Friday, July 20, 2012

EL SOSPECHOSISMO EN LOS RESULTADOS ELECTORALES

En México, tal parece que la historia se ignora o se olvida. Los “héroes” aparecen mágicamente en la historia oficial, a pesar de que en ciertas épocas se enfrentaban unos contra otros. En cambio, estamos al tanto de lo que sucede en las telenovelas, en las olimpiadas de Londres, en el inicio del campeonato local de futbol o en la farándula de TVyNovelas y TVNotas. La Familia Peluche hasta en la sopa. 
Trescientos años de dominación española, 34 años de dictadura porfirista, 70 años de gobiernos priístas y más de un siglo de imposición de políticas económicas por los Estados Unidos (y ahora también de Seguridad), bien valen por sí mismos la desconfianza del pueblo mexicano. A ello habría que agregar los “usos y costumbres” de la decadente partidocracia mexicana (el reparto de las cuotas de poder, la demagogia, la simulación en los procesos institucionales, el fraude electoral, los cacicazgos, el “presidencialismo”, etc.). 
La injusticia social, la dictadura y el fraude electoral valieron una Revolución a principios del S. XX. No es poca cosa y no se nos deben olvidar los más de un millón de muertos. A ello habrá que agregar las represiones del 68, del 71 y otras, como la de Atenco.
Por ello, buena parte del pueblo mexicano mantiene viva la memoria histórica y tiene razones de sobra para demandar la limpieza electoral. La desconfianza ha hecho presa de la sociedad mexicana. Fuera de demagogias o posturas ideológicas, el pueblo tiene todo el derecho de conocer la verdad respecto a si hubo fraude o no. Y la autoridad tiene toda la obligación de investigar y de resolver en justicia y a satisfacción plena.
Para nadie es un secreto que el sistema judicial mexicano ha sido un lastre y ha dejado mucho que desear. La procuración y la impartición de la justicia han sido históricamente deficientes, omisas y simuladoras, campeando la injusticia y la impunidad. ¿Podemos confiar entonces en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que actuará con justicia e imparcialidad en la calificación de las elecciones y le pueda corregir las omisiones del IFE, si prácticamente son los mismos magistrados de hace 6 años? 
Mucho se juega en esta decisión. Por ejemplo, las famosas “Reformas Estructurales” (laboral, energética, hacendaria, y hasta la de Seguridad Nacional), que se nos presentan como una “prioridad”. El discurso mediático oficial, de los partidos de centro-derecha y de la plutocracia, nos obliga a aceptar como una verdad absoluta la necesidad de aplicarlas; nos venden la idea como algo vital para la sobrevivencia del país, cuando lo que intentan es proteger el modelo económico de mercado por sobre los derechos de las y los trabajadores, de la persona humana.
El candidato elegido para preservar el modelo de dominación debe llegar a como de lugar, aún a través de la trampa electoral, de la imposición judicial y del cierre de filas de los personeros del sistema, medios afines incluidos. Para la élite no es un asunto de democracia, sino de negocios, de la cartera de inversiones privadas que incluye el patrimonio de la nación, cartera ya comprometida que de ninguna manera se puede poner en riesgo. Por ello la urgencia de legitimar ya esto, para dar “certeza” al mercado.
En rigor, los discursos sobre el triunfo del candidato que obtuvo más votos deben esperar a que termine el proceso para no generar de nuevo la percepción de un destino fatal, como se hizo con las encuestas. El Tepjf (cuyo titular dedica a la izquierda la ya clásica declaración de que “no ganarán en la mesa lo que no ganaron en las urnas”, invalidando de facto el sistema jurisdiccional de impugnaciones), habla de aplicar la ley de manera irrestricta, de hacer respetar el tan llevado y traído “Estado de Derecho”, cuando lo que la nación demanda es un ”Estado Social y Democrático de Derecho”, que no es lo mismo. 
México ha avanzado en democracia electoral gracias a la “intransigencia” de los candidatos y movimientos “perdedores”. Gracias a las protestas sociales después de las elecciones de 1988 se creó en 1991 el IFE ciudadano y autónomo. Gracias a las movilizaciones pacíficas del 2006, legítimas y legales en los términos del Artículo 9º. Constitucional, se reformó en el 2007 el Cofipe que hoy tenemos. Pero los avances democráticos no alcanzan a la capacidad corruptora del propio sistema de partidos. Tal parece que cuando las reformas van, los más avezados vienen de regreso. 
La falla principal de nuestro sistema político-electoral no está en la capacitación y en la organización electoral, en el conteo y cómputo de los votos y en la participación ciudadana (que en el proceso de este año fue loable), sino en que la verdad jurídica de los hechos se diluye en el tiempo, y cuando aparece o finalmente es reconocida, no tiene ya ningún efecto legal contundente. Cuando mucho, una multa a los partidos. Así está hecha la ley electoral en el Congreso por los propios partidos, para blindar una posible anulación de los comicios. La incapacidad e inoperancia de la Fepade no es casual.
La tirantez en el país no se debe a la intransigencia, a la necedad e intolerancia de un mesías, como nos quieren hacer creer para descalificar las legítimas protestas sociales de los jóvenes. Se debe a la necesidad histórica de un respetable grupo de mexicanas/os que demanda un cambio, hartos de injusticias y de miseria, de violencia criminal e institucional, de subempleo y desempleo, de la falta de espacios educativos y de vivienda digna; de partidocracia, corrupción e impunidad. Estas demandas no están alejadas de la protesta por democracia y limpieza electoral. ¿Es muy difícil entender esto?
*Consejero Local del IFE en Baja California y
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC