Thursday, July 5, 2007

EL ANTIDOPING DE CALDERON

Profunda decepción me causaron las declaraciones de Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hombre probo, culto e inteligente, con una larga historia de lucha social, quien no se por qué artes avaló la propuesta del presidente Felipe Calderón de aplicar pruebas antidoping en las escuelas. Dice que la prueba “no viola garantías”, y en una frase digna de asombro tratándose de él, asegura que se debe aplicar “en todas las escuelas del país”.

Una declaración así la podemos esperar del clero, de empresarios, alcaldes, gobernadores, el procurador, el presidente, padres de familia desinformados y desesperados, diputados, regidores, etc., pero no de él.
La estrategia mediática de la propuesta presidencial, como buena medida populista y pragmática que es, va en la línea de convencer a la población de que, para echar a andar el programa, sólo basta la aprobación de los padres de familia, quedando los derechos y garantías de los menores en un segundo plano en aras de un fin superior. Y así seguramente se hará con otras medidas similares, como ya sucedió con la salida del Ejército de los cuarteles.
De manera específica, dejar la decisión de aplicar el antidoping y la revisión de las mochilas a los Consejos Escolares (padres, maestros y directivos), es tanto como responsabilizar únicamente a los padres de familia de las adicciones de los menores y del pandillerismo, y no a las fallas y deficiencias estructurales de las políticas sociales.

¿Qué va a pasar con los menores a los que se sorprenda con objetos prohibidos, droga y que sean adictos? ¿Se les dará de baja de la escuela y se les señalará para el escarnio de sus compañeros? ¿Se incorporarán a un programa especial? ¿Existen los recursos, la infraestructura médica, social, educativa, asistencial y jurídica para asesorar a los menores en su rehabilitación y a sus familiares? ¿Se atenderá el entorno familiar y comunitario de los niños? Si no está previsto todo esto, la medida suena a demagogia.
Me extraña de Rincón Gallardo, que con su experiencia y visión no haya entendido que apoyar el antidoping y la operación mochila que propone Calderón, entre otras, es exacerbar los temas de la pena de muerte, la cadena perpetua, la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública, los toques de queda contra menores, etc., que buscan la legitimación del régimen y de paso propician el “castigo a la pobreza”.
En el año 2002, en el municipio de Tecate, B.C., el cabildo aprobó el “Horario Restringido para Menores” que circulan por la vía pública después de las 10:30 de la noche, medida que aún continúa. Para su puesta en marcha, sólo bastó la aprobación de los padres de familia, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública y de los empresarios locales. No importaron las Recomendaciones que en su momento expidieron la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la CNDH al cabildo tecatense, que obvio no fueron aceptadas. La medida se aplica hoy también en Cd. Juárez, Chih. y, con un sentido más de disuasión que de castigo, en Mexicali, B.C.

La preocupación de la Red por los Derechos de la Infancia en México llegó a tal grado que envió a Tecate una Misión Civil para, junto con la PDH, convencer al alcalde priísta Juan Vargas y a los regidores de revertir la medida. Todo fue en vano. El alcalde estaba seguro de que los menores no son sujetos de derechos humanos, dada la tutela de los padres. ¡En serio!

En ese entonces, Juan Vargas llegó a la presidencia municipal de Tecate con 35 votos de diferencia, por lo que le urgía legitimarse. Y lo logró, en parte, a costa de los derechos de los menores. Hoy, la historia se repite en el ámbito federal, con distintas acciones pero con objetivos similares.

Héctor Melesio Cuen Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asegura que el antidoping para menores se aplicó hace ocho años en esa entidad, y no prosperó ante los cuestionamientos de que se vulneran los derechos de los estudiantes.

Coincido con el ombudsman capitalino Emilio Alvarez-Icaza, de que con la aplicación de estas medidas punitivas se criminaliza a las víctimas del narcotráfico y de la corrupción: los niños, rompiendo así los principios que garantizan el artículo 16 constitucional y el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño (“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni ataques ilegales a su honra y a su reputación”).

