La sentencia emitida el 6 de julio pasado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocando la sentencia del Tribunal Electoral Estatal de Baja California que a su vez anuló la candidatura de Jorge Hank Rhon a la gubernatura, aplicándole la famosa Ley Antichapulin, es una lección no sólo para Baja California sino para todo el país. En especial, el mensaje es para los legisladores, magistrados, jueces, gobernadores, cabildos, colegios de abogados, postulantes, académicos y medios de comunicación, entre otros.
La falta de una Cultura de los Derechos Humanos hace que se desconozcan, o en el peor de los casos, se menosprecien los tratados internacionales en los actos legislativos, en los litigios y en las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Aquí se demostró que los tratados no sólo están vigentes en México, sino que se deben aplicar de manera irrestricta.
El criterio de los magistrados se basó en el principio universal de “progresividad”, que consiste en aplicar a los afectados la norma que más les beneficie. En el caso que nos ocupa, se privilegió en favor de Jorge Hank, Mercedes Maciel, Jaime Xicoténcatl Palafox, Eligio Valencia Roque y demás quejosos (a excepción de los casos de Jorge Astiazarán y Felipe Ruanova, que son tema aparte) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, que son Ley Suprema de toda la Unión (artículo 133 constitucional).
Someter el derecho local (las constituciones y leyes estatales) a la Carta Magna y al Derecho Internacional como lo establece la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 1999, no es un acto de intromisión ni mucho menos un atentado al Pacto Federal como señala la dirigencia estatal del PAN en Baja California. Al contrario, el Pacto, además de otorgarles plena soberanía, también consiste en que los Estados de la República deben hacer sus propias leyes pero respetando y haciendo valer los derechos humanos amparados en la Constitución federal y en los tratados; se obligan también a acatar las resoluciones de los órganos del Poder Judicial Federal, como es el caso.
Y la lección va más allá: Si como anunció dicha dirigencia estatal se promoverá en el Congreso de la Unión una Ley Antichapulin federal, y si se llegara a reformar la Carta Magna (que dudo logre mayoría después de lo visto), basta con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dado el caso, que los afectados acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos político-electorales.
La Ley Antichapulin se debe abrogar de la Constitución de Baja California por ser violatoria a los derechos humanos, como quedo establecido en la sentencia de los magistrados electorales federales. Basta recordar que, en el rejuego político, esas reformas constitucionales se votaron en julio del 2002 en el Congreso local como muchas otras leyes: anteponiendo los intereses de los diputados.
Los derechos humanos no sólo son cosa de abogados ni se someten a consulta ni a encuestas. Los derechos humanos son principios universales plenamente legitimados, ganados por la humanidad a lo largo de la historia con muchos sacrificios y después de serios agravios a la soberanía de los pueblos y a la dignidad de las personas. Por ello no podemos darnos el lujo de retroceder en la historia.
Más que de candidatos, partidos o alianzas, este es un triunfo de los derechos humanos.
Friday, September 7, 2007
PELIGROSA VISION PUNITIVA Y MORALISTA DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA
El pasado 16 de enero, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana sostuvo una reunión con el Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, convocada con carácter de “urgente” ante la sostenida ola de violencia que azota esta frontera.
Las demandas de los empresarios tijuanenses fueron: a) Control en la venta de bebidas alcohólicas; b) Operativos en zonas inseguras de la ciudad (o sea, las colonias populares); c) Presencia de agentes federales para trabajar casos específicos; d) Revivir el delito de vagancia y malvivencia y, e) Detención de menores de edad que transitan por la ciudad después de las 11 de la noche y fincar responsabilidades a sus padres (el popular “toque de queda” aplicado ya en Tecate y Mexicali, medida que de inmediato fue apoyada por Francisco Villegas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, y por los regidores priístas Antonio Sifuentes Meraz y Martha Eugenia Montejano; a su vez, el regidor panista Raúl Castañeda sostuvo que “toda propuesta del sector empresarial es bienvenida y debe ser analizada cuidadosamente”.).
Ante la demanda, la repuesta inmediata del Procurador estatal fue celebrar los planteamientos hechos por los empresarios, aceptando que aún no siendo un tema de su competencia, implantar el horario restringido para menores “ayudaría a poner orden”. Los empresarios emplazaron al funcionario a una respuesta en un plazo de 15 días, otorgando otro de 30 días al Poder Legislativo local para impulsar soluciones.
Por su parte, el Obispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, después de hacer público el pasado 16 de enero el secuestro de 3 personas, de buena fe volvió a insistir sobre la necesidad de que “el Ejército vigile las calles” de la ciudad. El 20 de diciembre de 2005 ya había declarado que “el Ejército es un cuerpo de seguridad pública importante, confiable y disciplinado, que vienen a cumplir su misión y si las autoridades de los tres niveles de Gobierno lo consideran oportuno, su presencia sería positiva”.
Es obvio que el Señor Obispo ignora que, de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Presidente de la República para ello, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).
En otro orden de ideas, a iniciativa de la diputada panista Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad (sin el “Género”) de la XVIII Legislatura de Baja California, el pasado 18 de noviembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas al artículo 177 y 178 bis del Código Penal estatal, que tipifica como “violación equiparada” las relaciones íntimas sostenidas con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, aún bajo consentimiento mutuo, castigando a los varones responsables con penas de diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo, sin derecho a obtener la libertad bajo fianza (la reforma no prevé los casos de mujeres adultas que tengan relaciones con un varón menor). “Se trata de resolver un problema de moral, de relación de valores, con un problema penal”, consideró Arnoldo Castilla García, prestigiado catedrático de la UABC. Al 27 de enero, había ya 2 jóvenes procesados por este nuevo “delito”.
Pero además, en el mismo paquete de reformas legislativas, el Congreso de Baja California aprobó que los espectáculos de “table dance”, así como la venta, renta o transportación de revistas, videos o audios de contenido pornográfico, son sancionados por el artículo 261 bis del Código Penal con castigos que van de uno a cinco años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Se impondrá también penalidad “al que utilice a una persona en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; al que fabrique, reproduzca, publique, comercie, distribuya, exponga, haga circular, transporte u oferte libros, escritos, grabaciones o audiograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio”. El delito podrá ser cometido también por vendedores de revistas en establecimientos o puestos de periódicos, y por gerentes o empleados de negocios de renta de videos.
Es cierto que hay un grave repunte del crimen, la delincuencia y la inseguridad pública en Baja California, a lo largo de la frontera norte y en general en todo el país, como bien lo indica la encuesta de percepción que recién publicó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y que incomodó a los gobernantes de la región. En ello, los empresarios, el Obispo de Tijuana, la diputada Elvira Luna y otros tienen razón. Pero de eso a retroceder con medidas legaloides y policíacas que no van al origen de estos problemas y que restringen las libertades ganadas con muchos esfuerzos y sacrificios por la humanidad a lo largo de la historia, hay mucha diferencia.
Lo que más tiene asolada y atemorizada a la población son los delitos “de alto impacto”: Los secuestros y los crímenes producto de los ajustes de cuentas de los capos de la droga por el control de las rutas y el mercado. La visión punitiva hacia los adolescentes de los barrios populares, elevar como delitos la vagancia y malvivencia, llenar las cárceles de marginados, etc., es el castigo a la pobreza.
Como bien lo señala un puntual documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, publicado en el año 2002 por El Colegio de la Frontera Norte, en el capítulo sobre seguridad pública se señala que, con las medidas que se han propuesto y puesto en marcha, se ha detectado la ausencia de políticas públicas con visión integral del fenómeno de la violencia y la inseguridad, privilegiando el enfoque “delito-policía-justicia-prisión”.
No ha habido lugar para una visión distinta que asuma la violencia como un fenómeno integral complejo, de origen económico, psicosocial, político y cultural, que dé lugar a estrategias que atiendan los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales sugieren utilizar el enfoque “epidemiológico” para enfrentar el fenómeno de la violencia, lo cual requiere de medidas combinadas focalizadas en la atención preventiva, con una fuerte inversión social y la intervención oportuna, para atender las consecuencias del acelerado y desordenado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el convencimiento de que, a diferencia del combate al crimen organizado, es mejor prevenir el delito común que reprimirlo, buscando además implementar “penas alternativas” e instancias de mediación.
La ventaja de un “enfoque integral” es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo y no desde acciones a posteriori. Así, los gobiernos se obligan a orientar sus programas en una perspectiva integral de prevención social y no a responder de manera reactiva, con prioridad en las áreas de mayor carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que la seguridad pública, que es un derecho humano, no descanse de forma casi exclusiva en la policía, sino en la Administración Pública en su conjunto.
Hasta ahora, la corrupción y la falta de eficacia y coordinación entre los gobiernos ha sido el marco en el cual se ha desarrollado la delincuencia organizada, lo que no se acabará con “toques de queda”, reducción de la edad penal, aumento de las penas, la cadena perpetua, la intervención del Ejército, etc.
El crimen organizado ha aprovechado eficientemente estas ambigüedades así como las contradicciones y vicios de una estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficiencia, logrando permear peligrosamente en el tejido social, donde ha encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor, por desconocimiento, por necesidad económica o por complicidad de la población. La delincuencia organizada se nutre de la descomposición social, pero ella misma es uno de sus principales factores.
Según la PGR, las ejecuciones han aumentado un 180 por ciento en enero de 2006 en comparación al mismo período del año anterior. No sólo se trata de la existencia de países "productores", “de paso” o "consumidores" de drogas, sino de una estructura cuyo funcionamiento depende cada vez más de la acción supranacional de los cárteles en el mercado mundial, cuya eficacia es notoria. En consecuencia, la presencia del narcotráfico y el nivel de riesgo definido para la Seguridad Nacional ha implicado ostentosos operativos policíaco-militares con muy limitados resultados, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso, disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico, y sin castigo a los servidores públicos abusivos.
