En un buen número de ciudadanos, incluyendo empresarios, juristas, comunicadores, estudiosos de otras disciplinas y, por supuesto, autoridades y legisladores, crece la idea de que ha llegado el momento de sacrificar el régimen de libertades y garantías que con muchos sacrificios ha conquistado la humanidad, en aras del combate al crimen organizado.
Posterior al S-11, los halcones norteamericanos encontraron la coyuntura ideal para, según ellos, proteger la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suspendiendo derechos civiles en el país campeón de los derechos humanos (presunción de inocencia, derecho a la debida defensa, a no ser torturado para obtener una declaración, a llevar el proceso en el idioma del detenido, etc.), de aquellas personas sospechosas de participar en actos terroristas, dentro y fuera del país. No se diga el trato a inmigrantes indocumentados.
Bajo esta coyuntura, en México, a partir de la “guerra” declarada por el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, han aumentado en el país en número y en crueldad los crímenes violentos, los secuestros y levantones, sin que nada los detenga, ni aún la participación activa de las fuerzas armadas. La violencia contra civiles es la respuesta del narco, que ha decidido desarrollar una estrategia de reto y confrontación contra el Estado mexicano.
En esta competencia por el mercado de las drogas, por ser el nuestro un régimen neoliberal donde manda la oferta y la demanda, con un Estado que se ha desentendido de su papel de garante, ya no se respetan territorios ni reglas no escritas, y el terrorismo y el sabotaje rondan ya como recursos de las fuerzas ocultas.
La delgada línea entre los buenos y los malos
El gobierno nos ha hecho creer que todo es un asunto de buenos y malos. Pero la línea divisoria es tan difusa que un ciudadano común, sin proponérselo, puede justificar la criminalización de grupos vulnerables, caer sin proponérselo del lado de los “malos”, ser víctima de violación a sus derechos humanos (detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, allanamiento de morada, tortura, etc.), o peor aún, ser víctima de los sicarios.
Así, la violencia institucional es válida en aras del “combate” al crimen organizado, como la militarización y los excesos contra los presuntos culpables, como si esa fuera la solución, creciendo la tendencia hacia la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Las cárceles se ven plagadas de jóvenes pauperizados que no pueden pagar un buen abogado, una fianza o, de plano, comprar la justicia. Y los verdaderamente malos gozan de cabal impunidad.
“El crimen organizado” es un gobierno supranacional con estructura propia, cuyos alfiles administran en el mundo libre el negocio de las drogas y otras actividades ilícitas, al infiltrar las redes financieras, las empresas, las redes gubernamentales, las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas y las redes del tejido social. En esta confusión, ¿quiénes son entonces los que merecen castigo? ¿Los capos, los sicarios, los empresarios lavadores de dinero, los presos, los políticos corruptos, los policías corruptos? ¿O los jóvenes, los grafiteros, los infractores de los bandos de policía, los adictos, los migrantes, los “vagos”, los que no portan identificación , los pobres? Desafortunadamente, da igual.
La pérdida de la memoria histórica
Movida por el temor y la impotencia, más no por la razón, la legalidad y la justicia, la gente clama venganza, ruptura del Estado de Derecho y hasta la muerte violenta contra los criminales presuntos y confesos. A pesar de que no es la solución del conflicto y a riesgo de caer en tentaciones autoritarias, justifican la presencia del ejército y la armada en las calles, olvidando que el apoyo popular a las medidas de fuerza violatorias de los derechos humanos es lo que dio sustento al fascismo del siglo pasado.
La represión de la protesta social
Para encubrir y prevenir la inconformidad ante la desigualdad, la inequidad y la injusticia social, alimentando la campaña mediática de terror, la oligarquía nacional e internacional promueve la suspensión de las libertades, criminalizando la protesta social también llamada desobediencia o resistencia civil, practicada en sus buenos tiempos por los panistas (plantones, mítines, bloqueos de garitas, tomas de edificios públicos y otras manifestaciones populares), todo ello bajo el argumento de “los derechos de terceros”.
Según la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
“La protesta es un derecho, la represión es un delito”, es el grito de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que ven en la peligrosa suspensión de las garantías una amenaza al régimen de derecho. Son las razones del Estado por sobre las razones del Derecho.
Lo que faltaba: la legalización de lo ilegal
Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, en este año hubo un intento legislativo para anular derechos universales y constitucionales históricos. De hecho, al legalizar el “arraigo” se suprimió el valioso principio de “presunción de inocencia”. En una segunda ola reformista, ahora de la seguridad y la justicia, tratarán de nuevo de suprimir garantías. Al fin que la gente lo aprueba todo con el fin de acabar con los malos. Dizque.
Wednesday, November 26, 2008
Friday, June 27, 2008
LOS MUERTOS DE EBRARD, ¿Y LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS DE FOX Y CALDERON?
El pasado 20 de junio, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entró en su peor crisis política: 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías, perdieron la vida aplastados y asfixiados en la discoteca News Divine por errores graves de estrategia policial, negligencia y dolo. Además y por si fuera poco, existen evidencias de abuso policíaco en contra de algunos menores detenidos en el operativo antes y después de la tragedia.
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del Delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país, democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el Jefe de Gobierno se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, quien, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores en la estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué estos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y de su gabinete de Seguridad Pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Porque estas víctimas no son sólo narcos o sicarios; son también policías, ciudadanos como usted y yo y activistas sociales, y ahí hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coah., propiedad de la empresa privada Grupo México. Igual que en el antro News Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La "ayuda humanitaria" de 750 mil pesos que el Grupo México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el Estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE y pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialistas exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del Secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, como sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y para qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca News Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales?
