MORATORIA A LA DEPORTACION DE MIGRANTES

Del tema migratorio en la reciente visita de George W. Bush a México ni vale la pena comentar, a pesar de sus amplias promesas de “hacer todo lo posible” por una reforma migratoria que beneficie a los trabajadores migratorios en los EUA. De la amnistía, ni soñar. Sólo el güero Castañeda fue el único que vio excelente la cumbre.

Bush vino a revisar su patio trasero y por petróleo. Sobre esto último, Felipe Calderón dijo en conferencia de prensa conjunta que el tema no se tocó. Con todo respeto, no le creo. Esta es la mejor señal de que la privatización del petróleo mexicano camina.

Mejor hablemos de la promoción que hace el diputado federal mexicano José Jacques Medina, representante de las comunidades de mexicanos en los EUA. A instancias del diputado Jacques, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados mandató a una comisión de diputados federales, la cual el pasado mes de febrero acudió a Washington a entrevistarse con sus similares del vecino país.

Los legisladores mexicanos intentaban convencer a los norteamericanos de que su Congreso decretara una moratoria a las deportaciones, atendiendo a la problemática social que provocan estas acciones y al impacto de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. El pragmatismo norteamericano les respondió, simple y llanamente, que las decisiones de este tipo se logran con votos, con mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y que ahí habría que concentrarse; que se dejaran de argumentos ideológicos (como lo que plantea la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que ha entrado en vigor en todo el mundo y que los EUA no han ratificado).

Pero lo más sorprendente es que los congresistas norteamericanos pidieron a los mexicanos que se esforzaran en poner el ejemplo en México, que hiciéramos lo propio con la moratoria a nuestras deportaciones y que de ello estarían muy atentos.

No criminalización de la inmigración indocumentada en México

Por lo pronto, el diputado del PRD José Jacques Medina, Secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, promovió el 8 de marzo una reforma a la Ley General de Población para derogar los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127 y reformar el 125. La CNDH se ha manifestado en el mismo sentido.

Estas disposiciones legales, con más de 30 años de vigencia, imponen multas y cárcel por ingresar de manera irregular, reincidir en ello, ostentarse de calidad migratoria no autorizada o proporcionar datos o documentos falsos, por lo que en la iniciativa de Jacques se propone eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante. Lo anterior, atendiendo a que “las penas que operan actualmente no sancionan una conducta ilícita, sino criminalizan la pobreza y las necesidades económicas, políticas o sociales que hacen a los trabajadores de los países vecinos trasladarse a los EUA con el necesario tránsito por nuestro país”.

Sin embargo, recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante en Tecún Uman, Guatemala, frontera con Chiapas, que dirige el padre Ademar Barilli, dan cuenta de que el gobierno de México –congruente con las políticas para la Seguridad Nacional de los EUA-, promueve una estrategia para fortalecer la seguridad en la frontera con Guatemala, y para ello elabora un análisis que incluye cuáles son los puntos porosos y complicados por donde pasan los migrantes, y cuáles son los nuevos métodos para ingresar a México de manera ilegal.

“Todo eso se va a presentar en el transcurso del otro mes al presidente Felipe Calderón; él conocerá lo que llamamos un proyecto integral de la frontera sur, seguro y con pleno respeto a los derechos humanos. Ahí está claramente este diagnóstico y las medidas a implementar”, afirmó Rolando García Alonso, coordinador de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración (INM).

El embajador de Guatemala en México, Arturo Soto Aguirre, dijo no tener conocimiento del plan que elabora el INM. Indicó que esperará la información oficial cuando el documento sea presentado a Calderón. “Estamos pidiendo que nos den el mismo trato que ellos piden a Estados Unidos para sus connacionales”, agregó el jefe de la misión diplomática chapina en la nación azteca.

Durante 2005, en promedio fueron capturadas y deportadas a diario por Guatemala, 512 personas, y el año pasado, 432, lo cual refleja una disminución diaria de 80.

La Cancillería guatemalteca denunció que la recién creada Policía Fronteriza, la cual opera en 18 municipios de Chiapas, ha hecho detenciones, y por ello pidió explicaciones al Gobierno de México. “El próximo paso es entender que no tienen nada qué hacer capturando guatemaltecos”, aseveró por su parte Arturo Soto, embajador chapín en México, luego de comentar que todavía no ha recibido la explicación solicitada a la Secretaria de Relaciones Exteriores. Rolando García Alonso, del INM, aseguró que esa policía no tiene facultades constitucionales para hacer capturas. Sin embargo, las hace.

Por su parte, Cecilia Romero, titular del INM, admitió abusos de algunas autoridades en la captura de inmigrantes, según un cable de la agencia EFE. “Hay, desgraciadamente, excesos cometidos por mexicanos, sean agentes de migración, policías federales preventivos o auxiliares de los operativos”.

México debe dar el primer paso. Por lo pronto, urgen las reformas a la Ley General de Población, y que el Congreso y el gobierno federal valoren con toda seriedad la moratoria a la deportación que México hace de migrantes indocumentados, digo, si queremos que los EUA hagan lo propio.


Mexicali, B.C., 14 de marzo de 2007