Si es de por sí preocupante que la guerra entre los narcos asuma como escenarios propios ciudades enteras, mucho más estremecedor resulta que en algunas de ellas la misma policía les otorgue protección y sea parte de los bandos en pugna, donde las policías son parte del problema, no de la solución.
La sociedad sufre con el aumento de los actos delictivos, pero sufre doblemente cuando al dolor y la desesperación se suma el clamor irracional a favor de la venganza como sustituto de la justicia. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad se traduce en exigencias y denuncias, de los cuales contradictoriamente se reclaman mayores poderes y presencia, como es el caso de los “horarios especiales” para menores.
Tratándose de la inseguridad, uno de los discursos favoritos de los altos funcionarios es recurrir a la “corresponsabilidad” Estado-ciudadanos, endosando a éstos parte de la responsabilidad que es única y exclusiva de los gobernantes, como bien lo establece el artículo 21 constitucional. Así también, recurren al argumento de que los crímenes son como resultado “de la acción del gobierno” en el combate al narcotráfico.
Ante este panorama, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo sin equidad ni justicia social, ni los programas “Dare”, los de “Cultura de la Legalidad” y las reformas legales para incrementar las penas. James Wolfensohn, del Banco Mundial, dijo recientemente en Lima, Perú, que “no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas. No se trata de dinero o de cuanto puede dar el BM, sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser abiertos”.
De no actuar inteligentemente, las consecuencias de las acciones punitivas con apoyo popular son el sacrificio de libertades en aras de un poco de seguridad. Y lo peor es que, bajo este esquema, no se logra ni la libertad ni la seguridad.
Las demandas de los empresarios tijuanenses fueron: a) Control en la venta de bebidas alcohólicas; b) Operativos en zonas inseguras de la ciudad (o sea, las colonias populares); c) Presencia de agentes federales para trabajar casos específicos; d) Revivir el delito de vagancia y malvivencia y, e) Detención de menores de edad que transitan por la ciudad después de las 11 de la noche y fincar responsabilidades a sus padres (el popular “toque de queda” aplicado ya en Tecate y Mexicali, medida que de inmediato fue apoyada por Francisco Villegas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, y por los regidores priístas Antonio Sifuentes Meraz y Martha Eugenia Montejano; a su vez, el regidor panista Raúl Castañeda sostuvo que “toda propuesta del sector empresarial es bienvenida y debe ser analizada cuidadosamente”.).
Ante la demanda, la repuesta inmediata del Procurador estatal fue celebrar los planteamientos hechos por los empresarios, aceptando que aún no siendo un tema de su competencia, implantar el horario restringido para menores “ayudaría a poner orden”. Los empresarios emplazaron al funcionario a una respuesta en un plazo de 15 días, otorgando otro de 30 días al Poder Legislativo local para impulsar soluciones.
Por su parte, el Obispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, después de hacer público el pasado 16 de enero el secuestro de 3 personas, de buena fe volvió a insistir sobre la necesidad de que “el Ejército vigile las calles” de la ciudad. El 20 de diciembre de 2005 ya había declarado que “el Ejército es un cuerpo de seguridad pública importante, confiable y disciplinado, que vienen a cumplir su misión y si las autoridades de los tres niveles de Gobierno lo consideran oportuno, su presencia sería positiva”.
Es obvio que el Señor Obispo ignora que, de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Presidente de la República para ello, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).
En otro orden de ideas, a iniciativa de la diputada panista Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad (sin el “Género”) de la XVIII Legislatura de Baja California, el pasado 18 de noviembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas al artículo 177 y 178 bis del Código Penal estatal, que tipifica como “violación equiparada” las relaciones íntimas sostenidas con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, aún bajo consentimiento mutuo, castigando a los varones responsables con penas de diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo, sin derecho a obtener la libertad bajo fianza (la reforma no prevé los casos de mujeres adultas que tengan relaciones con un varón menor). “Se trata de resolver un problema de moral, de relación de valores, con un problema penal”, consideró Arnoldo Castilla García, prestigiado catedrático de la UABC. Al 27 de enero, había ya 2 jóvenes procesados por este nuevo “delito”.
Pero además, en el mismo paquete de reformas legislativas, el Congreso de Baja California aprobó que los espectáculos de “table dance”, así como la venta, renta o transportación de revistas, videos o audios de contenido pornográfico, son sancionados por el artículo 261 bis del Código Penal con castigos que van de uno a cinco años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Se impondrá también penalidad “al que utilice a una persona en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; al que fabrique, reproduzca, publique, comercie, distribuya, exponga, haga circular, transporte u oferte libros, escritos, grabaciones o audiograbaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio”. El delito podrá ser cometido también por vendedores de revistas en establecimientos o puestos de periódicos, y por gerentes o empleados de negocios de renta de videos.
Es cierto que hay un grave repunte del crimen, la delincuencia y la inseguridad pública en Baja California, a lo largo de la frontera norte y en general en todo el país, como bien lo indica la encuesta de percepción que recién publicó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y que incomodó a los gobernantes de la región. En ello, los empresarios, el Obispo de Tijuana, la diputada Elvira Luna y otros tienen razón. Pero de eso a retroceder con medidas legaloides y policíacas que no van al origen de estos problemas y que restringen las libertades ganadas con muchos esfuerzos y sacrificios por la humanidad a lo largo de la historia, hay mucha diferencia.
Lo que más tiene asolada y atemorizada a la población son los delitos “de alto impacto”: Los secuestros y los crímenes producto de los ajustes de cuentas de los capos de la droga por el control de las rutas y el mercado. La visión punitiva hacia los adolescentes de los barrios populares, elevar como delitos la vagancia y malvivencia, llenar las cárceles de marginados, etc., es el castigo a la pobreza.
Como bien lo señala un puntual documento denominado Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, publicado en el año 2002 por El Colegio de la Frontera Norte, en el capítulo sobre seguridad pública se señala que, con las medidas que se han propuesto y puesto en marcha, se ha detectado la ausencia de políticas públicas con visión integral del fenómeno de la violencia y la inseguridad, privilegiando el enfoque “delito-policía-justicia-prisión”.
No ha habido lugar para una visión distinta que asuma la violencia como un fenómeno integral complejo, de origen económico, psicosocial, político y cultural, que dé lugar a estrategias que atiendan los factores de riesgo a los cuales aparece asociado el fenómeno de la inseguridad. En este sentido, las recomendaciones internacionales sugieren utilizar el enfoque “epidemiológico” para enfrentar el fenómeno de la violencia, lo cual requiere de medidas combinadas focalizadas en la atención preventiva, con una fuerte inversión social y la intervención oportuna, para atender las consecuencias del acelerado y desordenado crecimiento urbano y la falta de planeación, bajo el convencimiento de que, a diferencia del combate al crimen organizado, es mejor prevenir el delito común que reprimirlo, buscando además implementar “penas alternativas” e instancias de mediación.
La ventaja de un “enfoque integral” es que el fenómeno de la inseguridad pública es atendido en forma preventiva, teniendo en consideración a los elementos causales del mismo y no desde acciones a posteriori. Así, los gobiernos se obligan a orientar sus programas en una perspectiva integral de prevención social y no a responder de manera reactiva, con prioridad en las áreas de mayor carencia y en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que la seguridad pública, que es un derecho humano, no descanse de forma casi exclusiva en la policía, sino en la Administración Pública en su conjunto.
Hasta ahora, la corrupción y la falta de eficacia y coordinación entre los gobiernos ha sido el marco en el cual se ha desarrollado la delincuencia organizada, lo que no se acabará con “toques de queda”, reducción de la edad penal, aumento de las penas, la cadena perpetua, la intervención del Ejército, etc.
El crimen organizado ha aprovechado eficientemente estas ambigüedades así como las contradicciones y vicios de una estructura burocrática caracterizada por la corrupción y la ineficiencia, logrando permear peligrosamente en el tejido social, donde ha encontrado una cobertura de protección, ya sea por temor, por desconocimiento, por necesidad económica o por complicidad de la población. La delincuencia organizada se nutre de la descomposición social, pero ella misma es uno de sus principales factores.
Según la PGR, las ejecuciones han aumentado un 180 por ciento en enero de 2006 en comparación al mismo período del año anterior. No sólo se trata de la existencia de países "productores", “de paso” o "consumidores" de drogas, sino de una estructura cuyo funcionamiento depende cada vez más de la acción supranacional de los cárteles en el mercado mundial, cuya eficacia es notoria. En consecuencia, la presencia del narcotráfico y el nivel de riesgo definido para la Seguridad Nacional ha implicado ostentosos operativos policíaco-militares con muy limitados resultados, pero con una gran molestia de la población que es afectada sin aviso, disculpa o reparación del daño moral, emocional o económico, y sin castigo a los servidores públicos abusivos.
Si es de por sí preocupante que la guerra entre los narcos asuma como escenarios propios ciudades enteras, mucho más estremecedor resulta que en algunas de ellas la misma policía les otorgue protección y sea parte de los bandos en pugna, donde las policías son parte del problema, no de la solución.
La sociedad sufre con el aumento de los actos delictivos, pero sufre doblemente cuando al dolor y la desesperación se suma el clamor irracional a favor de la venganza como sustituto de la justicia. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad se traduce en exigencias y denuncias, de los cuales contradictoriamente se reclaman mayores poderes y presencia, como es el caso de los “horarios especiales” para menores.
Tratándose de la inseguridad, uno de los discursos favoritos de los altos funcionarios es recurrir a la “corresponsabilidad” Estado-ciudadanos, endosando a éstos parte de la responsabilidad que es única y exclusiva de los gobernantes, como bien lo establece el artículo 21 constitucional. Así también, recurren al argumento de que los crímenes son como resultado “de la acción del gobierno” en el combate al narcotráfico.