La paja en el ojo ajeno…
PLAN MERIDA: MEXICANOS AL GRITO DE GUEEERRA…
Legisladores de todos los partidos y el gobierno federal mexicano, cual niños héroes envueltos en la bandera mexicana a punto de lanzarse del astil más alto del Castillo de Chapultepec, en voz del representante legal de Ivancar, dijeron un ¡no! contundente a la intentona de los representantes norteamericanos de condicionar la Iniciativa Mérida.
Amnistía Internacional, la ONG más importante del mundo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con estatus consultivo en la ONU, dirigieron una misiva a los congresistas estadounidenses, pidiéndoles incorporar en la Iniciativa Mérida el cumplimiento por el gobierno mexicano de los siguientes puntos:
a) Que se establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado;
b) Asegurar que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte de militares, del fuero militar a la justicia civil;
c) Que se asegure la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y
d) Que el equipo militar no sea utilizado para reprimir a opositores.
Estos puntos, por lógica y compromiso, se deben cumplir y observar rigurosamente por nuestro país con o sin Iniciativa Mérida.
Según nuestros funcionarios y representantes populares, es inaceptable condicionar a México el cumplimiento de los derechos humanos, porque representa un atentado a la Soberanía Nacional. ¿De cuando acá salieron tan patriotas para defender al país del desagravia de, lo que llaman, la vuelta a la “certificación” de México?
Lamentablemente, la intensa campaña mediática desarrollada por el gobierno mexicano en contra de estas condiciones, impactó y condicionó a la opinión pública en ambos países, obligando a los congresistas norteamericanos a dar marcha atrás en su postura, flexibilizando la Iniciativa Mérida, tal y como quería el gobierno de Felipe Calderón.
Es una pena que los legisladores mexicanos, todos, se doblegaran, no cayendo en cuenta que condiciones peores han sido impuestas a México por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante las consabidas recetas financieras que mantienen en crisis permanente a la economía familiar y pauperizada a la clase trabajadora mexicana (no así a la intocable e inmaculada “macroeconomía”).
Destaca también que no se proteste con la misma intensidad por la presencia en México de agentes norteamericanos, armados, del FBI, la DEA y la CIA, y que se abra la posibilidad de que, con tal Iniciativa, el ejército mexicano se integre al Comando Norte de los Estados Unidos, además de la presencia de la IV Flota en aguas del Golfo de México.
Nos gustaría ver que reclamen por el saqueo brutal que hace la banca extranjera en México, o los ventajosos negocios en Pemex y la CFE por las trasnacionales norteamericanas y españolas con cobertura directa desde Gobernación, etc., etc.
O bien, por las condiciones de desventaja de un TLCN que jamás fue aprobado por el Congreso mexicano. Todo ello, que empuja a más pobreza en el campo y la ciudad, más economía informal, más migración hacia los Estados Unidos, más adicciones, más delitos y más crímenes.
No, en todo esto no hay atentados a la Soberanía ni violaciones a los derechos humanos.
♪ Masiosare-un-extraño-enemigo…♪
Amnistía Internacional, la ONG más importante del mundo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con estatus consultivo en la ONU, dirigieron una misiva a los congresistas estadounidenses, pidiéndoles incorporar en la Iniciativa Mérida el cumplimiento por el gobierno mexicano de los siguientes puntos:
a) Que se establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado;
b) Asegurar que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte de militares, del fuero militar a la justicia civil;
c) Que se asegure la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y
d) Que el equipo militar no sea utilizado para reprimir a opositores.
Estos puntos, por lógica y compromiso, se deben cumplir y observar rigurosamente por nuestro país con o sin Iniciativa Mérida.
Según nuestros funcionarios y representantes populares, es inaceptable condicionar a México el cumplimiento de los derechos humanos, porque representa un atentado a la Soberanía Nacional. ¿De cuando acá salieron tan patriotas para defender al país del desagravia de, lo que llaman, la vuelta a la “certificación” de México?
Lamentablemente, la intensa campaña mediática desarrollada por el gobierno mexicano en contra de estas condiciones, impactó y condicionó a la opinión pública en ambos países, obligando a los congresistas norteamericanos a dar marcha atrás en su postura, flexibilizando la Iniciativa Mérida, tal y como quería el gobierno de Felipe Calderón.
Es una pena que los legisladores mexicanos, todos, se doblegaran, no cayendo en cuenta que condiciones peores han sido impuestas a México por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante las consabidas recetas financieras que mantienen en crisis permanente a la economía familiar y pauperizada a la clase trabajadora mexicana (no así a la intocable e inmaculada “macroeconomía”).
Destaca también que no se proteste con la misma intensidad por la presencia en México de agentes norteamericanos, armados, del FBI, la DEA y la CIA, y que se abra la posibilidad de que, con tal Iniciativa, el ejército mexicano se integre al Comando Norte de los Estados Unidos, además de la presencia de la IV Flota en aguas del Golfo de México.
Nos gustaría ver que reclamen por el saqueo brutal que hace la banca extranjera en México, o los ventajosos negocios en Pemex y la CFE por las trasnacionales norteamericanas y españolas con cobertura directa desde Gobernación, etc., etc.
O bien, por las condiciones de desventaja de un TLCN que jamás fue aprobado por el Congreso mexicano. Todo ello, que empuja a más pobreza en el campo y la ciudad, más economía informal, más migración hacia los Estados Unidos, más adicciones, más delitos y más crímenes.
No, en todo esto no hay atentados a la Soberanía ni violaciones a los derechos humanos.