El ombudsman de Guanajuato, Manuel Vidaurri, rechazó la propuesta de Calderón y la calificó de inconveniente, desafortunada y poco atinada.

Quizá mejor habría que someter a consenso la aplicación del antidoping y la revisión de portafolios a los funcionarios públicos y a los empresarios.

Lo dicho: Las garantías y derechos no deben estar sujetos a consulta social, por lo menos, mientras en México no exista una Cultura de los Derechos Humanos, y que ello sea para mejorar.


Mexicali, B.C., julio del 2007

LEY ANTICHAPULIN: LEY BUMERANG, LEY ANTICONSTITUCIONAL

Mucho se habló de que las elecciones de Baja California se judicializarían este año; pocos nos imaginamos que esto sucedería en plena campaña. La causa, la llamada Ley Antichapulín, que consiste en una reforma a los artículos 18, 42 y 80 de la Constitución local, en julio del 2002, para evitar que quienes ocupen puestos de elección popular (local o federal) aspiren a otro similar sin terminar su gestión.

Los entonces diputados priístas locales Fernando Castro Trenti, hoy senador, y Enrique Acosta Fragoso, hoy candidato a diputado local plurinominal, en alegre concertacesión con el gobernador Elorduy apoyaron esta iniciativa para evitar la llegada a la gubernatura de sus enemigos panistas, sin vislimbrar el efecto que ello acarrearía, teniendo ahora como principal víctima al mismísimo Jorge Hank Rhon. Vueltas que da la vida. Irónicamente, el senador Castro Trenti es coordinador de su campaña.

Aplicando la receta, el Tribunal Electoral del Estado (TEPJBC) invalidó la candidatura de Hank y, plazo fatal, decreta su sustitución en un plazo de 10 días a partir del 22 de junio, dejando en crisis los tiempos para la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Analistas políticos aseguraban que la gubernatura de Baja California estaba amarrada para Hank desde las cúpulas, dada la imperiosa necesidad de Felipe Calderón de legitimarse y asegurar la gobernabilidad del país; que incluso se podrían entregar al PAN las alcaldías de Tijuana y Mexicali, hoy en poder del tricolor. Sólo habría que sortear las férreas resistencias del gobernador Elorduy (contrario a la corriente calderonista) y de las fuerzas panistas locales.

Pero hoy el panorama ha dado un giro. Felipe Calderón cree encontrarse en mejor posición para condicionar acuerdos con los avezados líderes priístas, e impulsar su “paquete fiscal” desde una correlación de fuerzas diferente a la de inicios del sexenio.

Felipe pasa a la ofensiva. Ahora, su carta fuerte es el “paquete penal”, por así decirle. Para negociar su reforma fiscal tiene en un puño a cuatro priístas antes intocables: los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruíz, por la investigación de que son objeto en la Suprema Corte de Justicia en virtud de graves violaciones a los derechos humanos que cometieron, que puede derivar en juicio político; la amenaza de extradición a los EUA del ex gobernador de Quintana Roo, el Chueco Mario Villanueva (que si “canta” se levantará más polvo que las cabalgatas del Llanero Solitario perseguido por los indios), y la posible ratificación de la revocación de la candidatura de Jorge Hank por el TEPJF. De ahí los tiene agarrados.

Sin embargo, para Hank no todo está perdido. Si sus sesudos abogados se ponen listos, podrían invocar ante el TEPJF los tratados internacionales para invalidar la anticonstitucional Ley Antichapulin.

Por un lado, el artículo 35, fracción II de nuestra Carta Magna, principio que al igual que los otros artículos recoge el espíritu del constituyente de 1857 y de 1917, dice: “Son prerrogativas del ciudadano: (…) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (…)”. No impone restricciones.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “Ley Suprema de toda la Unión” según el artículo 133 constitucional para los tratados internacionales ratificados por el Senado mexicano, en su articulo 25 dice que: “Todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos (…); b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Igual que nuestra Carta Magna, no impone restricciones.
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado también por México, habla en los mismos términos que el anterior, y en el artículo 23 fracción 2 le agrega el siguiente precepto: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades (…), exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Más claro ni el agua.