Ante este panorama, ningún programa de prevención del delito puede ser efectivo sin equidad ni justicia social, ni los programas “Dare”, los de “Cultura de la Legalidad” y las reformas legales para incrementar las penas. James Wolfensohn, del Banco Mundial, dijo recientemente en Lima, Perú, que “no habrá paz en el mundo en los próximos 25 años si no hay cambios sociales y si los países no se ponen de acuerdo en el combate a la pobreza, incluyendo la incorporación de poblaciones marginadas. No se trata de dinero o de cuanto puede dar el BM, sino que todo es cuestión de cambio social, de escuchar, de aprender y ser abiertos”.
De no actuar inteligentemente, las consecuencias de las acciones punitivas con apoyo popular son el sacrificio de libertades en aras de un poco de seguridad. Y lo peor es que, bajo este esquema, no se logra ni la libertad ni la seguridad.
OTRA VEZ, INICIATIVA SOBRE LA CADENA PERPETUA EN BC
El 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, finalmente, la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante una garantía que no impondría prisión vitalicia al reo.
Estos criterios de la Corte se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas de par en par a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer; así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando así el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la cadena perpetua en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los Estados Unidos, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna, y del Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna, producto de la falta de autonomía y de compromiso social de la Corte.
Para ser más precisos: El Artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel; sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros violan la letra y el espíritu de la Constitución y rompen con una sana tradición histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den mas de 100 años, se considera prisión vitalicia, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales correspondientes.
La aberrante decisión de los ministros viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo. Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros). Son principios y obligaciones de los Estados que no inventamos nosotros.
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación; son la Ley Suprema de la Unión (artículo 133 constitucional). A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
En un razonamiento lógico preguntémonos: De aplicarse la prisión vitalicia, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien? En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario; que esté fallando y en estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y ciertos sectores por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar esto es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernantes y a los legisladores.
En Baja California ya se les cuecen las habas. Hace casi un año, el gobernador del Estado Eugenio Elorduy Walther y el diputado local Francisco Blake Mora, anunciaron públicamente la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua. Ahora, el también diputado local Urbano Chávez, de la fracción del PAN, anuncia una nueva intentona contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
¿Cuál es la prisa, o es también un asunto ideológico? Aprobar la cadena perpetua sería contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presume –y ha invertido- el gobierno estatal, en cuanto al respecto a la Carta Magna y a los tratados internacionales.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola, punitiva y criminalizante del delito? Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las CAUSAS que originan esas conductas antisociales y dirigir la mirada hacia el combate a la CORRUPCION y a la IMPUNIDAD.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, es cierto, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y la criminalidad se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades en la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; de educación suficiente, gratuita y de calidad; de opciones para el uso positivo del tiempo libre, de seguridad social, de seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado mexicano.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y reformar el Código Penal, que cubrir las necesidades sociales, y endosa a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y la idea de los “padres irresponsables”. El retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene dinero para evadir la acción de la justicia.
La resolución tomada por los ministros de la Corte Suprema es legal e inatacable, pero no legítima ni justa, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de una verdadera impartición de justicia e independencia, y cuando el Sistema Penitenciario mexicano da muestras de agotamiento y grave descomposición.
Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas punitivas; es el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos a los gobernantes. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, pero también tolerar la corrupción y la impunidad en el aparato de Justicia.
Por todo ello, urge abrir el debate informado, antes de que sea demasiado tarde.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante una garantía que no impondría prisión vitalicia al reo.
Estos criterios de la Corte se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas de par en par a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer; así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando así el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la cadena perpetua en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los Estados Unidos, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna, y del Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna, producto de la falta de autonomía y de compromiso social de la Corte.
Para ser más precisos: El Artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel; sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros violan la letra y el espíritu de la Constitución y rompen con una sana tradición histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den mas de 100 años, se considera prisión vitalicia, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales correspondientes.
La aberrante decisión de los ministros viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo. Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros). Son principios y obligaciones de los Estados que no inventamos nosotros.
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación; son la Ley Suprema de la Unión (artículo 133 constitucional). A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
En un razonamiento lógico preguntémonos: De aplicarse la prisión vitalicia, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien? En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario; que esté fallando y en estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y ciertos sectores por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar esto es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernantes y a los legisladores.
En Baja California ya se les cuecen las habas. Hace casi un año, el gobernador del Estado Eugenio Elorduy Walther y el diputado local Francisco Blake Mora, anunciaron públicamente la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua. Ahora, el también diputado local Urbano Chávez, de la fracción del PAN, anuncia una nueva intentona contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
¿Cuál es la prisa, o es también un asunto ideológico? Aprobar la cadena perpetua sería contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presume –y ha invertido- el gobierno estatal, en cuanto al respecto a la Carta Magna y a los tratados internacionales.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola, punitiva y criminalizante del delito? Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las CAUSAS que originan esas conductas antisociales y dirigir la mirada hacia el combate a la CORRUPCION y a la IMPUNIDAD.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, es cierto, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y la criminalidad se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades en la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; de educación suficiente, gratuita y de calidad; de opciones para el uso positivo del tiempo libre, de seguridad social, de seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado mexicano.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y reformar el Código Penal, que cubrir las necesidades sociales, y endosa a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y la idea de los “padres irresponsables”. El retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene dinero para evadir la acción de la justicia.
La resolución tomada por los ministros de la Corte Suprema es legal e inatacable, pero no legítima ni justa, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de una verdadera impartición de justicia e independencia, y cuando el Sistema Penitenciario mexicano da muestras de agotamiento y grave descomposición.
Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas punitivas; es el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos a los gobernantes. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, pero también tolerar la corrupción y la impunidad en el aparato de Justicia.
Por todo ello, urge abrir el debate informado, antes de que sea demasiado tarde.
LA MASACRE DE SINALOA
Después del grave incidente en la sierra de Sinaloa en el que tres menores y dos adultos perdieron la vida, baleados por un piquete de militares presumiblemente bajo los efectos del alcohol o la droga, las cosas no se han colocado en su verdadera dimensión.
En primer lugar, la férrea decisión de Felipe Calderón de usar intensivamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, instalando retenes en las ciudades y las carreteras del país para efectuar revisiones aleatorias en la vía pública y en los aeropuertos, es una medida que viola los principios amparados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo I, “De las Garantías Individuales”.
Si bien hay Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia emitida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la que se avala la salida del Ejército de sus cuartales en tiempos de paz para realizar tareas que competen a la autoridad civil , así como la suspensión de las Garantías Individuales sin la autorización del Congreso de la Unión, ello no obsta para que esas medidas punitivas-militares sean anticonstitucionales, ateniéndonos no sólo al espíritu del constituyente, sino también a los tratados internacionales.
Pero lo más preocupante es que intelectuales como Leo Zukerman avalen en los medios de comunicación la salida militar, repudiando, eso si, las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por la tropa, pero sin cuestionar los asuntos de fondo.
En una charla reciente en la radio, Zukerman decía, palabras más palabras menos, que si bien es aberrante el crimen de Sinaloa (como si fuera un caso aislado), habría que investigar si los tripulantes del vehículo baleado no se habían detenido ante una señal de alto de los militares; si traían droga o armas o se encontraban intoxicados.
Para evitar los excesos de las fuerzas públicas o las fuerzas armadas en contra de la población civil, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1979 el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, y en septiembre de 1990, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Ambos, señalan los criterios y los límites éticos y legales para el uso de la fuerza letal, estableciendo estándares de “necesidad”, “legitimidad”, “proporcionalidad”, “moderación” y “diferenciación”.
Seguro que usted ha visto videos de brutalidad policíaca en los Estados Unidos (contra afroamericanos y latinoamericanos, por supuesto), o ha conocido casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que balean a migrantes que se defienden con piedras o que huyen de la aprehensión. Esos son casos de evidente violación a los principios universales arriba enunciados, cometidos por el que se dice país campeón de las libertades civiles.
Es grave que intelectuales que influyen en la opinión pública desconozcan, o en el peor de los casos, legitimen la ruptura de los principios constitucionales y universales que amparan los derechos humanos, en aras de quien sabe qué intereses o ideologías.
En el caso de la masacre de Sinaloa, si los ocupantes del vehículo baleado no se detuvieron ante una señal de alto, traían drogas, armas o viajaban intoxicados, no es razón suficiente para abrir fuego contra ellos. La única razón legal y moral para disparar es que los tripulantes del vehículo pusieran en riesgo la integridad física y la vida de los militares o de terceras personas, disparando contra ellos, buscando atropellarlos u otra circunstancia fatal. Pero nada de esto no ocurrió. Además, los militares no tienen nada que hacer fuera de sus cuarteles, salvo en la aplicación del Plan de emergencias DN-III.
Estos riesgos se evitarían quitando a la tropa de esas actividades ya que no están preparados para ellas, a pesar del apoyo de gobernadores y alcaldes de todos los colores a la inútil estrategia militar de Calderón, con la obvia intención de diluir su responsabilidad e ineficacia ante el crimen organizado.
Este penoso incidente va a quedar grabado en la memoria histórica del país como una de las mayores afrentas al Estado de Derecho y a la democracia. Una mancha en el gobierno de Felipe Calderón.
En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los militares, éstos deben ser investigados y juzgados por la justicia civil, no la militar.
Además, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, de donde nunca debieron salir (artículo 129 constitucional).
En primer lugar, la férrea decisión de Felipe Calderón de usar intensivamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, instalando retenes en las ciudades y las carreteras del país para efectuar revisiones aleatorias en la vía pública y en los aeropuertos, es una medida que viola los principios amparados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo I, “De las Garantías Individuales”.
