errores graves de estrategia policial, negligencia y dolo. Además y por si fuera poco, existen evidencias de abuso policíaco en contra de algunos menores detenidos en el operativo antes y después de la tragedia.
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
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