♪ Masiosare-un-extraño-enemigo…♪
Friday, September 7, 2007
TRIUNFO DE LOS DERECHOS HUMANOS
La sentencia emitida el 6 de julio pasado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocando la sentencia del Tribunal Electoral Estatal de Baja California que a su vez anuló la candidatura de Jorge Hank Rhon a la gubernatura, aplicándole la famosa Ley Antichapulin, es una lección no sólo para Baja California sino para todo el país. En especial, el mensaje es para los legisladores, magistrados, jueces, gobernadores, cabildos, colegios de abogados, postulantes, académicos y medios de comunicación, entre otros.
La falta de una Cultura de los Derechos Humanos hace que se desconozcan, o en el peor de los casos, se menosprecien los tratados internacionales en los actos legislativos, en los litigios y en las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Aquí se demostró que los tratados no sólo están vigentes en México, sino que se deben aplicar de manera irrestricta.
El criterio de los magistrados se basó en el principio universal de “progresividad”, que consiste en aplicar a los afectados la norma que más les beneficie. En el caso que nos ocupa, se privilegió en favor de Jorge Hank, Mercedes Maciel, Jaime Xicoténcatl Palafox, Eligio Valencia Roque y demás quejosos (a excepción de los casos de Jorge Astiazarán y Felipe Ruanova, que son tema aparte) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, que son Ley Suprema de toda la Unión (artículo 133 constitucional).
Someter el derecho local (las constituciones y leyes estatales) a la Carta Magna y al Derecho Internacional como lo establece la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 1999, no es un acto de intromisión ni mucho menos un atentado al Pacto Federal como señala la dirigencia estatal del PAN en Baja California. Al contrario, el Pacto, además de otorgarles plena soberanía, también consiste en que los Estados de la República deben hacer sus propias leyes pero respetando y haciendo valer los derechos humanos amparados en la Constitución federal y en los tratados; se obligan también a acatar las resoluciones de los órganos del Poder Judicial Federal, como es el caso.
Y la lección va más allá: Si como anunció dicha dirigencia estatal se promoverá en el Congreso de la Unión una Ley Antichapulin federal, y si se llegara a reformar la Carta Magna (que dudo logre mayoría después de lo visto), basta con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dado el caso, que los afectados acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos político-electorales.
La Ley Antichapulin se debe abrogar de la Constitución de Baja California por ser violatoria a los derechos humanos, como quedo establecido en la sentencia de los magistrados electorales federales. Basta recordar que, en el rejuego político, esas reformas constitucionales se votaron en julio del 2002 en el Congreso local como muchas otras leyes: anteponiendo los intereses de los diputados.
Los derechos humanos no sólo son cosa de abogados ni se someten a consulta ni a encuestas. Los derechos humanos son principios universales plenamente legitimados, ganados por la humanidad a lo largo de la historia con muchos sacrificios y después de serios agravios a la soberanía de los pueblos y a la dignidad de las personas. Por ello no podemos darnos el lujo de retroceder en la historia.
Más que de candidatos, partidos o alianzas, este es un triunfo de los derechos humanos.
La falta de una Cultura de los Derechos Humanos hace que se desconozcan, o en el peor de los casos, se menosprecien los tratados internacionales en los actos legislativos, en los litigios y en las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Aquí se demostró que los tratados no sólo están vigentes en México, sino que se deben aplicar de manera irrestricta.
El criterio de los magistrados se basó en el principio universal de “progresividad”, que consiste en aplicar a los afectados la norma que más les beneficie. En el caso que nos ocupa, se privilegió en favor de Jorge Hank, Mercedes Maciel, Jaime Xicoténcatl Palafox, Eligio Valencia Roque y demás quejosos (a excepción de los casos de Jorge Astiazarán y Felipe Ruanova, que son tema aparte) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, que son Ley Suprema de toda la Unión (artículo 133 constitucional).
Someter el derecho local (las constituciones y leyes estatales) a la Carta Magna y al Derecho Internacional como lo establece la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 1999, no es un acto de intromisión ni mucho menos un atentado al Pacto Federal como señala la dirigencia estatal del PAN en Baja California. Al contrario, el Pacto, además de otorgarles plena soberanía, también consiste en que los Estados de la República deben hacer sus propias leyes pero respetando y haciendo valer los derechos humanos amparados en la Constitución federal y en los tratados; se obligan también a acatar las resoluciones de los órganos del Poder Judicial Federal, como es el caso.
Y la lección va más allá: Si como anunció dicha dirigencia estatal se promoverá en el Congreso de la Unión una Ley Antichapulin federal, y si se llegara a reformar la Carta Magna (que dudo logre mayoría después de lo visto), basta con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dado el caso, que los afectados acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos político-electorales.
La Ley Antichapulin se debe abrogar de la Constitución de Baja California por ser violatoria a los derechos humanos, como quedo establecido en la sentencia de los magistrados electorales federales. Basta recordar que, en el rejuego político, esas reformas constitucionales se votaron en julio del 2002 en el Congreso local como muchas otras leyes: anteponiendo los intereses de los diputados.
Los derechos humanos no sólo son cosa de abogados ni se someten a consulta ni a encuestas. Los derechos humanos son principios universales plenamente legitimados, ganados por la humanidad a lo largo de la historia con muchos sacrificios y después de serios agravios a la soberanía de los pueblos y a la dignidad de las personas. Por ello no podemos darnos el lujo de retroceder en la historia.
Más que de candidatos, partidos o alianzas, este es un triunfo de los derechos humanos.
PELIGROSA VISION PUNITIVA Y MORALISTA DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA
El pasado 16 de enero, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana sostuvo una reunión con el Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, convocada con carácter de “urgente” ante la sostenida ola de violencia que azota esta frontera.