Si bien hay Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia emitida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la que se avala la salida del Ejército de sus cuartales en tiempos de paz para realizar tareas que competen a la autoridad civil , así como la suspensión de las Garantías Individuales sin la autorización del Congreso de la Unión, ello no obsta para que esas medidas punitivas-militares sean anticonstitucionales, ateniéndonos no sólo al espíritu del constituyente, sino también a los tratados internacionales.
Pero lo más preocupante es que intelectuales como Leo Zukerman avalen en los medios de comunicación la salida militar, repudiando, eso si, las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por la tropa, pero sin cuestionar los asuntos de fondo.
En una charla reciente en la radio, Zukerman decía, palabras más palabras menos, que si bien es aberrante el crimen de Sinaloa (como si fuera un caso aislado), habría que investigar si los tripulantes del vehículo baleado no se habían detenido ante una señal de alto de los militares; si traían droga o armas o se encontraban intoxicados.
Para evitar los excesos de las fuerzas públicas o las fuerzas armadas en contra de la población civil, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1979 el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, y en septiembre de 1990, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Ambos, señalan los criterios y los límites éticos y legales para el uso de la fuerza letal, estableciendo estándares de “necesidad”, “legitimidad”, “proporcionalidad”, “moderación” y “diferenciación”.
Seguro que usted ha visto videos de brutalidad policíaca en los Estados Unidos (contra afroamericanos y latinoamericanos, por supuesto), o ha conocido casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que balean a migrantes que se defienden con piedras o que huyen de la aprehensión. Esos son casos de evidente violación a los principios universales arriba enunciados, cometidos por el que se dice país campeón de las libertades civiles.
Es grave que intelectuales que influyen en la opinión pública desconozcan, o en el peor de los casos, legitimen la ruptura de los principios constitucionales y universales que amparan los derechos humanos, en aras de quien sabe qué intereses o ideologías.
En el caso de la masacre de Sinaloa, si los ocupantes del vehículo baleado no se detuvieron ante una señal de alto, traían drogas, armas o viajaban intoxicados, no es razón suficiente para abrir fuego contra ellos. La única razón legal y moral para disparar es que los tripulantes del vehículo pusieran en riesgo la integridad física y la vida de los militares o de terceras personas, disparando contra ellos, buscando atropellarlos u otra circunstancia fatal. Pero nada de esto no ocurrió. Además, los militares no tienen nada que hacer fuera de sus cuarteles, salvo en la aplicación del Plan de emergencias DN-III.
Estos riesgos se evitarían quitando a la tropa de esas actividades ya que no están preparados para ellas, a pesar del apoyo de gobernadores y alcaldes de todos los colores a la inútil estrategia militar de Calderón, con la obvia intención de diluir su responsabilidad e ineficacia ante el crimen organizado.
Este penoso incidente va a quedar grabado en la memoria histórica del país como una de las mayores afrentas al Estado de Derecho y a la democracia. Una mancha en el gobierno de Felipe Calderón.
En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los militares, éstos deben ser investigados y juzgados por la justicia civil, no la militar.
Además, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, de donde nunca debieron salir (artículo 129 constitucional).
LA CADENA PERPETUA DE FELIPE CALDERON
".. la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía...". Carta dirigida a PanchoVilla por Emiliano Zapata, 1919
La “mano firme”
Felipe Calderón ha decidido arriesgarse por una estrategia de corte “populista” para asirse del poder presidencial, después de una turbulenta y cuestionada elección federal y posterior toma de protesta.
Sus principales actos públicos como Presidente han consistido en identificar a su gobierno con las Fuerzas Armadas; antes, inaugurando con Vicente Fox un protocolo de “custodia de la Banda Presidencial” a cadetes del H. Colegio Militar, previo a la protesta de ley. Ya ungido, Calderón ordena el asalto policiaco-militar a la APPO y la detención de sus principales dirigentes; enseguida, manda al Ejército a “combatir al crimen organizado”, enfundándose en chamarra militar y gorra de 5 estrellas. Además, ordena aumentar 46 por ciento al ingreso de la tropa (mientras que los trabajadores asalariados recibieron en el 2007 un pírrico e insultante “aumento” del 3.9 por ciento).
Las medidas populistas siguieron al decretar que todos los niños nacidos en su sexenio recibieran la asistencia médica gratuita (como si la Salud no fuera un Derecho).
Fiel a su estilo, Calderón anuncia recientemente el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reformas al sistema de seguridad y justicia del país para implantar la cadena perpetua y –ojo- ampliar las facultades legales a la PGR de manera discrecional, a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. Así, cualquier criminal o dirigente social pudiera ser detenido sin más. El mensaje consiste en dar el mismo tratamiento al crimen organizado y a los movimientos sociales. Igual que con los operativos policíaco-militares.
Esta última iniciativa es muy parecida a aquella USA-Patriot Act aprobada por el Congreso estadounidense al presidente George W. Bush después del 11 de septiembre del 2001, reedición del MacCarthysmo de la Guerra Fría. Se legaliza la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas", y recorta considerablemente las libertades civiles dentro del territorio norteamericano y en el extranjero. La ley, diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes que son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas, y un ataque a las libertades civiles bajo el pretexto de garantizar la "Seguridad Nacional".
Las anteriores acciones de Felipe han recibido, en lo general, el beneplácito y el aplauso de buena parte de la población mexicana y de la clase empresarial, sobre todo los operativos de combate a la inseguridad y al narco y la cadena perpetua.
Antecedentes inmediatos sobre la Cadena Perpetua
El 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a los EUA.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía de que no impondría prisión vitalicia al reo.
Por otro lado, el artículo 22 Constitucional prohíbe “cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Y la cadena perpetua siempre ha sido considerada así.
Los criterios de la Corte y los principios constitucionales se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer. Así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, el argumento jurídico en que basó Felipe Calderón la extradición de capos mexicanos a los EUA en enero pasado, fue precisamente esta jurisprudencia de la Corte, lo que le valió, junto a los operativos policiaco-militares, el reconocimiento del Departamento de Estado y sendos editoriales positivos de los influyentes diarios The New York Times y el Washington Post, por su decidido combate al narcotráfico.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la prisión vitalicia en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los EUA, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna y de los tratados internacionales inscritos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna para complacer a los EUA en el tema de los “extraditables”, producto de la falta de autonomía y de compromiso de la Corte.
Los principios Constitucionales y la cadena perpetua
Para ser más precisos: El artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel, sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros rompen con una sana tradición humanista e histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den más de 100 años se considera prisión vitalicia, o de plano imponer la cadena perpetua, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales.
La reforma constitucional del artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, quedó como sigue: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. A menos que hubiera motivaciones político-ideológicas contrarias a los principios y espíritu de la Carta Magna, no debería haber duda entonces que la cadena perpetua es una pena inusitada y trascendental.
Menosprecio de la Corte a los Tratados Internacionales
La aberrante decisión de los ministros de la Suprema Coste de Justicia de legalizar la prisión vitalicia que da paso a la cadena perpetua, misma que aprovecha ahora Felipe Calderón para promover su iniciativa, viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo.
Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, por su parte: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros).
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, que los convierte en “la Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 Constitucional).
A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político, ético y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
Pero, contrario a la tendencia mundial de colocar jurídicamente los tratados internacionales por encima de las Cartas Magnas, o bajo el principio de progresividad que aplica según se beneficie a las victimas, habrá que recordar que la Corte resolvió la Tesis jurisprudencial 192,867 del 11 de mayo de 1999, cuyo título es: "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Grave decisión.
La corta e inútil visión punitiva
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y el sector empresarial por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar su actitud es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores y a los legisladores.
En Baja California, desde hace más de un año, el gobernador Eugenio Elorduy Walther anunció la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua, y hoy lo anuncia de nuevo. También los diputados locales panistas Francisco Blake Mora y Urbano Chávez anunciaron su intentona de cadena perpetua contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
Quizá quieren pasar a la historia siguiendo la “tradición democrática” de Baja California que impuso la llegada, en 1989, del primer gobernador de oposición en más de 70 años de gobiernos priístas (Ernesto Rufo Appel, del PAN) y la implantación, en 1991, de la primera credencial para votar con fotografía.
Hoy, animado por el anuncio de Felipe Calderón de que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para establecer la cadena perpetua a secuestradores de mujeres, niños y ancianos, o que mutilen o asesinen a sus víctimas, el gobernador Elorduy hace lo propio. Como en los buenos tiempos.
Y ya encarrerado el ratón, en plena campaña electoral local, diputados de oposición como Guilermo Aldrete Haas, dirigente del PRI y el ex perredista Jaime Xicotécatl Palafox, candidato a la alcaldía de Ensenada por la coalición formada por el PRI, el PVEM y el Partido Estatal de Baja California, politizan el tema y se montan en lo que aseguran las bondades de la iniciativa del gobernador panista.
Habría que tener mucho cuidado que el Congreso de Baja California no vote en este año electoral una iniciativa a favor de la cadena perpetua sólo para evitar el rechazo popular en las urnas a aquél partido o candidato que osare estar en contra de la medida.
¿Cuál es la prisa? Si nos atenemos a los principios Constitucionales y a los tratados internacionales, aprobar la cadena perpetua en México es contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presumen y han invertido los gobiernos federal y estatales.
En un razonamiento lógico, preguntémonos: De aplicarse la medida, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien?
En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario. Que esté fallando y en grave estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
Nuestros sabios constituyentes y la comunidad internacional han impuesto candados legales a la pena de muerte y a las penas inusitadas y trascendentes, porque la Justicia puede fallar y porque el “castigo” se aplica generalmente a los más pobres.
Quizá lo mejor que hizo Vicente Fox antes de irse al Rancho fue abrogar la pena de muerte en México, congruente con la tendencia abolicionista mundial, reformando los artículos 14 y 22 de la Constitución, reforma que entró en vigor en México al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre del 2005. Hubiera prohibido también la cadena perpetua antes de la llegada de Felipe.