Por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de mayo de 1999, emitió la Tesis Jurisprudencial No. 192,867 cuya resolución señala que: “los tratados internacionales –como los antes señalados- se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal”; en un plano superior al derecho federal y el local.

Desde el estricto punto de vista de los derechos humanos, entonces la Ley Antichapulín, que es parte del “derecho local”, es contraria al Estado de Derecho. En otras palabras, la Constitución de Baja California nunca podrá estar por encima del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y menos de la Carta Magna. Si no, ¿qué sentido tendría que México se adhiera y sea Estado parte de los tratados internacionales?

Y para rematar, el párrafo final del artículo 133 de la Carta Magna dice: “Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Es así que la aplicación de la famosa Ley Antichapulín para Jorge Hank y otros candidatos por el TEPJBC, nos guste o no, conculca sus derechos políticos y rompe con el “principio de igualdad” señalado en la Carta Magna y en los tratados antes invocados.

En síntesis, si el TEPJF ratifica la resolución del TEPJBC negando la candidatura a Jorge Hank y demás, a vistas será una decisión eminentemente política, más no legal. Además, será un triunfo de Calderón… y de Elorduy

OPERATIVO TIJUANA: SERVIDOS, SRES. EMPRESARIOS

“Desde la perspectiva de los máximos responsables de la PGR en Baja California, el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix está desarticulado: Les hemos pegado en lo que más les duele y, por lo pronto, ya los expulsamos de la entidad. Los Arellano Félix podrán andar en otros estados, pero en Baja California ya no caben. Este dejó de ser su territorio. A la ciudad fronteriza venimos a poner orden y hemos avanzado, frenando a los jefes de la mafia. En Tijuana ya no hay pactos con la autoridad''.
La cita anterior corresponde a declaraciones hechas al periódico La Jornada por el entonces delegado de la PGR en Baja California, Luis Antonio Ibáñez Cornejo, en alusión al “Operativo Alacrán”, publicadas el 17 de junio de 1996.
Más de diez años después, la historia se repite: El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a través del Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció muy amablemente a los narcos el inicio del “Operativo Tijuana” inmediatamente después del “Operativo Michoacán”, con 3 mil 296 elementos de la PFP, la AFI, el Ejército y la Marina, con una avanzada de 300, que llegarían a Tijuana para combatirlos por “cielo, mar y tierra”. Todos ellos, bajo el mando del general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex jefe de inteligencia militar.

Es la militarización de la Seguridad Pública, tal y como la querían los empresarios; es la llegada de un mando militar único según el Punto de Acuerdo aprobado por la XVIII Legislatura de Baja California el 16 de noviembre de 2006, pasando por encima del mandato Constitucional respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas.

Resulta inverosímil que avisen que van a venir. Esto provoca el “efecto cucaracha”, la desbandada de narcos y narquillos a otras ciudades para asentarse ahí o esperar la salida de las fuerzas policíaco-militares. Al fin que no van a durar toda la vida.

El arribo del operativo federal demuestra la incompetencia y la desconfianza en los cuerpos policíacos estatales y municipales y en la Delegación de la PGR en Baja California. ¿No hubiera sido más efectivo, prudente y económico haber realizado, primero, una fina y secreta labor de inteligencia, acordando discrecionalidad absoluta con el Poder Judicial para girar las órdenes de cateo y aprehensión en contra de las “narcotienditas”, los negocios del lavado de dinero, los principales capos y las autoridades y policías cómplices? Para ello no necesitan a las Fuerzas Armadas.