Las demandas de los empresarios tijuanenses fueron: a) Control en la venta de bebidas alcohólicas; b) Operativos en zonas inseguras de la ciudad (o sea, las colonias populares); c) Presencia de agentes federales para trabajar casos específicos; d) Revivir el delito de vagancia y malvivencia y, e) Detención de menores de edad que transitan por la ciudad después de las 11 de la noche y fincar responsabilidades a sus padres (el popular “toque de queda” aplicado ya en Tecate y Mexicali, medida que de inmediato fue apoyada por Francisco Villegas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, y por los regidores priístas Antonio Sifuentes Meraz y Martha Eugenia Montejano; a su vez, el regidor panista Raúl Castañeda sostuvo que “toda propuesta del sector empresarial es bienvenida y debe ser analizada cuidadosamente”.).
Ante la demanda, la repuesta inmediata del Procurador estatal fue celebrar los planteamientos hechos por los empresarios, aceptando que aún no siendo un tema de su competencia, implantar el horario restringido para menores “ayudaría a poner orden”. Los empresarios emplazaron al funcionario a una respuesta en un plazo de 15 días, otorgando otro de 30 días al Poder Legislativo local para impulsar soluciones.
Por su parte, el Obispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, después de hacer público el pasado 16 de enero el secuestro de 3 personas, de buena fe volvió a insistir sobre la necesidad de que “el Ejército vigile las calles” de la ciudad. El 20 de diciembre de 2005 ya había declarado que “el Ejército es un cuerpo de seguridad pública importante, confiable y disciplinado, que vienen a cumplir su misión y si las autoridades de los tres niveles de Gobierno lo consideran oportuno, su presencia sería positiva”.
Es obvio que el Señor Obispo ignora que, de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Presidente de la República para ello, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).
En otro orden de ideas, a iniciativa de la diputada panista Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad (sin el “Género”) de la XVIII Legislatura de Baja California, el pasado 18 de noviembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas al artículo 177 y 178 bis del Código Penal estatal, que tipifica como “violación equiparada” las relaciones íntimas sostenidas con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, aún bajo consentimiento mutuo, castigando a los varones responsables con penas de diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo, sin derecho a obtener la libertad bajo fianza (la reforma no prevé los casos de mujeres adultas que tengan relaciones con un varón menor). “Se trata de resolver un problema de moral, de relación de valores, con un problema penal”, consideró Arnoldo Castilla García, prestigiado catedrático de la UABC. Al 27 de enero, había ya 2 jóvenes procesados por este nuevo “delito”.
Pero además, en el mismo paquete de reformas legislativas, el Congreso de Baja California aprobó que los espectáculos de “table dance”, así como la venta, renta o transportación de revistas, videos o audios de contenido pornográfico, son sancionados por el artículo 261 bis del Código Penal con castigos que van de uno a cinco años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Se impondrá también penalidad “al que utilice a una persona en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; al que fabrique, reproduzca, publique, comercie, distribuya, exponga, haga circular, transporte u oferte libros, escritos, grabaciones o audiograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio”. El delito podrá ser cometido también por vendedores de revistas en establecimientos o puestos de periódicos, y por gerentes o empleados de negocios de renta de videos.
Es cierto que hay un grave repunte del crimen, la delincuencia y la inseguridad pública en Baja California, a lo largo de la frontera norte y en general en todo el país, como bien lo indica la encuesta de percepción que recién publicó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y que incomodó a los gobernantes de la región. En ello, los empresarios, el Obispo de Tijuana, la diputada Elvira Luna y otros tienen razón. Pero de eso a retroceder con medidas legaloides y policíacas que no van al origen de estos problemas y que restringen las libertades ganadas con muchos esfuerzos y sacrificios por la humanidad a lo largo de la historia, hay mucha diferencia.
Lo que más tiene asolada y atemorizada a la población son los delitos “de alto impacto”: Los secuestros y los crímenes producto de los ajustes de cuentas de los capos de la droga por el control de las rutas y el mercado. La visión punitiva hacia los adolescentes de los barrios populares, elevar como delitos la vagancia y malvivencia, llenar las cárceles de marginados, etc., es el castigo a la pobreza.
Como bien lo señala un puntual documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, publicado en el año 2002 por El Colegio de la Frontera Norte, en el capítulo sobre seguridad pública se señala que, con las medidas que se han propuesto y puesto en marcha, se ha detectado la ausencia de políticas públicas con visión integral del fenómeno de la violencia y la inseguridad, privilegiando el enfoque “delito-policía-justicia-prisión”.
No ha habido lugar para una visión distinta que asuma la violencia como un fenómeno integral complejo, de origen económico, psicosocial, político y cultural, que dé lugar a estrategias que atiendan los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales sugieren utilizar el enfoque “epidemiológico” para enfrentar el fenómeno de la violencia, lo cual requiere de medidas combinadas focalizadas en la atención preventiva, con una fuerte inversión social y la intervención oportuna, para atender las consecuencias del acelerado y desordenado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el convencimiento de que, a diferencia del combate al crimen organizado, es mejor prevenir el delito común que reprimirlo, buscando además implementar “penas alternativas” e instancias de mediación.
La ventaja de un “enfoque integral” es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo y no desde acciones a posteriori. Así, los gobiernos se obligan a orientar sus programas en una perspectiva integral de prevención social y no a responder de manera reactiva, con prioridad en las áreas de mayor carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que la seguridad pública, que es un derecho humano, no descanse de forma casi exclusiva en la policía, sino en la Administración Pública en su conjunto.
Hasta ahora, la corrupción y la falta de eficacia y coordinación entre los gobiernos ha sido el marco en el cual se ha desarrollado la delincuencia organizada, lo que no se acabará con “toques de queda”, reducción de la edad penal, aumento de las penas, la cadena perpetua, la intervención del Ejército, etc.