El origen de la inseguridad y el crimen
El pueblo quiere que se castigue con todo el peso de la ley a los malos, y es de reconocer que hay que hacer algo urgente y contundente. De eso no hay la menor duda. Pero hacernos creer que con la cadena perpetua se acabarán los delitos de secuestro agravado no es más que otro mito mediático de corte populista que nos venden, al igual que la “solución” militar a los crímenes violentos y el narco.
La verdad es que los delitos graves van asociados a la imposición del modelo neoliberal en el mundo, en especial en los países llamados del Tercer Mundo. No en vano, los programas de Ajuste Estructural de la Economía no son otra cosa más que la privatización de todo, hasta de los derechos humanos, y el papel del Estado pasa a una función meramente “normativa” o de “administración de conflictos”, ya no de garante de los Derechos Humanos. Es el también llamado “capitalismo salvaje” que basa su éxito en la desigualdad, la injusticia social y la inequidad.
La fábrica de pobres, subempleados y desempleados (“Ejército Industrial de Reserva”) en que se ha convertido hoy nuestros países bajo el actual modelo de desarrollo (la pobreza es, en si misma, una violación de los derechos humanos), conlleva pérdida de principios y valores que las personas –incluso estratos medios y altos- aprenden desde el vientre materno, que dan como resultado una fuerte descomposición social traducida en individualismo, egoísmo, materialismo, economía informal, migración, violencia y desintegración familiar, narcotienditas, adicciones, robos para mantener la adicción, cárcel, degradación de la dignidad humana; más violencia y más muerte. El narco ha penetrado ya el tejido social y se ha infiltrado en la célula social, que es la familia.
Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las causas que originan esas conductas antisociales y dirigir los recursos y programas hacia el verdadero combate a la pobreza, no el de corte asistencial y corporativista como son los programas Oportunidades, Seguro Popular y Procampo. Hoy en México, la política social es de Teletones, donde los ciudadanos aportamos. Por su parte, los empresarios “filántropos”, con los donativos del pueblo, ventajosamente deducen de impuestos esos recursos que sirven para el sostenimiento de grupos vulnerables.
Los adictos deben ser vistos no como candidatos ideales para hacinar cárceles o engrosar las estadísticas de las policías municipales, sino como “enfermos”. El Estado debe dar tratamiento a este asunto como un problema de Salud Pública, de Derecho a la Salud, y abrir el debate serio e informado sobre la despenalización de las drogas.
Como nunca, en México, hoy proliferan Centros de Rehabilitación privados para alcohólicos y adictos, en parte financiados por proyectos sociales oficiales, la mayoría dirigidos por ex adictos sin la preparación debida, con nula o escasa supervisión oficial de sus programas y actividades, donde se vende droga, se priva de la libertad, se tortura, se viola y hasta se asesina, tolerados por el gobierno que prefiere su control por estos centros, que la aplicación, mediante la inversión social, de políticas públicas de prevención y tratamiento profesional de las adicciones.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y el criminen se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades directas, dejando las bondades y los beneficios futuros a la llegada de más inversión extranjera directa, proyecto prioritario de Calderón, el autollamado “Presidente del Empleo” (a eso fue a Davos, Alemania, España e Inglaterra, a vender el país).
La población también exige, pero esto no se le cumple, la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; educación suficiente, gratuita y de calidad; opciones para el uso positivo del tiempo libre, acceso a la ciencia y la tecnología, seguridad social, seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y soldados (pueblo vs. pueblo) y reformar los códigos penales, que cubrir las necesidades sociales, endosando a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y vendiendo la idea de los “padres irresponsables”, haciéndonos creer que los problemas son de índole individual y no por la falta de políticas públicas integrales.
Tal retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene mucho dinero, capacidad organizativa multinacional, armamento, tecnología, control del sistema financiero nacional e internacional, capacidad para evadir la acción de la justicia, capacidad logística para infiltrase en las áreas claves de gobierno, etc.
¿Y nos creemos que todo esto se va a acabar con el Ejército y la cadena perpetua?
Conclusiones
Las resoluciones tomadas por los ministros de la Corte Suprema son legales, inapelables e inatacables, pero no necesariamente legitimas ni justas, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras firmes de independencia y de una verdadera impartición y administración de la justicia, que en México da señales de agotamiento.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua a los secuestradores, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola y punitiva del delito que hoy se impone y que provoca, por si fuera poco, la criminalización de los pobres, los jóvenes y los inconformes sociales? Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas similares o peores en el corto y mediano plazo; es la limpieza social, el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, como de la corrupción y la impunidad.
Por lo pronto, e independientemente de las crisis que le han detonado a Felipe Calderón con el asunto de la tortilla, y en su propia parcela la rebelión de los Yunques, a 100 días de su gobierno, la dura realidad ya le demostró al Presidente que la militarización de la Seguridad Pública no resultó ser la solución ni la panacea, y la sociedad comienza a desencantarse por un comienzo gris. ¿Cuántos “delincuentes de cuello blanco” han sido detenidos? ¿Cuantas empresas blanqueadoras han sido incautadas? ¿Cuántos grandes capos han sido detenidos? Haga cuentas.
Lamentablemente –y era de esperarse-, el crimen le tomó rápidamente la medida a los operativos y a las Fuerzas Armadas. Peor aún, me permito prever que la cadena perpetua, si se impone en el país como así parece ser (espero equivocarme), demostrará a largo plazo su ineficacia para inhibir el crimen, como así sucede en otros países.
Por su parte, los magistrados de la Suprema Corte, por ser un poder público emanado del pueblo e instituido para beneficio de éste, si bien están dotados de una gran capacidad de decisión, no están autorizados para actuar bajo consigna y en la más absoluta discrecionalidad, sino que deben obedecer a la ética, la responsabilidad, la soberanía nacional, los intereses del pueblo mexicano, la dignidad de las personas y los principios universales consagrados en la Carta de los Derechos Humanos.
A este paso, Baja California podría ser el primer estado en aplicar la cadena perpetua. Por lo pronto, Chihuahua ya está autorizado para imponer la prisión vitalicia.
La justicia de Calderón está en entredicho. Desde la campaña presidencial hasta hoy, no ha tomado un compromiso y una posición definida respecto a los Derechos Humanos. Los gober preciosos, Mario Marín y Ulises Ruíz, siguen intocables en sus puestos debido a una concertacesión de intereses nada transparente, a pesar de sus delitos, y el ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acaba de ser exonerado por la Secretaría de la Función Pública, a pesar de su ilegal incorporación al 2º. Banco más importante del mundo y a las graves corruptelas en Isosa.
La “mano firme”
Felipe Calderón ha decidido arriesgarse por una estrategia de corte “populista” para asirse del poder presidencial, después de una turbulenta y cuestionada elección federal y posterior toma de protesta.
Sus principales actos públicos como Presidente han consistido en identificar a su gobierno con las Fuerzas Armadas; antes, inaugurando con Vicente Fox un protocolo de “custodia de la Banda Presidencial” a cadetes del H. Colegio Militar, previo a la protesta de ley. Ya ungido, Calderón ordena el asalto policiaco-militar a la APPO y la detención de sus principales dirigentes; enseguida, manda al Ejército a “combatir al crimen organizado”, enfundándose en chamarra militar y gorra de 5 estrellas. Además, ordena aumentar 46 por ciento al ingreso de la tropa (mientras que los trabajadores asalariados recibieron en el 2007 un pírrico e insultante “aumento” del 3.9 por ciento).
Las medidas populistas siguieron al decretar que todos los niños nacidos en su sexenio recibieran la asistencia médica gratuita (como si la Salud no fuera un Derecho).
Fiel a su estilo, Calderón anuncia recientemente el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reformas al sistema de seguridad y justicia del país para implantar la cadena perpetua y –ojo- ampliar las facultades legales a la PGR de manera discrecional, a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. Así, cualquier criminal o dirigente social pudiera ser detenido sin más. El mensaje consiste en dar el mismo tratamiento al crimen organizado y a los movimientos sociales. Igual que con los operativos policíaco-militares.
Esta última iniciativa es muy parecida a aquella USA-Patriot Act aprobada por el Congreso estadounidense al presidente George W. Bush después del 11 de septiembre del 2001, reedición del MacCarthysmo de la Guerra Fría. Se legaliza la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas", y recorta considerablemente las libertades civiles dentro del territorio norteamericano y en el extranjero. La ley, diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes que son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas, y un ataque a las libertades civiles bajo el pretexto de garantizar la "Seguridad Nacional".
Las anteriores acciones de Felipe han recibido, en lo general, el beneplácito y el aplauso de buena parte de la población mexicana y de la clase empresarial, sobre todo los operativos de combate a la inseguridad y al narco y la cadena perpetua.
Antecedentes inmediatos sobre la Cadena Perpetua
El 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a los EUA.
En esa fecha, el Pleno de la Corte aceptó modificar dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía de que no impondría prisión vitalicia al reo.
Por otro lado, el artículo 22 Constitucional prohíbe “cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Y la cadena perpetua siempre ha sido considerada así.
Los criterios de la Corte y los principios constitucionales se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.
“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que abre las puertas a la aplicación de la cadena perpetua en México.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que en el Congreso local se tomaran cartas en el asunto, ya que pareciera que todas las autoridades ignoraban el asunto o simplemente no sabían que hacer. Así que los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad, llegando el caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, el argumento jurídico en que basó Felipe Calderón la extradición de capos mexicanos a los EUA en enero pasado, fue precisamente esta jurisprudencia de la Corte, lo que le valió, junto a los operativos policiaco-militares, el reconocimiento del Departamento de Estado y sendos editoriales positivos de los influyentes diarios The New York Times y el Washington Post, por su decidido combate al narcotráfico.