Ahora, los tijuanenses tendrán que soportar revisiones, interrogatorios y abusos, justificado todo ello bajo el argumento del combate a la criminalidad y el narco. La cuerda se rompe por lo más débil.
El factor político.-
¿Por qué decidieron una acción espectacular, mediática y costosa de poca efectividad? El apoyo popular a la militarización de la Seguridad Pública facilita este tipo de operativos. Al mismo tiempo, se acallan las protestas y las críticas del sector empresarial y los medios de comunicación contra el gobierno federal.
Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con el bono democrático más bajo de los últimos años en México. De las 11 elecciones presidenciales este año en América Latina, Hugo Chávez (62.9 por ciento), Alvaro Uribe (62.4) y Luiz Inacio Lula da Silva (60.8) fueron los que mayor votación obtuvieron en los comicios registrados en Venezuela, Colombia y Brasil, respectivamente. Rafael Correa ganó la Presidencia ecuatoriana con 56.7 por ciento de los sufragios; el boliviano Evo Morales con 53.7 por ciento; la chilena Michelle Bachelet, 53.5; el peruano Alan García, 52.6; el hondureño Manuel Zavala, 49.9; el costarricense Oscar Arias, 40.9; el nicaragüense Daniel Ortega, 38.1 y, en el último sitio, Felipe Calderón, 35.7.
Por ello es evidente que, por ahora, el nuevo gobierno federal no esté atacando el origen de la criminalidad y el narcotráfico sino que, al igual que cada presidente entrante, intenta dar un golpe mediático más que efectivo para obtener legitimidad, sobre todo después de las cuestionadas elecciones del 2006. Hoy se escogió la “mano firme”. Aunque el “Operativo Tijuana” implique dar una bocanada de oxigeno a un acérrimo rival del panismo: Jorge Hank Rohn, presidente municipal de Tijuana, quien con esto ve beneficiadas sus aspiraciones a la gubernatura de la entidad.

La clase empresarial y la clase política de Baja California están de plácemes. El más entusiasmado de todos es el PRI porque el operativo diluye la responsabilidad de Hank Rohn en torno a la inseguridad. Cómo andarán las cosas que hasta el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Sánchez Corona, dijo que “la puesta en marcha del 'Operativo Tijuana' es positiva”, y espera que no sea causa de quejas.
Entre todo este mar de incompetencias, una voz coherente.-
En noviembre pasado el Congreso de la Unión emitió un exhorto al gobernador Eugenio Elorduy Walther y a Jorge Hank Rhon para que realicen las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal; se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en esta entidad fronteriza un programa de acción emergente, tendiente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio. Asimismo, para que informen a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso si han iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal –y en su caso en qué estado se encuentra– en contra de servidores públicos con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos (a la fecha se ignora si hubo respuesta).
Señala que la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California tiene como fines el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública; y que las autoridades encargadas de la función de seguridad pública quedan sujetos a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y otras leyes específicas, por lo que, al no cumplir estos preceptos, incurren en responsabilidad.
Destacando lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados federal considera de relevancia que tanto la autoridad estatal como la municipal en lo que corresponde a su competencia atiendan la problemática, dejando de especular con la llegada de un mando militar a Baja California y hagan frente a la ola de violencia que se ha desatado en fecha reciente.
El gobierno ya escuchó a los empresarios, al Consejo Estatal de Seguridad Pública, al Congreso de Baja California y a un desinformado y temeroso clamor popular. ¿Podrán ahora escuchar a la Cámara de Diputados federal, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y a los defensores de los derechos humanos?

El mensaje de Calderón en los medios ("es un gran honor comandar a una organización militar surgida del pueblo, identificada con el pueblo y consagrada al pueblo") y el aumento salarial y presupuestal a las Fuerzas Armadas, ¿significa que tenemos que vivir en la militarización? ¿Que la APPO es igual que el narco? ¿Quién sigue?

VOCES QUE CLAMAN LA MILITARIZACION

Ante la oleada de opiniones favorables a la intervención del Ejército mexicano en el combate al crimen organizado, podemos entender que la población, incluido el obispo de Tijuana don Rafael Romo Muñoz (con toda su ingenuidad, desconocimiento de la ley y buena fe), exijan la presencia del Ejército mexicano en las calles de nuestras ciudades, por temor, miedo, desesperación, angustia y enojo. Porque ya no son sólo “ajustes de cuentas” entre narcos; la ola criminal que azota el país toca ya al ciudadano común.