El crimen organizado ha aprovechado eficientemente estas ambigüedades así como las contradicciones y vicios de una estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficiencia, logrando permear peligrosamente en el tejido social, donde ha encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor, por desconocimiento, por necesidad económica o por complicidad de la población. La delincuencia organizada se nutre de la descomposición social, pero ella misma es uno de sus principales factores.
Según la PGR, las ejecuciones han aumentado un 180 por ciento en enero de 2006 en comparación al mismo período del año anterior. No sólo se trata de la existencia de países "productores", “de paso” o "consumidores" de drogas, sino de una estructura cuyo funcionamiento depende cada vez más de la acción supranacional de los cárteles en el mercado mundial, cuya eficacia es notoria. En consecuencia, la presencia del narcotráfico y el nivel de riesgo definido para la Seguridad Nacional ha implicado ostentosos operativos policíaco-militares con muy limitados resultados, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso, disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico, y sin castigo a los servidores públicos abusivos.
Si es de por sí preocupante que la guerra entre los narcos asuma como escenarios propios ciudades enteras, mucho más estremecedor resulta que en algunas de ellas la misma policía les otorgue protección y sea parte de los bandos en pugna, donde las policías son parte del problema, no de la solución.
La sociedad sufre con el aumento de los actos delictivos, pero sufre doblemente cuando al dolor y la desesperación se suma el clamor irracional a favor de la venganza como sustituto de la justicia. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad se traduce en exigencias y denuncias, de los cuales contradictoriamente se reclaman mayores poderes y presencia, como es el caso de los “horarios especiales” para menores.
Tratándose de la inseguridad, uno de los discursos favoritos de los altos funcionarios es recurrir a la “corresponsabilidad” Estado-ciudadanos, endosando a éstos parte de la responsabilidad que es única y exclusiva de los gobernantes, como bien lo establece el artículo 21 constitucional. Así también, recurren al argumento de que los crímenes son como resultado “de la acción del gobierno” en el combate al narcotráfico.
Ante este panorama, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo sin equidad ni justicia social, ni los programas “Dare”, los de “Cultura de la Legalidad” y las reformas legales para incrementar las penas. James Wolfensohn, del Banco Mundial, dijo recientemente en Lima, Perú, que “no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas. No se trata de dinero o de cuanto puede dar el BM, sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser abiertos”.
De no actuar inteligentemente, las consecuencias de las acciones punitivas con apoyo popular son el sacrificio de libertades en aras de un poco de seguridad. Y lo peor es que, bajo este esquema, no se logra ni la libertad ni la seguridad.
Las demandas de los empresarios tijuanenses fueron: a) Control en la venta de bebidas alcohólicas; b) Operativos en zonas inseguras de la ciudad (o sea, las colonias populares); c) Presencia de agentes federales para trabajar casos específicos; d) Revivir el delito de vagancia y malvivencia y, e) Detención de menores de edad que transitan por la ciudad después de las 11 de la noche y fincar responsabilidades a sus padres (el popular “toque de queda” aplicado ya en Tecate y Mexicali, medida que de inmediato fue apoyada por Francisco Villegas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, y por los regidores priístas Antonio Sifuentes Meraz y Martha Eugenia Montejano; a su vez, el regidor panista Raúl Castañeda sostuvo que “toda propuesta del sector empresarial es bienvenida y debe ser analizada cuidadosamente”.).
Ante la demanda, la repuesta inmediata del Procurador estatal fue celebrar los planteamientos hechos por los empresarios, aceptando que aún no siendo un tema de su competencia, implantar el horario restringido para menores “ayudaría a poner orden”. Los empresarios emplazaron al funcionario a una respuesta en un plazo de 15 días, otorgando otro de 30 días al Poder Legislativo local para impulsar soluciones.
Por su parte, el Obispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, después de hacer público el pasado 16 de enero el secuestro de 3 personas, de buena fe volvió a insistir sobre la necesidad de que “el Ejército vigile las calles” de la ciudad. El 20 de diciembre de 2005 ya había declarado que “el Ejército es un cuerpo de seguridad pública importante, confiable y disciplinado, que vienen a cumplir su misión y si las autoridades de los tres niveles de Gobierno lo consideran oportuno, su presencia sería positiva”.
Es obvio que el Señor Obispo ignora que, de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Presidente de la República para ello, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).
En otro orden de ideas, a iniciativa de la diputada panista Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad (sin el “Género”) de la XVIII Legislatura de Baja California, el pasado 18 de noviembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas al artículo 177 y 178 bis del Código Penal estatal, que tipifica como “violación equiparada” las relaciones íntimas sostenidas con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, aún bajo consentimiento mutuo, castigando a los varones responsables con penas de diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo, sin derecho a obtener la libertad bajo fianza (la reforma no prevé los casos de mujeres adultas que tengan relaciones con un varón menor). “Se trata de resolver un problema de moral, de relación de valores, con un problema penal”, consideró Arnoldo Castilla García, prestigiado catedrático de la UABC. Al 27 de enero, había ya 2 jóvenes procesados por este nuevo “delito”.
Pero además, en el mismo paquete de reformas legislativas, el Congreso de Baja California aprobó que los espectáculos de “table dance”, así como la venta, renta o transportación de revistas, videos o audios de contenido pornográfico, son sancionados por el artículo 261 bis del Código Penal con castigos que van de uno a cinco años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Se impondrá también penalidad “al que utilice a una persona en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; al que fabrique, reproduzca, publique, comercie, distribuya, exponga, haga circular, transporte u oferte libros, escritos, grabaciones o audiograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio”. El delito podrá ser cometido también por vendedores de revistas en establecimientos o puestos de periódicos, y por gerentes o empleados de negocios de renta de videos.