Con el debido respeto que me merecen, es evidente que en la resolución tomada por los magistrados del Tribunal Supremo para legalizar la prisión vitalicia en Chihuahua y en el país, con el objeto de permitir la extradición de reos mexicanos, sobre todo narcotraficantes demandados por los EUA, influyeron dos cosas:
1) El menosprecio hacia los derechos humanos (dudo que los magistrados ignoren la doctrina, principios y fundamento legal del capítulo “De las Garantías Individuales” de nuestra Carta Magna y de los tratados internacionales inscritos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos), y
2) Tal parece, es el sometimiento a los designios del régimen en turno. Fue una decisión tomada bajo consigna para complacer a los EUA en el tema de los “extraditables”, producto de la falta de autonomía y de compromiso de la Corte.
Los principios Constitucionales y la cadena perpetua
Para ser más precisos: El artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.
Como se observa, el constituyente de 1917 no quería a los mexicanos en la cárcel, sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros rompen con una sana tradición humanista e histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den más de 100 años se considera prisión vitalicia, o de plano imponer la cadena perpetua, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales.
La reforma constitucional del artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, quedó como sigue: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. A menos que hubiera motivaciones político-ideológicas contrarias a los principios y espíritu de la Carta Magna, no debería haber duda entonces que la cadena perpetua es una pena inusitada y trascendental.
Menosprecio de la Corte a los Tratados Internacionales
La aberrante decisión de los ministros de la Suprema Coste de Justicia de legalizar la prisión vitalicia que da paso a la cadena perpetua, misma que aprovecha ahora Felipe Calderón para promover su iniciativa, viola también los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos, y el principio sobre la readaptación y reinserción social de los infractores de la ley que merezcan pena corporal, que recoge profundos sentimientos e ideales del humanismo.
Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, por su parte: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros).
Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales arriba invocados son vinculatorios, es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, en virtud de la firma del Presidente, su ratificación por el Senado y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, que los convierte en “la Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 Constitucional).
A pesar de la resolución de la Suprema Corte y del acelere de algunos legisladores y funcionarios públicos, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político, ético y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?
Pero, contrario a la tendencia mundial de colocar jurídicamente los tratados internacionales por encima de las Cartas Magnas, o bajo el principio de progresividad que aplica según se beneficie a las victimas, habrá que recordar que la Corte resolvió la Tesis jurisprudencial 192,867 del 11 de mayo de 1999, cuyo título es: "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Grave decisión.
La corta e inútil visión punitiva
No ignoramos que los criterios punitivos dominan el clamor popular. Estas ideas proliferan entre la población y el sector empresarial por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la delincuencia y el crimen. Aunque se le debe educar en una cultura de los derechos humanos, la población reacciona así por el desconocimiento de sus derechos. Pero a quienes no se les puede perdonar su actitud es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores y a los legisladores.
En Baja California, desde hace más de un año, el gobernador Eugenio Elorduy Walther anunció la intención de poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua, y hoy lo anuncia de nuevo. También los diputados locales panistas Francisco Blake Mora y Urbano Chávez anunciaron su intentona de cadena perpetua contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar.
Quizá quieren pasar a la historia siguiendo la “tradición democrática” de Baja California que impuso la llegada, en 1989, del primer gobernador de oposición en más de 70 años de gobiernos priístas (Ernesto Rufo Appel, del PAN) y la implantación, en 1991, de la primera credencial para votar con fotografía.
Hoy, animado por el anuncio de Felipe Calderón de que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para establecer la cadena perpetua a secuestradores de mujeres, niños y ancianos, o que mutilen o asesinen a sus víctimas, el gobernador Elorduy hace lo propio. Como en los buenos tiempos.
Y ya encarrerado el ratón, en plena campaña electoral local, diputados de oposición como Guilermo Aldrete Haas, dirigente del PRI y el ex perredista Jaime Xicotécatl Palafox, candidato a la alcaldía de Ensenada por la coalición formada por el PRI, el PVEM y el Partido Estatal de Baja California, politizan el tema y se montan en lo que aseguran las bondades de la iniciativa del gobernador panista.
Habría que tener mucho cuidado que el Congreso de Baja California no vote en este año electoral una iniciativa a favor de la cadena perpetua sólo para evitar el rechazo popular en las urnas a aquél partido o candidato que osare estar en contra de la medida.
¿Cuál es la prisa? Si nos atenemos a los principios Constitucionales y a los tratados internacionales, aprobar la cadena perpetua en México es contrario a la Cultura de la Legalidad, de la que tanto presumen y han invertido los gobiernos federal y estatales.
En un razonamiento lógico, preguntémonos: De aplicarse la medida, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien?
En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario. Que esté fallando y en grave estado de descomposición es otra cosa (Centros de ¿Readaptación? Social). Entonces no simulemos, cambiémosles de nombre.
Nuestros sabios constituyentes y la comunidad internacional han impuesto candados legales a la pena de muerte y a las penas inusitadas y trascendentes, porque la Justicia puede fallar y porque el “castigo” se aplica generalmente a los más pobres.
Quizá lo mejor que hizo Vicente Fox antes de irse al Rancho fue abrogar la pena de muerte en México, congruente con la tendencia abolicionista mundial, reformando los artículos 14 y 22 de la Constitución, reforma que entró en vigor en México al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre del 2005. Hubiera prohibido también la cadena perpetua antes de la llegada de Felipe.
El origen de la inseguridad y el crimen
El pueblo quiere que se castigue con todo el peso de la ley a los malos, y es de reconocer que hay que hacer algo urgente y contundente. De eso no hay la menor duda. Pero hacernos creer que con la cadena perpetua se acabarán los delitos de secuestro agravado no es más que otro mito mediático de corte populista que nos venden, al igual que la “solución” militar a los crímenes violentos y el narco.
La verdad es que los delitos graves van asociados a la imposición del modelo neoliberal en el mundo, en especial en los países llamados del Tercer Mundo. No en vano, los programas de Ajuste Estructural de la Economía no son otra cosa más que la privatización de todo, hasta de los derechos humanos, y el papel del Estado pasa a una función meramente “normativa” o de “administración de conflictos”, ya no de garante de los Derechos Humanos. Es el también llamado “capitalismo salvaje” que basa su éxito en la desigualdad, la injusticia social y la inequidad.
La fábrica de pobres, subempleados y desempleados (“Ejército Industrial de Reserva”) en que se ha convertido hoy nuestros países bajo el actual modelo de desarrollo (la pobreza es, en si misma, una violación de los derechos humanos), conlleva pérdida de principios y valores que las personas –incluso estratos medios y altos- aprenden desde el vientre materno, que dan como resultado una fuerte descomposición social traducida en individualismo, egoísmo, materialismo, economía informal, migración, violencia y desintegración familiar, narcotienditas, adicciones, robos para mantener la adicción, cárcel, degradación de la dignidad humana; más violencia y más muerte. El narco ha penetrado ya el tejido social y se ha infiltrado en la célula social, que es la familia.
Es cierto que muchos menores se drogan, son delincuentes y hasta criminales, pero sería más inteligente, económico y humano, a largo plazo, abatir las causas que originan esas conductas antisociales y dirigir los recursos y programas hacia el verdadero combate a la pobreza, no el de corte asistencial y corporativista como son los programas Oportunidades, Seguro Popular y Procampo. Hoy en México, la política social es de Teletones, donde los ciudadanos aportamos. Por su parte, los empresarios “filántropos”, con los donativos del pueblo, ventajosamente deducen de impuestos esos recursos que sirven para el sostenimiento de grupos vulnerables.
Los adictos deben ser vistos no como candidatos ideales para hacinar cárceles o engrosar las estadísticas de las policías municipales, sino como “enfermos”. El Estado debe dar tratamiento a este asunto como un problema de Salud Pública, de Derecho a la Salud, y abrir el debate serio e informado sobre la despenalización de las drogas.
Como nunca, en México, hoy proliferan Centros de Rehabilitación privados para alcohólicos y adictos, en parte financiados por proyectos sociales oficiales, la mayoría dirigidos por ex adictos sin la preparación debida, con nula o escasa supervisión oficial de sus programas y actividades, donde se vende droga, se priva de la libertad, se tortura, se viola y hasta se asesina, tolerados por el gobierno que prefiere su control por estos centros, que la aplicación, mediante la inversión social, de políticas públicas de prevención y tratamiento profesional de las adicciones.
El clamor popular exige medidas mas severas contra la delincuencia, pero el crecimiento alarmante de la inseguridad y el criminen se debe, en parte, al retiro gradual del Estado mexicano de sus responsabilidades directas, dejando las bondades y los beneficios futuros a la llegada de más inversión extranjera directa, proyecto prioritario de Calderón, el autollamado “Presidente del Empleo” (a eso fue a Davos, Alemania, España e Inglaterra, a vender el país).
La población también exige, pero esto no se le cumple, la creación de fuentes de trabajo con salario bien remunerado; educación suficiente, gratuita y de calidad; opciones para el uso positivo del tiempo libre, acceso a la ciencia y la tecnología, seguridad social, seguridad pública, etc., que son también derechos humanos y obligaciones del Estado.
Para el gobierno es más práctico seguir abriendo cárceles, contratar más policías y soldados (pueblo vs. pueblo) y reformar los códigos penales, que cubrir las necesidades sociales, endosando a todos la “corresponsabilidad” sobre la inseguridad y vendiendo la idea de los “padres irresponsables”, haciéndonos creer que los problemas son de índole individual y no por la falta de políticas públicas integrales.