Podemos entender que los empresarios exijan la presencia del Ejército, porque ellos han tenido el mayor número de víctimas por asaltos y secuestros. Entendemos, más no justificamos, que los presidentes municipales de Tijuana, Mexicali y Tecate pidan la intervención del Ejército, dado que su capacidad ha sido rebasada. Pero lo que no podemos aceptar es que legisladores locales de Baja California demanden la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, porque ellos –se supone- conocen las leyes.

A decir verdad, las Fuerzas Armadas participan ya en tareas de combate al crimen organizado a través del Grupo de Coordinación, de las temibles Brigadas Operativas Mixtas y el operativo México Seguro (que de poco han servido), de la PFP que está compuesta en su mayoría por militares y en los puntos de revisión carretero; vigilan la frontera, hacen el mayor número de aseguramientos y decomisos de droga, dinero, armas, propiedades y capos, cargan con la labor de inteligencia, reciben adiestramiento especial, incluso en los Estados Unidos, ¿y?

¿Qué es lo que quieren, que haya soldados apostados en las esquinas, que en los hechos ya se da con la PFP? ¿En Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, DF, Guadalajara, Uruapan, Acapulco, Culiacán, etc? ¿De día y de noche? ¿Qué a diario circulen por las calles tanquetas militares? ¿Alcanzarán los soldados o hay que reclutar más y más? ¿Y los recursos para ello?

La constitucionalidad en la actuación de las Fuerzas Armadas

La presencia del Ejército en las calles debe obedecer al mandato constitucional, que hoy lo prohibe en México. A menos que cambiemos nuestra Carta Magna. El artículo 89 constitucional dice: “Las facultades y obligaciones del Presidente son: (…) VI. Preservar la seguridad nacional (…) y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interna y defensa exterior de la Federación”. Y el 129 constitucional es muy claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”. Hoy, en México, no hay una guerra declarada, interna o externa (aunque coloquialmente se le llame “guerra” al combate al narco), que justifique la actuación del Ejército fuera de los cuarteles.

De acuerdo a la letra y principios de la Constitución, las Fuerzas Armadas cumplen sólo la función de defensa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, por lo que están impedidas para realizar labores de Seguridad Pública, muy a pesar de la desafortunada y anticonstitucional Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, obedeciendo una consigna de Ernesto Zedillo, faculta al Presidente para echar mano del Ejército, señalando peligrosamente que “no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en el artículo 29 constitucional” (Tesis P./J. 37/2000 y P./J. 38/2000, de abril del año 2000).

La Seguridad Pública se refiere a la obligación del Estado de garantizar por las autoridades civiles, en tiempos de paz, el patrimonio, las garantías, la integridad física y la vida de los mexicanos. La lucha contra el crimen organizado no puede ser considerada asunto de Seguridad Nacional que obligue a la intervención del Ejército, a menos que el Presidente declare la suspensión de garantías, contemplada en el artículo 29 de la Carta Magna, debiendo solicitar primero la aprobación del Congreso de la Unión, y por un tiempo limitado, previa justificación.

La recomendación de la ONU a México

Las Naciones Unidas recomendaron a México en el 2003: “Excluir a los miembros de las fuerzas armadas de toda actividad relacionada con tareas de investigación y persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico; rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera que excluya la participación de las fuerzas armadas en tareas de prevención de delitos y procuración de justicia y, distinguir las tareas de defensa nacional con base en la definición de los conceptos de seguridad pública, seguridad interna, seguridad nacional y defensa nacional” (Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México).

El narcopoder

Dice Simón Vargas Aguilar (La Jornada, 23 de septiembre del 2002), que la influencia de la industria del narcotráfico, hoy, rebasa los asuntos vinculados al tráfico de drogas. Si antes el narco negociaba protección en una relación de subordinación frente a la autoridad, hoy es capaz de fijar reglas en temas económicos, sociales y políticos. Es evidente, dice, que las autoridades protegen a los narcotraficantes. Los cárteles sienten que tienen impunidad y que pueden hacer lo que quieran, lo mismo traficar que matar.