Es cierto que hay un grave repunte del crimen, la delincuencia y la inseguridad pública en Baja California, a lo largo de la frontera norte y en general en todo el país, como bien lo indica la encuesta de percepción que recién publicó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y que incomodó a los gobernantes de la región. En ello, los empresarios, el Obispo de Tijuana, la diputada Elvira Luna y otros tienen razón. Pero de eso a retroceder con medidas legaloides y policíacas que no van al origen de estos problemas y que restringen las libertades ganadas con muchos esfuerzos y sacrificios por la humanidad a lo largo de la historia, hay mucha diferencia.
Lo que más tiene asolada y atemorizada a la población son los delitos “de alto impacto”: Los secuestros y los crímenes producto de los ajustes de cuentas de los capos de la droga por el control de las rutas y el mercado. La visión punitiva hacia los adolescentes de los barrios populares, elevar como delitos la vagancia y malvivencia, llenar las cárceles de marginados, etc., es el castigo a la pobreza.
Como bien lo señala un puntual documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, publicado en el año 2002 por El Colegio de la Frontera Norte, en el capítulo sobre seguridad pública se señala que, con las medidas que se han propuesto y puesto en marcha, se ha detectado la ausencia de políticas públicas con visión integral del fenómeno de la violencia y la inseguridad, privilegiando el enfoque “delito-policía-justicia-prisión”.
No ha habido lugar para una visión distinta que asuma la violencia como un fenómeno integral complejo, de origen económico, psicosocial, político y cultural, que dé lugar a estrategias que atiendan los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales sugieren utilizar el enfoque “epidemiológico” para enfrentar el fenómeno de la violencia, lo cual requiere de medidas combinadas focalizadas en la atención preventiva, con una fuerte inversión social y la intervención oportuna, para atender las consecuencias del acelerado y desordenado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el convencimiento de que, a diferencia del combate al crimen organizado, es mejor prevenir el delito común que reprimirlo, buscando además implementar “penas alternativas” e instancias de mediación.
La ventaja de un “enfoque integral” es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo y no desde acciones a posteriori. Así, los gobiernos se obligan a orientar sus programas en una perspectiva integral de prevención social y no a responder de manera reactiva, con prioridad en las áreas de mayor carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que la seguridad pública, que es un derecho humano, no descanse de forma casi exclusiva en la policía, sino en la Administración Pública en su conjunto.
Hasta ahora, la corrupción y la falta de eficacia y coordinación entre los gobiernos ha sido el marco en el cual se ha desarrollado la delincuencia organizada, lo que no se acabará con “toques de queda”, reducción de la edad penal, aumento de las penas, la cadena perpetua, la intervención del Ejército, etc.
El crimen organizado ha aprovechado eficientemente estas ambigüedades así como las contradicciones y vicios de una estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficiencia, logrando permear peligrosamente en el tejido social, donde ha encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor, por desconocimiento, por necesidad económica o por complicidad de la población. La delincuencia organizada se nutre de la descomposición social, pero ella misma es uno de sus principales factores.
Según la PGR, las ejecuciones han aumentado un 180 por ciento en enero de 2006 en comparación al mismo período del año anterior. No sólo se trata de la existencia de países "productores", “de paso” o "consumidores" de drogas, sino de una estructura cuyo funcionamiento depende cada vez más de la acción supranacional de los cárteles en el mercado mundial, cuya eficacia es notoria. En consecuencia, la presencia del narcotráfico y el nivel de riesgo definido para la Seguridad Nacional ha implicado ostentosos operativos policíaco-militares con muy limitados resultados, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso, disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico, y sin castigo a los servidores públicos abusivos.
Si es de por sí preocupante que la guerra entre los narcos asuma como escenarios propios ciudades enteras, mucho más estremecedor resulta que en algunas de ellas la misma policía les otorgue protección y sea parte de los bandos en pugna, donde las policías son parte del problema, no de la solución.
La sociedad sufre con el aumento de los actos delictivos, pero sufre doblemente cuando al dolor y la desesperación se suma el clamor irracional a favor de la venganza como sustituto de la justicia. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad se traduce en exigencias y denuncias, de los cuales contradictoriamente se reclaman mayores poderes y presencia, como es el caso de los “horarios especiales” para menores.
Tratándose de la inseguridad, uno de los discursos favoritos de los altos funcionarios es recurrir a la “corresponsabilidad” Estado-ciudadanos, endosando a éstos parte de la responsabilidad que es única y exclusiva de los gobernantes, como bien lo establece el artículo 21 constitucional. Así también, recurren al argumento de que los crímenes son como resultado “de la acción del gobierno” en el combate al narcotráfico.
Ante este panorama, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo sin equidad ni justicia social, ni los programas “Dare”, los de “Cultura de la Legalidad” y las reformas legales para incrementar las penas. James Wolfensohn, del Banco Mundial, dijo recientemente en Lima, Perú, que “no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas. No se trata de dinero o de cuanto puede dar el BM, sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser abiertos”.
De no actuar inteligentemente, las consecuencias de las acciones punitivas con apoyo popular son el sacrificio de libertades en aras de un poco de seguridad. Y lo peor es que, bajo este esquema, no se logra ni la libertad ni la seguridad.
OTRA VEZ, INICIATIVA SOBRE LA CADENA PERPETUA EN BC
El 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, finalmente, la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante una garantía que no impondría prisión vitalicia al reo.
Estos criterios de la Corte se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas de par en par a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer; así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando así el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la cadena perpetua en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los Estados Unidos, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna, y del Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna, producto de la falta de autonomía y de compromiso social de la Corte.
Para ser más precisos: El Artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel; sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros violan la letra y el espíritu de la Constitución y rompen con una sana tradición histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den mas de 100 años, se considera prisión vitalicia, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales correspondientes.