Tal retiro del Estado de sus obligaciones provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que además tiene mucho dinero, capacidad organizativa multinacional, armamento, tecnología, control del sistema financiero nacional e internacional, capacidad para evadir la acción de la justicia, capacidad logística para infiltrase en las áreas claves de gobierno, etc.
¿Y nos creemos que todo esto se va a acabar con el Ejército y la cadena perpetua?
Conclusiones
Las resoluciones tomadas por los ministros de la Corte Suprema son legales, inapelables e inatacables, pero no necesariamente legitimas ni justas, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras firmes de independencia y de una verdadera impartición y administración de la justicia, que en México da señales de agotamiento.
Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua a los secuestradores, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola y punitiva del delito que hoy se impone y que provoca, por si fuera poco, la criminalización de los pobres, los jóvenes y los inconformes sociales? Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas similares o peores en el corto y mediano plazo; es la limpieza social, el suicidio colectivo de una sociedad que no sabe exigir sus derechos. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, como de la corrupción y la impunidad.
Por lo pronto, e independientemente de las crisis que le han detonado a Felipe Calderón con el asunto de la tortilla, y en su propia parcela la rebelión de los Yunques, a 100 días de su gobierno, la dura realidad ya le demostró al Presidente que la militarización de la Seguridad Pública no resultó ser la solución ni la panacea, y la sociedad comienza a desencantarse por un comienzo gris. ¿Cuántos “delincuentes de cuello blanco” han sido detenidos? ¿Cuantas empresas blanqueadoras han sido incautadas? ¿Cuántos grandes capos han sido detenidos? Haga cuentas.
Lamentablemente –y era de esperarse-, el crimen le tomó rápidamente la medida a los operativos y a las Fuerzas Armadas. Peor aún, me permito prever que la cadena perpetua, si se impone en el país como así parece ser (espero equivocarme), demostrará a largo plazo su ineficacia para inhibir el crimen, como así sucede en otros países.
Por su parte, los magistrados de la Suprema Corte, por ser un poder público emanado del pueblo e instituido para beneficio de éste, si bien están dotados de una gran capacidad de decisión, no están autorizados para actuar bajo consigna y en la más absoluta discrecionalidad, sino que deben obedecer a la ética, la responsabilidad, la soberanía nacional, los intereses del pueblo mexicano, la dignidad de las personas y los principios universales consagrados en la Carta de los Derechos Humanos.
A este paso, Baja California podría ser el primer estado en aplicar la cadena perpetua. Por lo pronto, Chihuahua ya está autorizado para imponer la prisión vitalicia.
La justicia de Calderón está en entredicho. Desde la campaña presidencial hasta hoy, no ha tomado un compromiso y una posición definida respecto a los Derechos Humanos. Los gober preciosos, Mario Marín y Ulises Ruíz, siguen intocables en sus puestos debido a una concertacesión de intereses nada transparente, a pesar de sus delitos, y el ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acaba de ser exonerado por la Secretaría de la Función Pública, a pesar de su ilegal incorporación al 2º. Banco más importante del mundo y a las graves corruptelas en Isosa.
LAS TRIBULACIONES DE CALDERON
Con cariño y afecto para
Jorge Arturo Freyding y Juan Bañuelos Torres,
dondequiera que se encuentren
En su afán por legitimarse en la Presidencia de la República, aprovechando el viejo ritual de la liturgia política mexicana que es el 1º. de septiembre, Felipe Calderón ha magullado la herida abierta en millones de mexicanos, empecinado en dirigir un mensaje y en debatir con los representantes populares desde la más alta tribuna de la Nación, para después sentarse a escuchar la respuesta del Poder Legislativo, tan solemne como inútil. Para ello reta a la oposición de izquierda.
Para modificar la Constitución o de perdida la Ley Orgánica del Congreso General y hacer posibles sus deseos, Calderón movió cielo, mar y tierra; a sus cabilderos, correligionarios, aliados y medios favoritos. Como en los viejos tiempos. Como si nada hubiera pasado el 2 de julio del 2006.
Pero hoy los tiempos son diferentes. El fiel de la balanza, el PRI, no está para negociar la idea. Además acaba de recibir un estoconazo en Baja California del que aún no se repone. Y Beltrones, el poderoso senador, haciendo méritos para el 2012 con su Reforma del Estado. El PRD, por su parte, con todo y linchamiento mediático de AMLO, dividido como siempre y más empeñado en defender los principios que los votos, lo que sus adversarios consideran un “suicidio político” por aquello de la izquierda “decente” y “moderna” vs. la izquierda “intransigente”.
Este juego de luces parece más bien una cortina de humo de lo verdaderamente importante: La alta corrupción de las dos administraciones panistas, utilizando las Aduanas para encubrir los oscuros negocios del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, mediante la importación a gran escala de efedrinas para la producción de drogas sintéticas; la corrupción en PEMEX que lo tiene en la quiebra técnica, comprometiendo el futuro del país; las movilizaciones magisteriales contra la Ley del ISSSTE; las muertas de Juárez, Atenco, Oaxaca, los derechos humanos, etc., que motivaron sendas visitas de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, de la Secretaria General de Amnistía Internacional Irene Kahan y de Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero más delicado aún es la reunión de Calderón con George Bush Jr. para la promoción del ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, con dedicatoria para México por aquello de que primero la “seguridad” y luego la “prosperidad”, en ese orden) que implica, eso si, “un peligro para México”.
Ambos mandatarios acordaron el “Plan México”, que es un “Plan Colombia” para nuestro país negociado en secreto entre Bush y Calderón, que se inscribe en la tendencia hacia la militarización y la trasnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se suma, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”, que implica el reposicionamiento y legitimación del papel de las Fuerzas Armadas mexicanas entre la población, tal y como ocurrió en los 70’s en la “guerra sucia” en América Latina donde se reprimió a los líderes opositores y a los movimientos sociales.
A ello le siguen los planes del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas cuyo frustrado promotor resultó ser Vicente Fox), para enfrentar al Mercosur; el también frustrado hasta ahora Plan Puebla-Panamá que no han podido arrancar en México y en los países Centroamericanos por la férrea oposición autóctona, y por supuesto el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) puesto en marcha en 1994, que de nada ha servido a nuestra Nación, al contrario.
Dice Carlos Fazio que el ASPAN es el TLCN militarizado∗. “Fue diseñado por el gobierno de Washington y grandes corporaciones del complejo militar industrial para afianzar y profundizar el largo proceso de integración silenciosa y subordinada de México y Canadá a Estados Unidos. El objetivo estratégico es la construcción de Norteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington. México y Canadá quedaron integrados de facto al llamado ‘perímetro de seguridad’ de Estados Unidos”.
El Plan México ya se está aplicando aquí, continúa Fazio. Su avanzada es la empresa Verint Technology Inc., subcontratada por el Departamento de Estado para que realice tareas de espionaje en territorio nacional. Se trata de un caso concreto de tercierización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo.
En estos planes expansionistas no entran los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. A pesar de que necesiten de éstos, en los Estados Unidos vale más la ideología y el control estratégico de su Seguridad Nacional que la economía en pre-etapa de recesión. El tibio y omiso papel de la Cancillería lo dice todo.
Felipe Calderón debe entender que México no es un país que se gobierne con encuestas, por muy favorables que le sean. La real politik es algo mucho más serio.
Y a todo esto, ¿qué va a informar el “presidente del empleo”?
Jorge Arturo Freyding y Juan Bañuelos Torres,
dondequiera que se encuentren
En su afán por legitimarse en la Presidencia de la República, aprovechando el viejo ritual de la liturgia política mexicana que es el 1º. de septiembre, Felipe Calderón ha magullado la herida abierta en millones de mexicanos, empecinado en dirigir un mensaje y en debatir con los representantes populares desde la más alta tribuna de la Nación, para después sentarse a escuchar la respuesta del Poder Legislativo, tan solemne como inútil. Para ello reta a la oposición de izquierda.
Para modificar la Constitución o de perdida la Ley Orgánica del Congreso General y hacer posibles sus deseos, Calderón movió cielo, mar y tierra; a sus cabilderos, correligionarios, aliados y medios favoritos. Como en los viejos tiempos. Como si nada hubiera pasado el 2 de julio del 2006.
Pero hoy los tiempos son diferentes. El fiel de la balanza, el PRI, no está para negociar la idea. Además acaba de recibir un estoconazo en Baja California del que aún no se repone. Y Beltrones, el poderoso senador, haciendo méritos para el 2012 con su Reforma del Estado. El PRD, por su parte, con todo y linchamiento mediático de AMLO, dividido como siempre y más empeñado en defender los principios que los votos, lo que sus adversarios consideran un “suicidio político” por aquello de la izquierda “decente” y “moderna” vs. la izquierda “intransigente”.
Este juego de luces parece más bien una cortina de humo de lo verdaderamente importante: La alta corrupción de las dos administraciones panistas, utilizando las Aduanas para encubrir los oscuros negocios del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, mediante la importación a gran escala de efedrinas para la producción de drogas sintéticas; la corrupción en PEMEX que lo tiene en la quiebra técnica, comprometiendo el futuro del país; las movilizaciones magisteriales contra la Ley del ISSSTE; las muertas de Juárez, Atenco, Oaxaca, los derechos humanos, etc., que motivaron sendas visitas de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, de la Secretaria General de Amnistía Internacional Irene Kahan y de Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero más delicado aún es la reunión de Calderón con George Bush Jr. para la promoción del ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, con dedicatoria para México por aquello de que primero la “seguridad” y luego la “prosperidad”, en ese orden) que implica, eso si, “un peligro para México”.
Ambos mandatarios acordaron el “Plan México”, que es un “Plan Colombia” para nuestro país negociado en secreto entre Bush y Calderón, que se inscribe en la tendencia hacia la militarización y la trasnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se suma, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”, que implica el reposicionamiento y legitimación del papel de las Fuerzas Armadas mexicanas entre la población, tal y como ocurrió en los 70’s en la “guerra sucia” en América Latina donde se reprimió a los líderes opositores y a los movimientos sociales.