A partir de 1989, los cárteles dominantes de Cali y Medellín pagan a sus socios mexicanos con droga. Este hecho revolucionó la dinámica de operación de los narcotraficantes mexicanos. La necesidad de comercializar la droga los hizo crecer, y México pasó de ser un país de tráfico a uno de consumo. Hay, entonces, un nuevo esquema de lavado de dinero, invirtiendo en una gran cantidad de negocios; aparecen el narcomenudeo y la diversificación hacia otros delitos como el secuestro.

En los últimos años la estructura de la PGR se modificó, la participación de las Fuerzas Armadas se incrementó, se formó la Policía Federal y las Estatales Preventivas y los gobiernos estatales y municipales tienen hoy mayores funciones. Hay más cooperación e intercambio de información. Se han reformado las leyes, se creó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el resultado es mayor tráfico, más consumo, más penetración del narco en la economía y la política y más crímenes de policías, incluso, con lujo de crueldad.

Las Fuerzas Armadas y la memoria histórica

La cúpula empresarial de Baja California exigen hoy una sola policía, juntando a la AFI, la PFP, la Ministerial, la PEP y las municipales bajo un sólo mando militar, revolviendo labores de prevención con investigación y responsabilidades de los tres ordenes de gobierno. Esta confusión y mezcolanza sólo se puede entender debido a la desesperación y a la desinformación, incluso de abogados y ex legisladores como Antonio Cano Jiménez de Tijuana.

Hay pérdida de la memoria histórica, olvidando el pasado oscuro de América Latina respecto a las fuerzas armadas en las calles. Incorporar al Ejército en el combate al crimen es dar una salida pragmática a la grave situación de inseguridad sin atender el origen del conflicto, que en esencia es de dos tipos: la gran desigualdad social y la corrupción (plata o plomo).

Los demandantes no miden su exigencia, se quedan en la superficie sin importar el sacrificio de las garantías fundamentales que tanto han costado a la humanidad (guerras, muertos, torturados, desaparecidos, desterrados), con lo cual se sienta el precedente de un Estado incapaz y corrupto (ingobernabilidad); un Estado que, en lugar de dar una solución de fondo, deba ser sustituido por el Ejército, con lo cual se de un paso hacia atrás en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho y se avanza hacia el AUTORITARISMO con apoyo popular, como en la Alemania Nazi.

Política, movilización social y militarización

Si bien nuestro Ejército aún es querido y respetado, no podemos forzarlo a ejercer funciones de autoridad civil ya que no está preparado para ello, aunque en los hechos lo hace a bajo perfil (y a veces no tanto). Graves han sido los casos registrados de abusos a los derechos humanos y de corrupción por militares: 1968, la “Guerra Sucia”, Guerrero, Chiapas, etc. Las Fuerzas Armadas debieron haber aprendido la lección y no pueden caer otra vez en la riesgosa tentación de resolver la ineptitud de los políticos, dado que cargan con culpas por los excesos y errores de gobiernos pasados, y ahora más que nunca están sujetos a la observación de los mecanismos ratificados por México como la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No creo que la cúpula militar sea tan torpe como para adentrarse en otras aventuras que le pudiera acarrear graves consecuencias a costa, otra vez, de la incapacidad y las desviaciones de los gobernantes.

Felipe Calderón instaló la frase “combatir el terrorismo” tras los 3 bombazos ocurridos recientemente en el DF. Mal harían los militares, instigados por los empresarios y la clase política, en involucrarse también en acciones represivas contra los movimientos sociales bajo el supuesto de la “Seguridad Nacional”, dando el mismo tratamiento a ambos asuntos. Ni lo uno ni lo otro, el país ya no resiste.

En conclusión: ¿Se imagina usted la cantidad de dinero del narco que circula por las redes del Sistema Financiero nacional e internacional, y los intereses políticos, económicos y financieros que se juegan en ello? ¿Y eso lo queremos acabar con el Ejército en las calles? Por favor, los mexicanos no podemos ser tan ingenuos.