La aberrante decisión de los ministros viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo. Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros). Son principios y obligaciones de los Estados que no inventamos nosotros.
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación; son la Ley Suprema de la Unión (artículo 133 constitucional). A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
En un razonamiento lógico preguntémonos: De aplicarse la prisión vitalicia, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien? En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario; que esté fallando y en estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y ciertos sectores por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar esto es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernantes y a los legisladores.
En Baja California ya se les cuecen las habas. Hace casi un año, el gobernador del Estado Eugenio Elorduy Walther y el diputado local Francisco Blake Mora, anunciaron públicamente la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua. Ahora, el también diputado local Urbano Chávez, de la fracción del PAN, anuncia una nueva intentona contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
¿Cuál es la prisa, o es también un asunto ideológico? Aprobar la cadena perpetua sería contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presume –y ha invertido- el gobierno estatal, en cuanto al respecto a la Carta Magna y a los tratados internacionales.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola, punitiva y criminalizante del delito? Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las CAUSAS que originan esas conductas antisociales y dirigir la mirada hacia el combate a la CORRUPCION y a la IMPUNIDAD.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, es cierto, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y la criminalidad se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades en la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; de educación suficiente, gratuita y de calidad; de opciones para el uso positivo del tiempo libre, de seguridad social, de seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado mexicano.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y reformar el Código Penal, que cubrir las necesidades sociales, y endosa a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y la idea de los “padres irresponsables”. El retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene dinero para evadir la acción de la justicia.
La resolución tomada por los ministros de la Corte Suprema es legal e inatacable, pero no legítima ni justa, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de una verdadera impartición de justicia e independencia, y cuando el Sistema Penitenciario mexicano da muestras de agotamiento y grave descomposición.
Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas punitivas; es el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos a los gobernantes. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, pero también tolerar la corrupción y la impunidad en el aparato de Justicia.
Por todo ello, urge abrir el debate informado, antes de que sea demasiado tarde.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante una garantía que no impondría prisión vitalicia al reo.
Estos criterios de la Corte se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas de par en par a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer; así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando así el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la cadena perpetua en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los Estados Unidos, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna, y del Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna, producto de la falta de autonomía y de compromiso social de la Corte.
Para ser más precisos: El Artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel; sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros violan la letra y el espíritu de la Constitución y rompen con una sana tradición histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den mas de 100 años, se considera prisión vitalicia, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales correspondientes.
La aberrante decisión de los ministros viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo. Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros). Son principios y obligaciones de los Estados que no inventamos nosotros.
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación; son la Ley Suprema de la Unión (artículo 133 constitucional). A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
En un razonamiento lógico preguntémonos: De aplicarse la prisión vitalicia, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien? En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario; que esté fallando y en estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y ciertos sectores por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar esto es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernantes y a los legisladores.
En Baja California ya se les cuecen las habas. Hace casi un año, el gobernador del Estado Eugenio Elorduy Walther y el diputado local Francisco Blake Mora, anunciaron públicamente la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua. Ahora, el también diputado local Urbano Chávez, de la fracción del PAN, anuncia una nueva intentona contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
¿Cuál es la prisa, o es también un asunto ideológico? Aprobar la cadena perpetua sería contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presume –y ha invertido- el gobierno estatal, en cuanto al respecto a la Carta Magna y a los tratados internacionales.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola, punitiva y criminalizante del delito? Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las CAUSAS que originan esas conductas antisociales y dirigir la mirada hacia el combate a la CORRUPCION y a la IMPUNIDAD.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, es cierto, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y la criminalidad se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades en la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; de educación suficiente, gratuita y de calidad; de opciones para el uso positivo del tiempo libre, de seguridad social, de seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado mexicano.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y reformar el Código Penal, que cubrir las necesidades sociales, y endosa a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y la idea de los “padres irresponsables”. El retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene dinero para evadir la acción de la justicia.
La resolución tomada por los ministros de la Corte Suprema es legal e inatacable, pero no legítima ni justa, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de una verdadera impartición de justicia e independencia, y cuando el Sistema Penitenciario mexicano da muestras de agotamiento y grave descomposición.
Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas punitivas; es el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos a los gobernantes. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, pero también tolerar la corrupción y la impunidad en el aparato de Justicia.
Por todo ello, urge abrir el debate informado, antes de que sea demasiado tarde.
LA MASACRE DE SINALOA
Después del grave incidente en la sierra de Sinaloa en el que tres menores y dos adultos perdieron la vida, baleados por un piquete de militares presumiblemente bajo los efectos del alcohol o la droga, las cosas no se han colocado en su verdadera dimensión.
En primer lugar, la férrea decisión de Felipe Calderón de usar intensivamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, instalando retenes en las ciudades y las carreteras del país para efectuar revisiones aleatorias en la vía pública y en los aeropuertos, es una medida que viola los principios amparados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo I, “De las Garantías Individuales”.
Si bien hay Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia emitida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la que se avala la salida del Ejército de sus cuartales en tiempos de paz para realizar tareas que competen a la autoridad civil , así como la suspensión de las Garantías Individuales sin la autorización del Congreso de la Unión, ello no obsta para que esas medidas punitivas-militares sean anticonstitucionales, ateniéndonos no sólo al espíritu del constituyente, sino también a los tratados internacionales.
Pero lo más preocupante es que intelectuales como Leo Zukerman avalen en los medios de comunicación la salida militar, repudiando, eso si, las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por la tropa, pero sin cuestionar los asuntos de fondo.
En una charla reciente en la radio, Zukerman decía, palabras más palabras menos, que si bien es aberrante el crimen de Sinaloa (como si fuera un caso aislado), habría que investigar si los tripulantes del vehículo baleado no se habían detenido ante una señal de alto de los militares; si traían droga o armas o se encontraban intoxicados.