A ello le siguen los planes del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas cuyo frustrado promotor resultó ser Vicente Fox), para enfrentar al Mercosur; el también frustrado hasta ahora Plan Puebla-Panamá que no han podido arrancar en México y en los países Centroamericanos por la férrea oposición autóctona, y por supuesto el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) puesto en marcha en 1994, que de nada ha servido a nuestra Nación, al contrario.
Dice Carlos Fazio que el ASPAN es el TLCN militarizado∗. “Fue diseñado por el gobierno de Washington y grandes corporaciones del complejo militar industrial para afianzar y profundizar el largo proceso de integración silenciosa y subordinada de México y Canadá a Estados Unidos. El objetivo estratégico es la construcción de Norteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington. México y Canadá quedaron integrados de facto al llamado ‘perímetro de seguridad’ de Estados Unidos”.
El Plan México ya se está aplicando aquí, continúa Fazio. Su avanzada es la empresa Verint Technology Inc., subcontratada por el Departamento de Estado para que realice tareas de espionaje en territorio nacional. Se trata de un caso concreto de tercierización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo.
En estos planes expansionistas no entran los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. A pesar de que necesiten de éstos, en los Estados Unidos vale más la ideología y el control estratégico de su Seguridad Nacional que la economía en pre-etapa de recesión. El tibio y omiso papel de la Cancillería lo dice todo.
Felipe Calderón debe entender que México no es un país que se gobierne con encuestas, por muy favorables que le sean. La real politik es algo mucho más serio.
Y a todo esto, ¿qué va a informar el “presidente del empleo”?
EL PROYECTO 28
El Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, nos advierte acerca de la puesta en marcha por el gobierno de los Estados Unidos, de un nuevo y efectivo mecanismo de detección, detención y expulsión de indocumentados en su frontera con México, denominado “Proyecto 28”.
Este proyecto consiste en el desarrollo de torres movibles de alta tecnología, fabricadas por la empresa Boeing, que cubrirán una extensión aproximada de 45 Km. cada una a un costo de un millón de dólares por torre. Se calcula que con 73 torres se cubrirá toda el área fronteriza. Incluye no sólo cámaras de televisión, sino sensores de calor, teléfonos satelitales, computadoras portátiles y vehículos todo terreno de respuesta rápida.
Según explicó un vocero de la Patrulla Fronteriza en una demostración que a últimas fechas se realizó en Tucson, la idea detrás de la instalación de esta nueva tecnología no es detener el flujo de indocumentados, sino convencerlos, con la práctica de su infalibilidad, de que ya no tiene caso cruzar a Estados Unidos pues serán invariablemente detectados. Tecnología de guerra aplicada a los inmigrantes.
El programa piloto se realizó recientemente en el corredor de Sásabe, frontera de Sonora y Arizona en el Desierto de Altar, precisamente donde se realiza hoy el mayor número de cruces de trabajadores migratorios indocumentados. En efecto, migrantes fueron detectados, ubicados y luego arrestados en operativos altamente persuasivos de la efectividad de la nueva tecnología, capaz no sólo de la detección de los que entran a territorio estadounidense, sino de identificar el tipo de armas que puedan traer o del contenido de sus cargamentos.
El Proyecto 28 es una realidad que puede provocar varios efectos negativos para México y el resto de países latinoamericanos expulsores, entre otros:
1) Disminución en el envío de remesas;
2) Separación familiar por el efecto de que los inmigrantes indocumentados que logren establecerse en los Estados Unidos difícilmente decidirán regresar a su país de origen, por lo que se quedarán viviendo en la clandestinidad, y sus familiares enfrentarán graves problemas para ingresar a los Estados Unidos para efectos de reunificación;
3) Miles de trabajadores inmigrantes se arriesgarán con mayor frecuencia a cruzar por las garitas con documentos falsos o escondidos en los vehículos, con los riesgos legales que ello acarrea en virtud de que el cruce “ilegal” en estas condiciones es considerado por los Estados Unidos como una “felonía” o delito grave (la eterna disyuntiva para los migrantes en el cruce, del riesgo legal o el riesgo a la vida);
4) Aquellos migrantes que insistan en el cruce por las montañas, desiertos, ríos y canales, expondrán aún más la vida por las inclemencias del tiempo y del terreno;
5) Mayor dependencia y abuso de los polleros y de los empleadores de trabajos temporales en las ciudades fronterizas;
6) Mayor concentración de inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades en la frontera norte de México, que a su vez provocará un incremento en la visión de criminalización de los migrantes y más violaciones a sus derechos humanos cometidas por policías de todas las corporaciones;
En general, la puesta en marcha de este nuevo proyecto colocará a los trabajadores indocumentados y a sus familiares en situación de mayor vulnerabilidad.
Es increíble que la paranoia terrorista de Bush y la inercia xenofóbica y racista de políticos y amplios sectores de la sociedad estadounidense se imponga al diálogo y la negociación, ante la imperiosa necesidad de nuestro vecino país de cubrir la demanda de mano de obra barata en el campo y la ciudad, importante bastión de la economía de esa nación. La ideología se impone a la economía y a la buena vecindad.
Por todo ello, es increíble que el gobierno mexicano, a través de la Cancillería y del Congreso de la Unión, no se haya manifestado en torno al proyecto en mención, al margen de que no se conocen reuniones de alto nivel para la negociación de la agenda migratoria. Como tampoco se conocen planes de contingencia para nuestra frontera norte ante la eventualidad de su puesta en marcha.
Peor aún, porque el gobierno de los Estados Unidos no aceptó en mayo pasado la visita oficial del Dr. Bustamante para verificar las condiciones de los migrantes en su frontera con México y en los Centros de Detención.
Sr. Felipe Calderón: El “Proyecto 29” no es ningún Cuento Chino.
Este proyecto consiste en el desarrollo de torres movibles de alta tecnología, fabricadas por la empresa Boeing, que cubrirán una extensión aproximada de 45 Km. cada una a un costo de un millón de dólares por torre. Se calcula que con 73 torres se cubrirá toda el área fronteriza. Incluye no sólo cámaras de televisión, sino sensores de calor, teléfonos satelitales, computadoras portátiles y vehículos todo terreno de respuesta rápida.
Según explicó un vocero de la Patrulla Fronteriza en una demostración que a últimas fechas se realizó en Tucson, la idea detrás de la instalación de esta nueva tecnología no es detener el flujo de indocumentados, sino convencerlos, con la práctica de su infalibilidad, de que ya no tiene caso cruzar a Estados Unidos pues serán invariablemente detectados. Tecnología de guerra aplicada a los inmigrantes.
El programa piloto se realizó recientemente en el corredor de Sásabe, frontera de Sonora y Arizona en el Desierto de Altar, precisamente donde se realiza hoy el mayor número de cruces de trabajadores migratorios indocumentados. En efecto, migrantes fueron detectados, ubicados y luego arrestados en operativos altamente persuasivos de la efectividad de la nueva tecnología, capaz no sólo de la detección de los que entran a territorio estadounidense, sino de identificar el tipo de armas que puedan traer o del contenido de sus cargamentos.
El Proyecto 28 es una realidad que puede provocar varios efectos negativos para México y el resto de países latinoamericanos expulsores, entre otros:
1) Disminución en el envío de remesas;
2) Separación familiar por el efecto de que los inmigrantes indocumentados que logren establecerse en los Estados Unidos difícilmente decidirán regresar a su país de origen, por lo que se quedarán viviendo en la clandestinidad, y sus familiares enfrentarán graves problemas para ingresar a los Estados Unidos para efectos de reunificación;
3) Miles de trabajadores inmigrantes se arriesgarán con mayor frecuencia a cruzar por las garitas con documentos falsos o escondidos en los vehículos, con los riesgos legales que ello acarrea en virtud de que el cruce “ilegal” en estas condiciones es considerado por los Estados Unidos como una “felonía” o delito grave (la eterna disyuntiva para los migrantes en el cruce, del riesgo legal o el riesgo a la vida);
4) Aquellos migrantes que insistan en el cruce por las montañas, desiertos, ríos y canales, expondrán aún más la vida por las inclemencias del tiempo y del terreno;
5) Mayor dependencia y abuso de los polleros y de los empleadores de trabajos temporales en las ciudades fronterizas;
6) Mayor concentración de inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades en la frontera norte de México, que a su vez provocará un incremento en la visión de criminalización de los migrantes y más violaciones a sus derechos humanos cometidas por policías de todas las corporaciones;
En general, la puesta en marcha de este nuevo proyecto colocará a los trabajadores indocumentados y a sus familiares en situación de mayor vulnerabilidad.
Es increíble que la paranoia terrorista de Bush y la inercia xenofóbica y racista de políticos y amplios sectores de la sociedad estadounidense se imponga al diálogo y la negociación, ante la imperiosa necesidad de nuestro vecino país de cubrir la demanda de mano de obra barata en el campo y la ciudad, importante bastión de la economía de esa nación. La ideología se impone a la economía y a la buena vecindad.
Por todo ello, es increíble que el gobierno mexicano, a través de la Cancillería y del Congreso de la Unión, no se haya manifestado en torno al proyecto en mención, al margen de que no se conocen reuniones de alto nivel para la negociación de la agenda migratoria. Como tampoco se conocen planes de contingencia para nuestra frontera norte ante la eventualidad de su puesta en marcha.
Peor aún, porque el gobierno de los Estados Unidos no aceptó en mayo pasado la visita oficial del Dr. Bustamante para verificar las condiciones de los migrantes en su frontera con México y en los Centros de Detención.
Sr. Felipe Calderón: El “Proyecto 29” no es ningún Cuento Chino.
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