Para evitar los excesos de las fuerzas públicas o las fuerzas armadas en contra de la población civil, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1979 el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, y en septiembre de 1990, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Ambos, señalan los criterios y los límites éticos y legales para el uso de la fuerza letal, estableciendo estándares de “necesidad”, “legitimidad”, “proporcionalidad”, “moderación” y “diferenciación”.
Seguro que usted ha visto videos de brutalidad policíaca en los Estados Unidos (contra afroamericanos y latinoamericanos, por supuesto), o ha conocido casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que balean a migrantes que se defienden con piedras o que huyen de la aprehensión. Esos son casos de evidente violación a los principios universales arriba enunciados, cometidos por el que se dice país campeón de las libertades civiles.
Es grave que intelectuales que influyen en la opinión pública desconozcan, o en el peor de los casos, legitimen la ruptura de los principios constitucionales y universales que amparan los derechos humanos, en aras de quien sabe qué intereses o ideologías.
En el caso de la masacre de Sinaloa, si los ocupantes del vehículo baleado no se detuvieron ante una señal de alto, traían drogas, armas o viajaban intoxicados, no es razón suficiente para abrir fuego contra ellos. La única razón legal y moral para disparar es que los tripulantes del vehículo pusieran en riesgo la integridad física y la vida de los militares o de terceras personas, disparando contra ellos, buscando atropellarlos u otra circunstancia fatal. Pero nada de esto no ocurrió. Además, los militares no tienen nada que hacer fuera de sus cuarteles, salvo en la aplicación del Plan de emergencias DN-III.
Estos riesgos se evitarían quitando a la tropa de esas actividades ya que no están preparados para ellas, a pesar del apoyo de gobernadores y alcaldes de todos los colores a la inútil estrategia militar de Calderón, con la obvia intención de diluir su responsabilidad e ineficacia ante el crimen organizado.
Este penoso incidente va a quedar grabado en la memoria histórica del país como una de las mayores afrentas al Estado de Derecho y a la democracia. Una mancha en el gobierno de Felipe Calderón.
En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los militares, éstos deben ser investigados y juzgados por la justicia civil, no la militar.
Además, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, de donde nunca debieron salir (artículo 129 constitucional).
En primer lugar, la férrea decisión de Felipe Calderón de usar intensivamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, instalando retenes en las ciudades y las carreteras del país para efectuar revisiones aleatorias en la vía pública y en los aeropuertos, es una medida que viola los principios amparados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo I, “De las Garantías Individuales”.
Si bien hay Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia emitida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la que se avala la salida del Ejército de sus cuartales en tiempos de paz para realizar tareas que competen a la autoridad civil , así como la suspensión de las Garantías Individuales sin la autorización del Congreso de la Unión, ello no obsta para que esas medidas punitivas-militares sean anticonstitucionales, ateniéndonos no sólo al espíritu del constituyente, sino también a los tratados internacionales.
Pero lo más preocupante es que intelectuales como Leo Zukerman avalen en los medios de comunicación la salida militar, repudiando, eso si, las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por la tropa, pero sin cuestionar los asuntos de fondo.
En una charla reciente en la radio, Zukerman decía, palabras más palabras menos, que si bien es aberrante el crimen de Sinaloa (como si fuera un caso aislado), habría que investigar si los tripulantes del vehículo baleado no se habían detenido ante una señal de alto de los militares; si traían droga o armas o se encontraban intoxicados.
Para evitar los excesos de las fuerzas públicas o las fuerzas armadas en contra de la población civil, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1979 el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, y en septiembre de 1990, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Ambos, señalan los criterios y los límites éticos y legales para el uso de la fuerza letal, estableciendo estándares de “necesidad”, “legitimidad”, “proporcionalidad”, “moderación” y “diferenciación”.
Seguro que usted ha visto videos de brutalidad policíaca en los Estados Unidos (contra afroamericanos y latinoamericanos, por supuesto), o ha conocido casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que balean a migrantes que se defienden con piedras o que huyen de la aprehensión. Esos son casos de evidente violación a los principios universales arriba enunciados, cometidos por el que se dice país campeón de las libertades civiles.
Es grave que intelectuales que influyen en la opinión pública desconozcan, o en el peor de los casos, legitimen la ruptura de los principios constitucionales y universales que amparan los derechos humanos, en aras de quien sabe qué intereses o ideologías.
En el caso de la masacre de Sinaloa, si los ocupantes del vehículo baleado no se detuvieron ante una señal de alto, traían drogas, armas o viajaban intoxicados, no es razón suficiente para abrir fuego contra ellos. La única razón legal y moral para disparar es que los tripulantes del vehículo pusieran en riesgo la integridad física y la vida de los militares o de terceras personas, disparando contra ellos, buscando atropellarlos u otra circunstancia fatal. Pero nada de esto no ocurrió. Además, los militares no tienen nada que hacer fuera de sus cuarteles, salvo en la aplicación del Plan de emergencias DN-III.
Estos riesgos se evitarían quitando a la tropa de esas actividades ya que no están preparados para ellas, a pesar del apoyo de gobernadores y alcaldes de todos los colores a la inútil estrategia militar de Calderón, con la obvia intención de diluir su responsabilidad e ineficacia ante el crimen organizado.
Este penoso incidente va a quedar grabado en la memoria histórica del país como una de las mayores afrentas al Estado de Derecho y a la democracia. Una mancha en el gobierno de Felipe Calderón.
En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los militares, éstos deben ser investigados y juzgados por la justicia civil, no la militar.
Además, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, de donde nunca debieron salir (artículo 129 constitucional).
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